Opinion | 28 Ene Tras el primer Consejo de Ministros del año, celebrado el lunes, desde el Poder Ejecutivo, a través de dos ministros se salió al cruce de las críticas prácticamente unánimes en el sentido de que el aumento de tarifas dispuesto por el gobierno es un ajuste fiscal, que prioriza el recaudar para tratar de equilibrar las cuentas del Estado más que la ecuación económica de las empresas.
Luego de las protestas de productores, las críticas de “tarifazo” por el incremento de las tarifas de UTE, OSE y Antel, en conferencia de prensa la ministra de Industria, Carolina Cosse, admitió que la suba de la tarifa de UTE (9,85%) pudo ser menor pero así se fijó por el “compromiso” asumido con Rentas Generales. En el caso de OSE, en tanto, aclaró que el 82% de los clientes no tendrá aumento.
Asimismo, defendió los ajustes de UTE y el mantenimiento del precio de los combustibles pese a la fuerte caída del valor del petróleo y afirmó que si bien el organismo buscará trabajar en tarifas diferenciales, en esta oportunidad el ajuste se aplicará de manera pareja.
UTE es criticada por el fuerte ajuste al alza de sus tarifas en un contexto en el que hay alta hidraulicidad y parques eólicos en funcionamiento, pero sobre todo a partir de que desde el organismo se dijo hace pocos meses que estaba en condiciones de bajar el precio de las tarifas en un 16%, para encontrarnos a fin de año con que por planteo de Rentas Generales se subió un 10% ante necesidades fiscales.
Cosse se refirió a las críticas y admitió que el contexto que describió sumado a recortes en la gestión podría haber implicado una rebaja, pero dijo que otros indicadores pesaron en sentido contrario.
“La energía renovable ha permitido que el costo de abastecimiento de la demanda descienda un 10%. Esta disminución junto con la disminución de gastos de funcionamiento de la empresa --en un porcentaje no del 10% pero importante-- permitió que solo por temas estructurales se podrían haber abatido los precios. Pero lo que sucede es que los temas estructurales no son los únicos que hay que tener en cuenta a la hora de fijar las tarifas. Es necesario lograr un equilibrio e incorporar temas como el tipo de cambio, la inflación, los consejos de salarios y el índice de aumento del petróleo previsto de forma colateral y esto es lo que junto con el compromiso de la empresa con Rentas Generales ha llevado a aumentar 9,85% parejo para todos”, dijo, para acotar que lo mismo ocurrió con Ancap. Pese a la fuerte baja del petróleo, sostuvo que “no puede verse solo un componente”.
Estos elementos expuestos sin discriminación por incidencia de cada factor son por supuesto una explicación que deja gran espacio para la imaginación y la especulación, y no hace falta tener muchas luces para inferir que el elemento decisivo para ello ha sido las necesidades fiscales ante el fuerte déficit de las cuentas del Estado, superior al 3,6 por ciento del PBI, heredado del gobierno “del Pepe” Mujica.
Por su lado, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, dijo que el aumento de tarifas de OSE de 9,85% previsto para el sector comercial, industrial y gubernamental “no se aplicará de igual forma para el sector residencial” para el que, explicó, se instrumentó una política “diferenciada y escalonada a partir de consumos que superen los 15 metros cúbicos mensuales”, por lo que “según la información que nos da OSE, el 82% de los hogares de todo el país no sufrirá ningún incremento en la tarifa de agua”.
El decreto tarifario detalla que tanto los costos fijos como los variables hasta los 15 metros cúbicos de consumo de agua no presentan modificaciones. Sin embargo, según un gráfico publicado en la página de OSE, quienes consuman entre 15 y 20 m3 tendrán alzas de 12% y los costos seguirán aumentando escalonadamente hasta llegar a que quienes consuman más de 50 m3 tendrán un suba superior a 18% en las tarifas. Por lo tanto, cada ciudadano solo podrá saber cuál es su suerte cuando le llegue la factura a fin de mes.
Por lo pronto, esta salida tardía de los ministros a “explicar” los incrementos no hace más que demostrar el nerviosismo del gobierno por el desbarajuste económico en que se encuentra, a solo meses de haber proclamado públicamente y a los cuatro vientos que no iba a haber ajuste fiscal, no se iban a modificar los impuestos --otra mentira preelectoral, puesto que ya se incrementó el Imeba, por ejemplo--, y que todo estaba bajo control. Al parecer, o el “Pepe” no tenía idea de dónde estaba parado, o nos embaucó a todos los uruguayos.
Es así que ahora, incluso la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), afín al gobierno, sostiene que el ajuste de tarifas implementado a partir de este mes evidencia el “afán recaudatorio que no es ajeno al alto nivel de déficit fiscal”. Según los funcionarios públicos, “esto es aún más grave en el caso de UTE cuando han bajado sustancialmente los costos de la producción de energía eléctrica; ni qué hablar de los aumentos periódicos de Ancap cuando el precio del petróleo ha bajado en forma sustancial”.
Pero por más que se pretenda dorar la píldora, los hechos son los hechos, y cuando son tan contundentes, ni siquiera las populistas reflexiones de boliche alcanzan para cambiar el humor de los “nabos de siempre”, que seguimos pagando desaguisados ajenos.