Opinion | 30 Ene La ronda salarial que se desarrolla en los Consejos de Salarios, que es un ámbito tripartito ante la participación de la representación sindical, las empresas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, presenta un perfil distinto al que se ha planteado en otras oportunidades, y responde a un cambio de postura en el gobierno respecto a las prioridades a tenerse en cuenta, ante la coyuntura económica.
Así, una pauta de ajuste salarial más moderada en línea con el enfriamiento de la economía, que priorizó el mantenimiento del empleo --y contó con el rechazo desde el inicio del Pit Cnt-- ha pasado a ser la constante y por primera vez se mantiene una línea de acuerdo entre empresarios y gobierno en el primer tramo de la sexta ronda de negociación, iniciada durante la administración del presidente Tabaré Vázquez.
Es así que la primera etapa negociadora evidenció que hubo más coincidencias entre el Ejecutivo y los patrones que con los trabajadores, y según El Observador, los datos de las primeras 50 mesas de negociación de las 64 que se abrieron en julio, de acuerdo a los datos que presentó en conferencia de prensa el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, de los 64 subgrupos del sector privado que iniciaron la negociación el pasado semestre, en 32 se alcanzó un acuerdo tripartito (MTSS, empresarios y trabajadores) y en nueve casos se llegó a un pacto con votos del sector empleador y el gobierno.
Además, se sellaron siete convenios bipartitos (empresarios y trabajadores), cinco de los cuales fueron avalados por el Ejecutivo, mientras que en dos dejó constancia de su voto contrario. No se registró ningún caso donde el Ejecutivo votara con los sindicatos y hubo dos mesas donde el Ministerio de Trabajo se vio obligado a decretar los aumentos de salario sin convenio colectivo.
Si bien en el Poder Ejecutivo no se explicó cuál es el motivo para el cambio de las pautas en cuanto a la participación del Estado en favor de una de las partes que dirimen la negociación salarial, esta negociación indica que en el gobierno se ha asumido que en una coyuntura económica que se ha venido deteriorando, el seguir sancionando pautas salariales por encima de la inflación, seguirá corroyendo la rentabilidad de las empresas y por lo tanto condicionaría seriamente el mantener los actuales niveles de empleo, que ya están en baja.
Es decir que se considera que moderar las alzas salariales se podría mitigar el impacto en los costos que sufren las empresas y eventualmente se podría evitar que se destruyan más empleos.
Es una postura sensata, pero posiblemente tardía, a juzgar por los resultados y el cierre y achicamiento de empresas, porque durante mucho tiempo se dejó que primara la presión sindical por sobre la cordura, y ya se están viendo las consecuencias en desempleo y números en rojo en varios sectores de la economía seriamente comprometidos.