Opinion | 26 Ene Hace pocas horas el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, sorprendió en un análisis formulado en declaraciones a El País al evaluar que como se genera una “inequidad” entre los funcionarios de una misma oficina cuando unos trabajan seis horas y otros tienen que quedarse dos horas más, se “revisará” la obligatoriedad de cumplir las ocho horas que se hizo obligatoria en la administración de José Mujica con la aprobación del Estatuto de los Funcionarios Públicos. Como la norma rige solo para los nuevos contratos, quienes ya estaban en la función pública siguen trabajando solo 6 horas diarias.
Es decir que como hay quienes gozan dentro del Estado del beneficio adicional de trabajar horarios reducidos, para evitar iniquidades debe irse a la gran “solución” del burócrata, de hacer que todos trabajen menos.
Seguramente la reflexión mayoritaria del ciudadano común se refleja en comentarios del economista Isaac Alfie, quien se expresó a través de su cuenta de Twitter y dijo: “Digan por favor que es un chiste veraniego. Si no lo es, ¿no alcanzó con la experiencia del propio (Tabaré) Vázquez en la Intendencia de Montevideo?”
La referencia apunta a que cuando fue electo intendente de Montevideo por el período 1990-1995, Vázquez redujo la jornada laboral a seis horas a los funcionarios municipales, lo que fue muy festejado por el sindicato y los trabajadores. Sin embargo eso no garantizó la “paz” laboral y en cambio lo que se logró fue mayores costos para la Intendencia con menos y peores servicios, que termina pagando --aún hoy-- la población montevideana.
El economista Gabriel Oddone se sumó a las críticas y planteó también en la red social: “Un dislate: el fondo, la oportunidad, la forma”. En cuanto a la forma se refirió a que “parece ser informados por un funcionario de gobierno sin rango ministerial; ¿está coordinado con todo el Poder Ejecutivo?”
Por su lado Aldo Lema, también economista, indicó que de concretarse la reducción de la carga horaria se daría una “aumento implícito de salario real para ciertos funcionarios, no necesariamente compensado con alza de productividad” y el economista Javier De Haedo sostuvo por su parte que la medida generaría “riesgo de impacto en pasividades por aumento de salario efectivo por hora”.
Pero sobre todo es una burla para centenares de miles de uruguayos que en la actividad privada dedican día a día cada vez más horas a procurar ingresos para sostener su hogar, muchas veces con multiplicidad de empleos y actividades, sin gozar de inamovilidad y remuneraciones decorosas como el funcionario estatal y con el riesgo de que en los avatares de la economía, de un día para otro pueda quedarse sin su fuente de empleo.