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Paysandú, Martes 02 de Febrero de 2016

Municipio de Guichón presentó recurso y sostiene que la resolución del Intendente fue “un acto arbitrario”

Locales | 30 Ene En la mañana de ayer, a las 11.30, la alcaldesa de Guichón, Lourdes Suárez, acompañada por los concejales David Helguera, Gustavo Márquez y Marcelo Cravea, así como por ediles departamentales de la bancada del Partido Nacional y por el abogado Guillermo Romero, presentó en la oficina de Secretaría un recurso administrativo que incluye la solicitud de suspensión de la decisión del intendente Guillermo Caraballo, expresada en su Resolución 0120 del presente año.
Posteriormente, al hablar con la prensa sanducera al borde de la escalinata del Palacio Municipal, confirmó que “tal como nos habilita la Constitución de la República presentamos un recurso administrativo ante el Intendente para revocar la Resolución emitida por la cual Termas de Almirón pasa a Paysandú. La presenta el Concejo Municipal de Guichón, los concejales colorados y blancos porque la banca del Frente Amplio quedó libre, pidió licencia toda la bancada. También contamos con el apoyo de ediles departamentales”.
“El concejal del Frente Amplio”, agregó, “fue a la primera reunión donde se trató el tema y estuvo de acuerdo, pero después pasaron otras cosas y no hubo más participación. Es claro que el concejal está en Guichón, porque sigue su programa de radio. Ha sido llamado y están registradas todas las llamadas y los mensajes. El que no se presente demuestra su falta de preocupación o su acuerdo con el gobierno departamental”.
Aseguró que “este es un inicio para que revoque esta resolución que creemos totalmente injusta y un atropello a nuestro municipio. El intendente tiene 120 días y posteriormente quedará la vía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.
A su lado, el abogado Guillermo Romero aseguró que el recurso fue presentado porque “en primer lugar hay un principio de jurisdicción; el intendente viola flagrantemente lo establecido y el recurso plantea eso. Apelamos al sentido común para que el intendente revea la situación, pero a veces es el menos común de los sentidos. Esperamos que recapacite y tome la decisión de volver las cosas al momento que se encontraban antes de la resolución”.
La alcaldesa aseguró que, tal como lo han venido pidiendo actores políticos, está dispuesta al diálogo con el intendente. “Estamos de acuerdo, incluso el sindicato (Adeyom) lo planteó al intendente, pero no hemos tenido respuesta. Inclusive la Resolución nos llamó poderosamente la atención porque no tuvo diálogo ni con la alcaldesa ni con el concejo. Fuimos elegidos por la gente, por el voto de la ciudadanía. Pasó por encima del concejo y lejos del diálogo”.
Destacó que espera que Guillermo Caraballo “revea esto; esperamos que no sea una Resolución que la haya tomando en caliente, porque como intendente no debería hacerlo así. Por su investidura esperamos que revea el caso y no tengamos que seguir esto por otras vías que la jurisprudencia nos proporciona. Pero, eso sí, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque es lo que el pueblo de Guichón nos está pidiendo” .
Por otra parte, Suárez denunció que “en Termas de Almirón días atrás faltó el agua potable durante 12 o 14 horas. Hay un problema con la bomba que bombea el agua y además nuevamente pusieron una persona que no corresponde a cargo de la potabilizadora. Me llama mucho la atención que un director de la Intendencia declara que fue a termas porque las aguas estaban turbias”.
Y agregó que “si dijeron que la foto que publiqué les hizo tanto daño a las termas, la información que el encargado nuevo dio a EL TELEGRAFO deja mucho que desear”, aludiendo a una entrevista realizada a Fernando Ilharreguy, el encargado puesto por el intendente, donde denunció una extensa serie de irregularidades constatadas cuando asumió en noviembre pasado.

“NO POSEE LA JERARQUÍA
PARA MODIFICAR ELMARCO JURÍDICO VIGENTE”
Patrocinado por el abogado Guillermo Romero, el Concejo Municipal de Guichón presentó ayer a las 11.30, en la Oficina de Secretaría, en el subsuelo del Palacio Municipal, un recurso administrativo que incluye la solicitud de suspensión de la decisión del intendente Guillermo Caraballo, expresada en su resolución 0120 del presente año.
La presentación de este primer recurso jurídico había sido decidida en la sesión del 22 de enero, con los votos de los concejales Lourdes Suárez Fajar, David Helguera, Gustavo Márquez y Marcelo Cravea. Faltó en la ocasión el concejal del Frente Amplio Alfredo García y sus suplentes, todos de licencia.
El documento de unas veinte páginas pide que “se disponga sin más trámite la suspensión total de la ejecución del acto, a fin de cautelar el interés general y respeto del marco jurídico vigente, ya que de lo contrario se continuaría efectivizando las resultancias de un acto impugnado sustancialmente por razones de legalidad, evitando así generar mayores perjuicios”. Para eso, se debe proceder a “revocar la Resolución Nº 120/2016 de 13.01.2016, disponiendo el retorno de la situación a su estado original”.
Subraya la pieza jurídica que “el acto administrativo dictado por el Sr. Intendente no posee la jerarquía necesaria para modificar el marco jurídico vigente”, en la medida que “la delimitación y creación de los municipios emerge de normas legales, respecto de las cuales el acto administrativo recurrido no posee la eficacia formal para modificar y mucho menos derogar. Por lo tanto, la resolución impugnada no es inválida por carecer de una norma atributiva de competencia, sino que a su vez desde el punto de vista del principio de jerarquía de las normas, no posee el valor jurídico requerido para innovar en el orden jurídico de referencia”.
El Municipio de Guichón entiende que “en forma irregular, se ha incurrido en decisiones desatinadas, que guiadas por el centralismo concurren a denostar la gestión municipal, perdiendo de vista que por encima de las autoridades emerge la institucionalidad política, que por el interés de sus ciudadanos ha determinado la existencia de un gobierno local legalmente constituido y electo, por expreso designio de quienes habitan su territorio, como lo son los vecinos de la localidad de Almirón (Decreto Departamental de Paysandú N°2803/96)”, que estableció como zona urbana al centro poblado de Almirón.
“No es descabellado concluir que se ha despojado a los vecinos de Almirón de la institucionalidad generada en su propio su terruño, omitiendo ponderar que el Municipio comprende un sistema de división territorial conformado por un interés social común. A partir del día 13 de enero de 2016 hemos asistido a una situación que lejos de operar en pro de la descentralización como principio organizativo, supone asestar un tiro de gracia al régimen de los Municipios creado a partir del año 2010”, agrega el escrito presentado.
“En función de lo explicitado resulta evidente que estamos frente a un acto arbitrario que no redundará en beneficio de los vecinos, y que en su caso supondrá tornar inaplicables aquellas disposiciones que necesariamente deben procesarse a nivel local, generando en forma escalonada un cúmulo de irregularidades imputables exclusivamente a la Administración Departamental”, subraya el Municipio de Guichón.
“La actuación cumplida por el Intendente Departamental lesiona la competencia, la autonomía local y desconoce la institucionalidad del Municipio de Guichón. La decisión adoptada –en nuestra humilde opinión– no encuentra amparo en el régimen legal vigente, desconociendo en forma ilógica la descentralización instaurada por las leyes de creación y funcionamiento de los Municipios, que resultan refrendados por los propios decretos con fuerza de Ley sancionados por la Junta Departamental de Paysandú”, se agrega.
“En definitiva”, se sostiene en otra parte, “el presente accionamiento procura la revocación del acto impugnado, poniendo de manifiesto las flagrantes irregularidades en la que ha incurrido el ejecutivo departamental, señalando enfáticamente que la decisión objetada quebranta el marco jurídico nacional y departamental, teniendo por efecto no sólo sustraer de la jurisdicción del Municipio de Guichón la administración del Centro Termal de Almirón, sino que además implica desconocer la dimensión socio-cultural y política que da base a la conformación de Almirón como centro poblado”.

“ABSOLUTAMENTE TRANQUILO”
Por su parte, el intendente Guillermo Caraballo dijo que se trata de “un recurso como tantos. Las decisiones del intendente tienen la posibilidad de ser recurridas administrativamente. La recibiremos, la evaluaremos y decidiremos en el tiempo que tenemos, que es bastante. Y si confirmáramos la decisión, los que interponen el recurso podrán recurrir a la vía judicial del TCA”.
Aseguró sentirse “absolutamente tranquilo” porque “el doctor (Federico) Álvarez Petraglia le puso la tapa al tema. Ahora no se encuentran actores locales hablando hoy de ilegalidad. Vienen políticos a Paysandú que hoy se preocupan. La política da para todo. Están preocupados ellos, pero a nivel local nadie habla de ilegalidad, porque salieron varios a hablar, pero luego Álvarez Petraglia salió (en EL TELEGRAFO), puso la tapa y nadie más ha seguido con eso de la ilegalidad”.


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