Opinion | 30 Ene El dato de que el 80 por ciento de las ramas de la industria de nuestro país se encuentra hoy en franca caída no puede sorprender a nadie que más o menos siga de cerca la realidad uruguaya, desde su respectivo entorno y ángulo de actividad, y mucho menos puede considerarse que el gobierno esté sorprendido por esta realidad, por cuanto las señales inequívocas de la tendencia se vienen dando desde hace varios años. Pero la inacción, el voluntarismo y el ingrediente de un año electoral en el medio han sido parte de un escenario en degradación, muy complejo y muy acotado en la posibilidad de respuestas contundentes en el corto plazo.
La situación del sector es analizada por el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Washingotn Corallo, en entrevista concedida a El País, quien reflexionó que con el 80% de las ramas de la industria que hoy está en caída no ve por ahora la luz al final del túnel para el sector manufacturero, al tiempo que su aspiración es que en este año no haya una contracción adicional y más pérdidas de empleos.
Claro, no es un tema fácil en un mundo globalizado en el que la competencia es feroz y se necesita competir en costos y calidad, volumen y disponibilidad de medios para tener el stock en el momento apropiado, entre otros componentes que se agregan a la necesidad de una logística aceitada.
Pero para empezar, el empresario considera fundamental que se reduzcan ya los costos internos y cuestionó el alza tarifaria de UTE, en tanto trajo a colación que el gobierno mal puede pedirle a los industriales congelamiento de precios en la medida en que incrementó las tarifas y hay salarios que siguen subiendo, porque es imposible seguir tirando de la cuerda cuando la rentabilidad es mínima o directamente no existe.
Bueno, este es el Uruguay de hoy en el sector, solo que no puede decirse que asomamos a este panorama por generación espontánea, sino que evidentemente desde el gobierno se visualizaba hace ya por lo menos tres años.
Hoy nos encontramos con que mientras el deterioro se manifestaba a ojos vistas, el gobierno seguía gastando alegremente y optó por no pagar los costos políticos de asumir las responsabilidades de generar condiciones para que el sector privado impulsara el motor de la economía con un Estado menos pesado.
Corallo analizó sobre la evolución de la industria que “en 2012 se empezaron a ver los primeros signos de debilitamiento. Esos signos de debilitamiento de la actividad industrial, tanto de las manufacturas que son de origen agropecuario como de las manufacturas de origen industrial, empezaron a partir de una pequeña pérdida de empleo que se fue acentuando en 2014. En ese año francamente entramos en meseta. En 2015 experimentamos caídas. En 2012 del 100% de sectores que analizamos, 36 o 38% estaban creciendo, 30% estaban estables y después había un 28 o 26% que venían presentando dificultades, cosa que es normal, porque en la economía siempre hay gente a la que le va bien y gente a la que le va regular o mal. El problema es que hoy prácticamente el 80% de las ramas, ya sea para mercado interno o exportación, están en caída. La capacidad instalada de la industria estaba en 69% de aprovechamiento y hoy estamos en 64%. Las horas trabajadas también cayeron. Se perdieron en este año cerca de 12.000 puestos de trabajo. No quiere decir que esa gente no consiga trabajo pero es gente que fue preparada para desarrollar una actividad industrial. De repente termina en una actividad que no es la que le correspondía, con un salario menor. Y lo peor es que no hay ninguna perspectiva de que el 2016 sea mejor”.
En cuanto al futuro inmediato, evaluó el industrial que “nuestros principales clientes de las manufacturas de origen industrial son Brasil y Argentina. Ya sabemos los problemas que tiene Brasil, está comprando muy poco en Uruguay. Con una devaluación o un deslizamiento del tipo de cambio que ha llevado a 4,06 reales, a los exportadores uruguayos se les hace más difícil acceder a ese mercado. Argentina está con problemas pero puede, a partir del segundo semestre, darnos alguna alegría”, aunque reconoció que se están dando los primeros efectos de la apertura argentina.
“Ya hay gente que ha ido con muestras, ya hay gente que está con pedidos. Argentina cambió y adoptó el Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones. Las licencias automáticas tienen un plazo, entiendo que es de diez días, y las licencias que podrían ser no automáticas tienen un plazo de 20 días. Salvo en aquellos productos que Argentina declaró esenciales, como pueden ser los textiles o juguetes o algún otro sector, está yendo hacia una liberalización, lo cual está haciendo que ya haya muchos industriales que están comenzando a ir allí y están empezando a tener solicitudes de precios. En este escenario nosotros preferimos que el tipo de cambio esté a 13 o 14 en Argentina pero que el industrial uruguayo tenga la chance de ir y vender. Brasil va a estar complicado. Tenemos una Venezuela que era un comprador importante de manufacturas de origen industrial o alimenticios y hoy no solo no está comprando, sino que además está generando problemas a las empresas y al gobierno”, reflexionó el empresario.
Pero es impensable que sigamos muriendo siempre en los mercados de la región, compartiendo avatares e inestabilidad, y mientras por otro lado Estados Unidos mantiene una corriente compradora aceptable, Europa está complicada y Rusia, que era una buena compradora, también tuvo una devaluación y problemas internos, en tanto China es una incógnita y tiene dificultades.
Según Corallo, “entendíamos que si el gobierno no hubiera hecho ese aumento de UTE en ese porcentaje, o lo hubiera hecho por debajo de la inflación, de a poco se iba desindexando la economía y se iba recuperando la competitividad”.
Pero esta es solo una parte de la ecuación, y lo importante, lo que realmente permite hacer la diferencia es que los costos internos que se manejan en el país se acompasen a los costos internos que están teniendo otros países.
Esta nivelación no podrá darse mientras se mantenga este sobrepeso del Estado, con este déficit fiscal y los costos de servicios públicos, la carga tributaria y la energía.