Rurales | 04 Feb Reunidos en la sede del Instituto Nacional de la Leche (Inale), las gremiales lecheras solicitaron al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, para que interceda ante el gobierno para que el Estado pague a las industrias lo adeudado por Venezuela y que luego “entre gobierno y gobierno gestionen ese cobro”, dijo a EL TELEGRAFO el ingeniero agrónomo Roberto Ceriani.
El presidente de la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza (Aplpe) participó de la reunión y señaló que “de acuerdo a lo manifestado por los integrantes del ministerio –también participó el subsecretario Enzo Benech–, aparentemente se estaría pagando en estos días lo que falta o U$S 50 millones”.
Precisó que el doctor Sergio Filgueira fue quien realizó la propuesta de “que desde el Estado se cubra la deuda de Venezuela y que luego el Estado se la cobre a ese país. El ministro dijo que tiene que procesarla a través del gobierno y se conocerá la respuesta en los próximos días”.
Los cerca de 90 millones de dólares que Venezuela adeuda corresponden a las colocaciones de leche en polvo y quesos acordadas en el negocio concretado entre ambos gobiernos en julio de 2015 y a una deuda anterior del país caribeño con Conaprole.

PARA ADELANTE
Ceriani entiende que el problema “es cómo seguimos para adelante”. Comentó que Aguerre “manejó la posibilidad de solicitarle a UTE una tarifa plana para los lecheros, pero evidentemente estas reducciones de costos no alcanzan para mantener el sector. La idea es conseguir un fideicomiso o un inversor, entendiéndose que en un sector que no tiene una salida clara será difícil conseguir un inversor que este dispuesto a poner una importante suma de dinero”.
Para el dirigente gremial se trató de “una reunión interesante e informativa, iniciada con una exposición del equipo técnico del Inale, en donde se efectuó un relevamiento de los costos promedios de los productores lecheros, divididos por estratos, en cuanto a energía eléctrica, combustible, e incluso los costos de las rentas que pagan los tamberos, y en donde se propusieron algunas alternativas de reducción de costo y se demostró que hay una cierta generación de ahorro, pero no es lo que soluciona la situación”.
Comentó que se hizo una descripción promedio por estratos. “Si la leche se mantuviera a $ 8, que es lo que está pagando promedialmente Conaprole, en los próximos seis meses se perderían U$S 7 millones. Si tuviera que bajarse a $ 6, como ya hay algunas industrias que pagan eso, e incluso menos, como el caso de Lactalis y PILI, en los próximos seis meses se perderían entre todo el conglomerado lácteo $ 75 millones”, dijo.
Además de visualizarse “pocos cambios”, agregó que en el remate de Fonterra del pasado martes los precios continuaron a la baja, por lo que el panorama en el corto plazo “sigue siendo incambiado, y quizás con alguna flecha hacia abajo”.
Desde el gobierno se descartó que se pueda otorgar un subsidio equivalente U$S 80 millones, cifra que podrían perder los productores en los próximos seis meses en caso que el precio de la leche descienda otros $ 2 por litro.
El jerarca destacó que hay que buscar medidas por el lado de la reducción de tarifas públicas e impuestos y el fideicomiso lechero que él mismo impulsó. El secretario de Estado recibió además un documento que contiene una media docena de propuestas que las gremiales entienden deberían contemplarse para que el sector supere el escenario de crisis.
Quedó en analizar cada una de las iniciativas, pero precisó que el actual escenario internacional, con precios que cayeron 50% en 14 meses, es estructural. Los planteos contenidos en ese documento son un consenso de propuestas que originalmente habían diseñado la Intergremial de Productores de Leche (IPL) y la ANPL.
Entre otros puntos, el documento entregado a Aguerre incluye la exoneración del pago a la UTE de los primeros 500 kilowatt, lo que se entiende beneficiará sobre todo a los pequeños tamberos, y podría representar en seis meses unos $ 1.200 millones (U$S 38 millones). En el caso de la rebaja del Imeba –se planteó que pase de 1,1% a 0,1%– representaría una renuncia fiscal de U$S 3 millones por año. También se planteó aumentar la devolución del IVA por el pago del gasoil. La buena noticia del encuentro fue que el presidente de la comisión del fideicomiso lechero, Adrián Tambler, confirmó que en la última semana de este mes estará disponible la segunda partida del Fondo Lechero, que sería de unos U$S 40 millones destinados a la asistencia del sector.