Locales | 05 Feb En situación de “devastación administrativa” encontró a la Intendencia Departamental de Paysandú la auditoría externa parcial encargada por la Administración Caraballo para determinar “el estado de situación” al recibir el gobierno departamental. La investigación “constata nuestra sospecha original en cuanto a la situación administrativa que recibimos”, dijo el intendente Guillermo Caraballo al dar a conocer detalles primarios del informe de resultado de la auditoría externa.
Junto al intendente se encontraban el secretario general Mario Díaz, los directores generales de Administración, Gastón Núñez, de Promoción y Desarrollo, Margarita Heinzen, de Obras, Gonzalo de Lima y de Servicios (en ejercicio) Eduardo Américo; los subdirectores generales de Promoción y Desarrollo María José Manisse y de Obras, Marcelo Romero; la directora de Descentralización, Liliana Geninazza; el encargado de Auditoría Letrada, Federico Álvarez Petraglia; y la coordinadora de Promoción Social, Perla Campbell.
Caraballo dijo que su Administración era consciente al momento de convocar la auditoría externa que “el trabajo debía ser hecho por empresas independientes, alejadas de todo tinte partidario y con ciertos criterios rigurosamente científicos”.
Como resultas de “una primera lectura” se decidió dar “pase a la justicia penal” de “presuntas irregularidades” en la Unidad de Presupuesto Participativo (PP), relacionadas con proyectos otorgados a CAIF “que presentaban facturas por presuntas obras que nunca realizaron pero que cobraron las partidas”, dijo Álvarez Petraglia. La denuncia podría encontrar responsabilidades tanto en quien fue el titular del PP -Roque Jesús, actualmente edil departamental- como en los propios CAIF.
Asimismo “se están activando algunas investigaciones administrativas, para avanzar en el estudio de los casos puestos al descubierto que pueden culminar con la determinación de responsabilidades funcionales”, agregó Núñez.
A una consulta de EL TELEGRAFO, el intendente Caraballo aseguró --además-- que “si me pregunta si esta devastación administrativa que encontramos tiene un responsable, por supuesto: es el intendente” (de la administración anterior) Bertil Bentos.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
En el Departamento de Administración, la auditoría interna se desarrolló en Movilidad Urbana de la Dirección de Tránsito. En resumen, se encontró que se entregaron Licencias de Conducir sin cumplir con uno o más trámites: Carné de Salud, Certificado de Buena Conducta, Recibos de Pago y Denuncias de Extravío, Curso de Manejo Defensivo, Constancia de Voto.
En Automotores, se realizaron empadronamientos de manera irregular sin la Constancia de Domicilio, el Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), Certificados de Aduana, Carta de Empadronamientoe Inspección Técnica. Se constató la falta de uno o más documentos. En Reempadronamientos se encontró que se realizaron sin constancia de Documento de Identidad, Inspección Técnica, Constancia de Domicilio, Recibo de Patente al día.
En lo que refiere a Multas, se verificó la presencia de multas dejadas sin efecto por personal de administración, con y sin resolución del superior con competencia, que no fueron ingresadas en el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) ni tienen resolución formal de la Dirección de Tránsito. Se detectó por muestreo que más del 40% de las multas no tienen verificación del Sucive y más del 60% de las multas tienen defectos graves y enmiendas en la integridad del acta de sanción.
Se verificó también en Incautaciones y Restituciones que en más del 70% de los casos hay defectos graves y enmiendas en el acta de incautación y no existe el acta de comprobación de la infracción.
Como “dato extremadamente preocupante”, la desaparición de expedientes “cuya mutilación o destrucción está penada por ley y de los cuales se desconoce si se sustrajeron o se destruyeron, hecho que conjuntamente con las gravísimas irregularidades constatadas ameritaría formular la respectiva denuncia penal a efectos de investigar los hechos”, destaca el informe preliminar de la auditoría.

DEPARTAMENTO DE OBRAS
En el Departamento de Obras se auditaron dos obras, Bacheo de la Ciudad de Paysandú y Sobretecho del Estadio Artigas. “En relación a las obras auditadas, se verificó en el pliego de licitación un formato extremadamente vago y falto de precisión, que motivó incluso una gran disparidad entre los precios ofertados por las empresas oferentes”.
Textualmente, el informe final de la auditoría establece: “No se considera que ante un llamado a presentación de ofertas se deje abierto un rubro al criterio discrecional de la administración, más aun cuando de dicho rubro dependerán los costos a ofertar por los interesados. En la presentación de las propuestas se debió aclarar si el costo presupuestado por cada empresa era con o sin los suministros de materiales para el rubro 4. El procedimiento tal como quedó establecido pudo generar diferencias de precios entre los ofertantes para ese rubro según entendieran si los referidos materiales serían de su costo o se los proporcionaría la IdP”.
También se destacó que “en esta repartición fue donde se tomó particularmente difícil la auditoría, ante la ausencia de documentación que reflejara en forma clara y transparente el proceso de la obra y los cambios operados en torno al objeto original de la licitación, lo cual impide analizar objetivamente si la administración se vio o no perjudicada en esta importante inversión”.

TERMAS DE GUAVIYÚ
En el Departamento de Servicios, la auditoría interna se realizó en Termas de Guaviyú; no se realizó en Termas de Almirón porque entonces estaban bajo la administración del Municipio de Guichón. “Durante el período analizado -dos años- no existe evidencia de arqueos de caja así como no existe control de ingresos de personas al predio o de autorizaciones de bonificaciones y descuentos”.
Asimismo, “se constató que los ingresos contabilizados difieren de los registrados en los libros auxiliares de control, lo cual se debe a que existe un desfasaje en la registración entre la IdP y el centro termal ya que no hay registro en tiempo real, lo cual se evidenció en el faltante de 200.000 pesos que constató el nuevo gobierno cuando asumió”.
También se destaca que “no se encontraron los ingresos por canon (25.000 dólares) de la licitación de la gestión de moteles” y “se constató un gran faltante de información en relación a los pagos y contratos de los locales comerciales así como locales con contratos no vigentes”.
En lo que tiene que ver con la venta de terrenos, en la correspondiente a 2010 “no se encontró registro contable de la cobranza de los terrenos vendidos en termas ni se obtuvo el estado de cuenta bancario, por lo que no hay identificación de depósito de cobranza”. Tampoco “se encontraron copias de los contratos de compra-venta de los terrenos, así como de las presentaciones de los proyectos de construcción a los cuales estaban obligados los compradores”.
Y en lo referido a los vendidos en 2013, “no se encontró copias de los contratos de compra-venta de los terrenos así como de las presentaciones de los proyectos de construcción a los cuales estaban obligados los compradores”.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
“En algunos casos las tasas de incumplimiento son tan escandalosas que puede inferirse la ausencia total del control que debió aplicarse. El nivel de no cumplimiento de los requisitos está por encima del 90% de la muestra en monitoreo de la Unidad de Presupuesto Participativo, informes del beneficiario, inspección de cierre e informe final del beneficiario”, destaca el informe. Agrega que “se otorgaron partidas a beneficiarios que no representan a una institución o agrupación de vecinos lo que deriva en un desvío de fondos adjudicados con fines sociales”.

CANASTAS
En el Departamento de Servicios, la auditoría se concentró en la Dirección de Promoción Social. En el caso de las Canastas de Emergencia “se constató un nivel de incumplimiento flagrante que roza el 90% de los casos de la documentación a presentar por el beneficiario. Asimismo se constató una grave violación del periodo de vigencia de la canasta en el 56% de los casos en ciudad y un 42% de los casos en el interior”.
En lo relativo a canastas PAEC (enfermos crónicos) y PRIN (riesgo nutricional) “en absolutamente todos los casos hay graves desvíos de los documentos a presentar por el beneficiario. A su vez hay un incumplimiento del Tope de Ingresos de un 98%, lo que configura que se les brindaron canastas a quienes por ingresos no debieron tenerlas asignadas”.
“Como conclusión general se puede extraer que el nivel de discrecionalidad y falta de control en relación a la entrega de canastas de emergencia tiene visos de descontrol administrativo y funcional generalizado. A su vez, se constató un deficiente archivo de la información en formato papel sin soporte digital”, concluye el informe preliminar.