Opinion | 05 Feb Los datos sobre el aumento del precios al consumo suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el mes de enero, que indican un recrudecimiento de la inflación, no pueden sorprender a nadie que tenga en cuenta la evolución del escenario socioeconómico en el país, y si acaso alguien puede llevarse alguna sorpresa, es que el guarismo fue apenas superior al del mismo mes del año pasado, más precisamente del 2,45 por ciento frente al 2,22 por ciento de enero de 2015.
Según el instituto, la inflación anualizada volvió a acelerarse, y en enero llegó al 9,68% -- frente al 9,44% de finales de diciembre--, debido a que los precios aumentaron 2,45% en enero impulsados por el fuerte aumento de las tarifas públicas que comenzó a regir el mes pasado.
La mediana de la Encuesta de Expectativas de Inflación que elabora el Banco Central arrojaba que la inflación de enero sería de 2,4%, y los mayores aumentos de precios del mes pasado se registraron en los rubros de Vivienda (+10,04%) y Comunicaciones (+5,95%). Ambas subas se explican básicamente por el incremento de las tarifas de UTE y Antel respectivamente, en tanto alimentos y bebidas fue del 0,8 por ciento y el único rubro que registró una caída de precios fue el de Prendas de vestir y calzado, con una baja de 0,38%.
En tanto, según el INE en diciembre los precios habían caído 0,55% y la inflación de 2015 terminó en un ficticio 9,44%, dado que el gobierno había acordado una congelación de precios por 60 días con cadenas de supermercados que apuntaba a evitar que el Índice de Precios al Consumo llegara a los dos dígitos, en tanto UTE “premió” a sus clientes con un descuento especial en el último mes del año, de forma de falsear el índice de inflación anual.
La inflación es considerada como un impuesto disfrazado que corroe el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, fundamentalmente, que a la vez es realimentada cuando se aprueban incrementos salariales en base a índices que la superan, pero que llegan a un techo si a la vez no es acompañada por una mayor productividad o baja de costos, para que las empresas puedan nivelar su economía y no tener que apelar a sacrificar empleos.
Es que en economía no hay milagros, sino que existe una interrelación entre sus componentes que conlleva transferencia de recursos de un sector a otro, en determinadas situaciones, que se revierte en otras, en todos los casos temporalmente y de acuerdo a la evolución de los parámetros, las prioridades y los plazos, con influencia además de los períodos preelectorales, en los que los gobiernos suelen apelar a presentar situaciones “maquilladas” para no pagar costos políticos, para que el próximo gobierno se haga cargo. El rebrote inflacionario tiene una multiplicidad de causas, pero en todos los casos pone de relieve que hay desequilibrios en la economía que no se han corregido, y que subsisten en nuestro país desde hace mucho tiempo. Son debido a problemas estructurales pero también porque durante coyunturas favorables como la década pasada, no se adoptaron correctivos y se aumentó incluso un factor distorsivo clave, como el gasto público, que se incrementó por encima de la recaudación extraordinaria y eventual.
Es que al no haber aprovechado la coyuntura para encarar políticas contracíclicas, el gobierno se encuentra sin margen de maniobra y prácticamente encerrado entre el déficit fiscal a corregir, la inflación y la necesaria competitividad para no seguir trasladando costos a los exportadores que son desplazados de los mercados por los competidores.
Bueno, en estos componentes de la economía que deben guardar equilibrio, cuando hay alguno que se desboca y se debe corregir, hay que sacrificar algún otro, para que no se desmadre todo. El déficit fiscal en el 3,6 por ciento del Producto Bruto Interno es el gran causante de la distorsión, y con un dólar que debe seguir acompañando la devaluación de nuestros vecinos y en el mundo, esta vez el gobierno optó por dejar de lado, suponemos que temporalmente, el combate de la inflación.
Y para ello agregó a la incidencia del aspecto cambiario el del ajuste fiscal a través de las tarifas públicas, tanto en los incrementos de UTE, OSE y Antel como no rebajar los combustibles de Ancap pese a que el crudo está a valores ridículamente bajos.
Es decir que se logró más o menos contrarrestar el aumento del IPC en las estadísticas para evitar que en 2015 se llegara a los dos dígitos, pero con el costo de sumar más inflación ya en el primer mes del año.
Y el sacrificio que había pedido a los empresarios durante sesenta días de precios congelados --solo respetada parcialmente-- ha sido contradicho desde el propio gobierno por el aumento masivo en las tarifas y el aumento del IRAE, entre otros factores, por lo que desde el Poder Ejecutivo se pidió un renunciamiento al sector privado que el propio gobierno no hizo ya desde el primer día del año.
Está aplicando por lo tanto mayores costos a los empresarios, que resulta inevitable trasladar a los precios, con la consecuencia de que los incrementos salariales y de pasividades ya se están consumiendo más rápido que lo que se preveía y la inflación ha tenido un rebrote indeseable.
Estamos pagando las consecuencias de que durante el gobierno de José Mujica, fundamentalmente, se gastó demasiado y mal desde el Estado, y como no hay almuerzos gratis, por un tiempo por ahora imposible de estimar se seguirá pagando con inflación el no haber hecho lo que se tenía que hacer.