Opinion | 08 Feb En la noche del sábado una pareja murió acribillada dentro de un automóvil en Solymar y la policía no descarta que el hecho se vincule con el narcotráfico, en tanto el hombre de nacionalidad paraguaya había sido procesado por tráfico de drogas en Brasil.
En el auto viajaba el hijo de ambos, un niño de 7 años que resultó ileso, pero debajo de la camioneta encontraron el cuerpo de una adolescente que --según se supo después-- iba caminando por el lugar rumbo a un baile y resultó arrollada por la camioneta, desde donde se respondía con una balacera que se extendió por el trayecto de un kilómetro.
El subsecretario del ministerio del Interior, Jorge Vázquez, explicó en una oportunidad que en Uruguay existe una inseguridad objetiva y otra subjetiva. En tal sentido, señaló que Uruguay es el país más seguro de la región con aproximadamente 8 homicidios cada 100.000 habitantes y comparó las cifras con México, donde ocurren 300 casos en la misma relación. También aseguró que la mayoría de los homicidios suceden por problemas de convivencia y no se relacionan con la delincuencia, al tiempo que reconoció la existencia de “un serio problema” con los ajustes de cuentas, cuyas estadísticas han crecido.
En todo caso, simplemente habrá que aceptar que las mafias de cualquier tipo ya se encuentran instaladas en Uruguay desde hace muchos años y a pesar de la profesionalización de la carrera policial, está claro que las últimas administraciones no han cumplido con la promesa de bajar los casos confirmados no solo de ajustes de cuentas, sino de rapiñas.
Ahora, el nudo gordiano de estas cuestiones son las muertes inocentes como la adolescente que se encontraba en el lugar y la extrema impunidad en la actuación de estas élites que protagonizaron una balacera sin asco durante un kilómetro de trayecto por la avenida Gianattasio, en una zona tan poblada como Solymar y un sábado a la noche. Aquí, la lista de cuestionamientos sería interminable y --por su puesto-- con respuestas plagadas de diagnósticos que develan nuevamente la escasa madurez política para enfrentar un problema ya instalado.
La diatribas formuladas en torno a “mano dura sí o mano dura no” resultan, a esta altura de los acontecimientos, agobiantes y rechinan en los oídos de aquellos que han sido víctimas de la violencia callejera.
Con algunas diferencias, claro. Esa adolescente de 16 años no vivirá para contar su experiencia y a sus padres no les compensará en nada el famoso discurso de los derechos humanos, sólo porque los suyos han sido avasallados de la forma más vil e injusta, en un país donde estas definiciones únicamente se ajustan al pasado reciente.
Si es real que se ha incautado la mayor cantidad de drogas de los últimos años ante un trabajo parejo de la policía y la justicia, no es menos cierto que aumentó el nivel de ingreso y del narcotráfico. Uruguay es un país de tránsito, pero también ha aumentado su consumo interno.
La ecuación parece simple: más impunidad y menos autoridad. Y aún cuando es cierto que nunca hubo tantas personas privadas de su libertad como ahora, también es cierto que están encerrados por tan poco tiempo que en la ecuación, el delito es buen negocio. De otra forma no se explica el aumento de la delincuencia con ajustes de cuentas y el alto precio que pagan los inocentes con su integridad, que en ocasiones termina en muerte y otras --con mayor suerte-- con lesiones, pero siempre con el temor de transitar por las calles.