Nacionales | 10 Feb El Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene a estudio diez posibles casos de dengue, zika y chicunguña, cuyas muestras corresponden a personas que estuvieron en el exterior, por lo que el país sigue sin registrar casos “autóctonos”. Desde el MSP informaron a Montevideo Portal que en todos los casos se trata de personas que viajaron al exterior y al llegar presentaron síntomas como fiebre, asociados a estas enfermedades.
Los casos serán analizados y se espera que los resultados estén prontos en los próximos días. Por ser transmitidas por el mismo mosquito Aedes aegypti, las muestran pueden arrojar la presencia de zika, chicunguña o dengue. De acuerdo con el protocolo que se sigue en estos casos, cuando una persona que viajó recientemente al exterior consulta a un médico por síntomas similares a los de las tres enfermedades, en general fiebre y erupciones en la piel, es sometida a una extracción de sangre para analizar.
Si bien varios son dados de alta antes de conocerse los resultados porque dejan de presentar síntomas, se intenta que los pacientes analizados permanezcan protegidos con mosquiteros para evitar que puedan ser picados por mosquitos que luego transmitan la enfermedad a otros humanos. El domingo, el MSP había descartado un posible caso de zika en un paciente argentino que se encontraba internado en Rocha. El hombre, que permaneció aislado en el centro asistencial, había estado varios días en Salvador de Bahía antes de llegar a La Paloma. Finalmente, el análisis confirmó que no tenía la enfermedad.

DOS DETENIDOS POR ASESINATO EN SOLYMAR
La Policía de Canelones detuvo a dos personas en el marco de la investigación sobre el asesinato de una pareja de paraguayos, ocurrido en la noche del sábado en Solymar. Se trata de un hombre de 64 años, dueño de una vivienda que alquiló al hombre y mujer acribillados a balazos en la Avenida Giannatassio, y su hija, informó Telenoche. Por otro lado, Lilí Guerrero, la tía del niño, hijo de la pareja, llegó a Montevideo y tras finalizar los trámites para obtener la tenencia del menor, se retiró junto al pequeño del consulado paraguayo con custodia policial.
No se sabe adónde se llevó al niño, quien fue cubierto con una toalla blanca dentro del vehículo y detrás iba otro automóvil con cuatro efectivos de la policía uruguaya, según pudo comprobar El País.
Si bien la jueza que tiene a cargo el caso, Marcela Vargas, solicitó que el niño declarara, la tía dijo que la familia no lo permitirá: “¿Cómo va a declarar una criatura inocente, que no sabe nada? Rotundamente no va a declarar”, dijo la mujer a Montevideo Portal.
La directora del INAU, Marisa Lindner, dijo a El Espectador que la postura del organismo es que el niño “es víctima y no tiene por qué necesariamente ser un testigo presencial”. La jerarca señaló que la definición la tomará la Justicia, pero que el INAU “evalúa el caso técnicamente y así lo hicimos llevar al Juzgado de Familia. Consideramos que el niño debe ser protegido como víctima, que está en un momento emocional delicado”.
“Hay que proteger al niño y contribuir a su proceso de reparación. Es un sujeto de derecho que debemos proteger. La opinión institucional es que los niños no deberían dar declaraciones en estas circunstancias”, agregó la jerarca.

MOODY’S ADVIRTIÓ POR DÉFICIT FISCAL
La calificadora de riesgo Moody’s emitió un comentario sobre el déficit fiscal de 2015 en Uruguay mayor al previsto y advirtió que “parece poco probable que el gobierno cumpla los objetivos de consolidación” este año, “lo que amenazaría la credibilidad de su política fiscal”.
A su vez, agregó que una consolidación fiscal menor a la necesaria llevaría a un “debilitamiento de los indicadores crediticios de Uruguay en relación con sus pares de calificación”. El año pasado, el déficit fiscal fue de 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) --el mayor para un año calendario desde 2002-- cuando el gobierno estimó en el Presupuesto que sería de 3,3% del PBI y que en 2016 bajaría a 3,1% del PBI.
Según la nota de Moody's, a la que accedió El País, “dada la naturaleza rígida de los gastos de Uruguay y un entorno macroeconómico difícil, parece poco probable que el gobierno pueda cumplir los objetivos de consolidación fiscal en 2016, lo que amenazaría la credibilidad de su política fiscal”. La agencia recordó que “los ingresos crecieron 7,9% durante el año, por debajo de las expectativas del gobierno”, mientras los gastos aumentaron 10,8%. “Debido a que los gastos de capital son solo un 6% del gasto total, el ajuste fiscal a nivel del gobierno central ha sido difícil por la rigidez del gasto”, añadió.
“El gasto en pasividades, que es políticamente inviable de cortar, se incrementó en un 18% sobre base anual. Por otra parte, dada la gran dependencia de Uruguay de la financiación en moneda extranjera, la depreciación del peso uruguayo ha empujado la relación de pagos de interés sobre ingresos por encima de 12%, frente a una media del 8,9% para los soberanos con calificación Baa”. Uruguay tiene una nota de Baa2, que en la escala de Moody's se ubica un escalón por encima del mínimo del grado inversor.
“Estimamos que la deuda sobre el PBI se elevó a 44,5% en 2015, desde el 39,5% en 2014 como consecuencia del déficit fiscal más amplio y la depreciación del peso. Debido a que el 55% de la deuda de Uruguay está denominada en moneda extranjera (principalmente dólares), esto hace las finanzas públicas vulnerables a debilitamientos de la moneda”, expresó el comentario.
Según Moody's, “el crecimiento más débil de los ingresos fiscales en 2015 se debe a una desaceleración significativa en la actividad económica. El crecimiento del PBI probablemente se desaceleró a 1,8% en 2015, de un promedio del 4,9% en (el período) 2010-2014”.

SENDIC RESPALDÓ A COYA
El vicepresidente Raúl Sendic hizo público su respaldo al saliente presidente de Ancap, José Coya. “Respaldo mucho a Coya, ha sido un gran presidente de Ancap, tiene todo mi respeto y consideración”, dijo Sendic. Consultado sobre la decisión del presidente Tabaré Vázquez de cesar a Coya y al resto del directorio que representa al Poder Ejecutivo, Sendic respondió que “la decisión la toma el presidente de la República y yo también tengo un compromiso muy fuerte con el gobierno y con el presidente”. Por otro lado, el grupo del vicepresidente, la lista 711, expresó públicamente que no comparte la remoción de Coya y de los directores de Ancap, aunque la respeta.
Vázquez decidió remover a los cuatro representantes del gobierno en el directorio de Ancap y ordenó un período de transición en el que deberán trabajar, después del 17 de febrero, con los nuevos directores designados. Sin embargo, Coya se niega a participar de esa transición y presentó su renuncia ante el secretario de la Presidencia la semana pasada.
Días después, cuando fue intimado por la ministra de Industria, Carolina Cosse, a cumplir con el período de transición, dijo que su renuncia es indeclinable y que se tomará licencia. Luego volverá a su antiguo cargo en Ancap como funcionario de carrera.