Locales | 05 Feb En las últimas horas el intendente departamental Guillermo Caraballo firmó la resolución 0360/2016 por la cual se integró la Inspectoría de Control Territorial y se nombró para dirigirla a Claudia Moroy, quien desde 2009 asiste a la Intendencia Departamental de Paysandú en temas relacionados con vivienda y planificación territorial.
Asimismo, paralelamente, el intendente mantuvo una reunión en el Palacio Municipal con representantes del Ministerio del Interior, Prefectura de Puerto, fiscales y jueces, con el objetivo de establecer una política común para actuar ante asentamientos irregulares en zonas no habitables. La Inspectoría de Control Territorial será el área donde actuará la Policía Territorial, anunciada por el intendente de Paysandú y prevista en el Capítulo II de la ley 18.308, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, artículo 68 y subsiguientes.
A tales efectos, también, el intendente firmó un llamado interno para ocupar tres cargos de inspectores territoriales (policías territoriales). Los candidatos en los próximos días serán sometidos a entrevistas y pruebas, dentro del proceso de selección.
A la luz del texto jurídico y de otros complementarios, quedó claro que la Policía Territorial si determina en forma temprana un intento de asentamiento puede convocar al Ministerio del Interior, cuyos efectivos sin más trámite procederán al desalojo --puede ser compulsivo-- de los ocupantes. No obstante, si el asentamiento no es descubierto de manera temprana, se deberá dar paso a la Justicia, dilatando así el desalojo, aunque de todos modos éste se concretará.
La intención del intendente Guillermo Caraballo, al establecer esta inspectoría, dentro de la Unidad de Ordenamiento Territorial del Departamento de Obras (el nuevo presupuesto la eleva a dirección), es que los inspectores cumplan su trabajo fuera de oficina, recorriendo de manera permanente el área en que pueden producirse asentamientos y no esté autorizado la construcción con fines de vivienda.
Es complementario del plan de realojos que mediante el apoyo del gobierno nacional se llevará adelante y conlleva la intención de dar solución definitiva a quienes hoy residen en zonas inundables y al mismo tiempo impedir nuevos asentamientos que, de concretarse, exigirían con el tiempo grandes inversiones.
El actual plan de realojos, que se espera comience a ser puesto en práctica durante la presente administración, generará 350 nuevas viviendas en áreas no inundables. Teniendo en cuenta que el costo individual de cada solución habitacional es de 40.000 dólares, serán necesarios 14 millones de dólares.

EL TEXTO LEGAL
La ley 18.308 determina en su artículo 68 que "los gobiernos departamentales ejercerán la policía territorial mediante los instrumentos necesarios, a los efectos de identificar todas aquellas acciones, obras, fraccionamientos, loteos u operaciones de todo tipo realizadas en contravención de las normas aplicables y sancionar a los infractores".
Con esto queda claro que, si bien la intención de la Intendencia apunta en primer término a impedir asentamientos en áreas inundables, tiene jurisdicción en todo el departamento, y da facultad para "prohibir, impedir la prosecución y demoler, a costa del propietario, toda obra efectuada en violación de los instrumentos de ordenamiento territorial".
"Asimismo, podrán disponer las inspecciones, pericias, pedidos de datos, intimaciones y demás, que sean necesarias para hacer cumplir los instrumentos de ordenamiento territorial".
La Policía Territorial tendrá facultad --artículo 69-- para "impedir la ocupación, la construcción, el loteo, el fraccionamiento y toda operación destinada a consagrar soluciones habitacionales, que implique la violación de la legislación vigente en la materia o los instrumentos de ordenamiento territorial, respecto de los inmuebles del dominio privado donde no pueda autorizarse la urbanización, fraccionamiento y edificación con destino habitacional".

LA ENCARGADA DE LA INSPECTORÍA
La flamante encargada de la Inspectoría de Control Territorial, Claudia Moroy, actuó como asesora letrada en planificación territorial desde 2009, participando en la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial.
También, en asesoramiento y actividades de participación ciudadana.
También ejerce de manera liberal la profesión de abogada y desde 2008 es asesora laboral en Fuecys. Trabajó, además, en Unión Capital AFAP como asesora previsional y en Kuehne-Nagel, en importaciones marítimas.
Se recibió como doctora en Derecho en la Universidad de la República y cursó estudios de posgrado en Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.