Nacionales | 08 Feb El Partido Nacional ya tiene definido llevar el caso Ancap a la Justicia ante la presunción de delitos en la gestión del ente, y sumará tres denuncias a las doce originales que dieron pie a la comisión investigadora en el Senado, publicó El País.
El informe del Partido Nacional tendrá 15 capítulos y lo están redactando los senadores Álvaro Delgado (miembro denunciante) y Jorge Saravia (integrante de la comisión investigadora). Con ellos trabajan dos contadores, un escribano y tres abogados, que los asesoran en derecho administrativo y penal.
A las doce denuncias originales que presentó Delgado y que dieron origen a la comisión investigadora, el informe de los blancos agregará tres capítulos, declaró el senador denunciante a El País, aunque declinó brindar detalles hasta que el informe sea presentado a la bancada del Partido Nacional.
Las conclusiones harán referencia a “errores de gestión” en Ancap, “responsabilidades políticas” de directores del gobierno y “funcionales” de algunos gerentes por irregularidades varias, y a la “presunción de delitos”. En este último punto el informe recomendará el pasaje de los antecedentes a la Justicia penal.
También habrá recomendaciones para mejorar la gestión en Ancap, en particular de sus empresas colaterales que no tienen control de organismos como el Tribunal de Cuentas.
Delgado dijo que recibieron información de varias fuentes, algunas anónimas, y que todo fue “verificado con seriedad” por su equipo. “Algunas fueron descartadas”, explicó.
El informe se presentará a la bancada del Partido Nacional el lunes 15. Fuentes nacionalistas dijeron que se está coordinando con el Partido Colorado y el Partido Independiente a fin de presentar una sola denuncia de toda la oposición una vez que el Senado reciba los informes de la investigadora.
La posibilidad de que los tres partidos de oposición en el Senado presenten una misma denuncia penal por el caso Ancap se maneja desde hace unas semanas. El 19 de enero el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, había anunciado que una vez que el Senado reciba los informes de la comisión investigadora llevará el caso a la Justicia. Al otro día, el senador nacionalista Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, lanzó la propuesta de que toda la oposición acordara una misma denuncia.
“Si se decide ir a la justicia por el tema Ancap, sería conveniente una denuncia conjunta firmada por todos los partidos de la oposición” porque “sería un mensaje de racionalidad y madurez”, afirmó el líder de Alianza Nacional a El País. Es “por lógica procesal”, añadió. Larrañaga habló del tema con el líder del movimiento Todos, Luis Lacalle Pou, y con Delgado. Ambos estuvieron de acuerdo. Incluso, dijo que se puede prever con independencia en esa denuncia conjunta las salvedades que cada partido quiera expresar.
“Si hay hechos con apariencia delictiva que son similares y que terminarían en el juzgado, sería lógica una presentación conjunta”, explicó Larrañaga.
Las doce denuncias originales de Delgado van desde atrasos en la presentación de los balances de Ancap, abultado déficit y pérdida patrimonial, y sobrefacturación en la planta de bioetanol en Paysandú, entre otros puntos.
En cambio, el primer borrador del informe de los delegados del Frente Amplio en la comisión investigadora afirmó que no hubo ilícitos en la gestión de Ancap, y solo admite algunos errores. Este informe traslada la responsabilidad del déficit de U$S 800 millones de Ancap al Ministerio de Economía, al sostener que “la aplicación de la política tarifaria, contenedora de la inflación en los precios de los combustibles, llevó a que diferentes costos no se trasladaran al precio final”.
Fuentes de la bancada del Frente Amplio indicaron que el texto tendrá cambios, debido a que hay diferencias entre el MPP, la Lista 711 de Sendic y el Partido Comunista con el Frente Líber Seregni (FLS) sobre la responsabilidad del Ministerio de Economía en el déficit de Ancap.
El informe está firmado por Marcos Otheguy (Lista 711), Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609), Daisy Tourné (PS) y Marcos Carámbula (PCU).
Los otros dos informes que se presentarán en el Senado serán los de Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, y de Pablo Mieres, del Partido Independiente.

DESCARTAN CASO DE ZIKA EN URUGUAY
Los análisis a que fue sometido el turista argentino, proveniente de Bahía, Brasil, descartaron que hubiera contraído el virus del Zika y las otras dos enfermedades que transmite el mosquito Aedes Aegypti, dengue y chikungunya.
El hombre, de 41 años y oriundo de Rosario, había sido internado el viernes por la tarde en Rocha --en La Paloma comenzó a sentirse mal y a tener fiebre-- y luego le realizaron en Montevideo los análisis de sangre correspondientes, informó Subrayado. El noreste de Brasil, donde se ubica Bahía, cuenta con la mayor cantidad de casos vinculados al zika.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) aseguraron el viernes a El Observador que no se trataba de un caso especial, sino que es igual a otros que se analizan frecuentemente por sospecha de los tres virus. A las personas con síntomas que se asemejan a los de estos virus --como fiebre por varios días, sarpullido o dolor en las articulaciones-- se les aplica un protocolo que implica analizar, a través de un algoritmo, si posee alguna de las enfermedades, explicaron las fuentes y agregaron que la única particularidad de este caso es que el paciente viene de Brasil.
Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó una alerta mundial por la expansión del virus del Zika y su vinculación con los recién nacidos que presentan microcefalia, no ha habido un aumento de estudios en Uruguay vinculados con algunos de estos tres virus, aseguraron las fuentes.

INTENDENTES EVALUARÁN BLOQUEO DE UBER
Los 19 departamentos analizarán en el próximo Congreso de Intendentes la posibilidad de bloquear Uber en Montevideo, según dijo el intendente de Cerro Largo y presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana. La idea es estudiar esa medida, que fue recomendada por los técnicos, y luego tomar una posición, informó El Observador.
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, había afirmado el martes que la posibilidad de cortar la señal de la polémica aplicación de transporte estaba a estudio y que existía "una preocupación global sobre el tema". Así, Uber --que opera sin regulación en Montevideo desde noviembre-- sería uno de los temas a tratar en el marco del Congreso de Intendentes, previsto para el 17 de febrero. “Lo que queda claro es que Uber ha desconocido la institucionalidad de una nación libre y democrática y que tiene reglas de juego como Uruguay”, afirmó Martínez.
A fines de noviembre de 2015, el Congreso de Intendentes recibió a los representantes de la empresa Uber, a quienes se manifestó que si bien no se estaba en contra del avance de la tecnología, era necesario respetar las normativas uruguayas y resolver las problemáticas que generan perjuicio a taxistas, por ejemplo. Se pidió entonces a la multinacional cortar el servicio para abrir un espacio de diálogo, recordó Botana. Los intendentes alegaban que la empresa estaba trabajando de hecho y que los gobiernos departamentales no estaban dispuestos a tomar una resolución “urgidos por la situación”.
Sin embargo, la empresa continuó operando. De esa forma, los intendentes se disponen a tomar una resolución. “Han insistido en la posición; no podemos dialogar y tenemos que tomar medidas”, afirmó el intendente de Cerro Largo.
La propuesta es pedir el bloqueo de Uber como sugirió Montevideo, afirmó el intendente. “Lo más seguro es que se vaya para el lado de cortar la posibilidad de funcionar a la aplicación”, dijo Botana. Eso lo están conversando con la Intendencia de Montevideo, desde donde se pidió incluir el análisis del tema en el Congreso. “Son los técnicos los que dicen que esa es una posibilidad”, agregó.
El presidente del Congreso de Intendentes señaló que hay varios informes jurídicos que dejan en claro que el transporte público es competencia de los gobiernos departamentales y por tanto, si bien no se puede decidir en el Congreso qué se va a hacer en un departamento, sí se buscará respaldar una posición.
En caso de que se apoye la medida de bloqueo, sería solo para los lugares donde Uber esté operando, dijo Botana, ya que extenderlo en todo el país sería muy caro.
“Tener un camino de solución --que sería el bloqueo-- no es menor”, afirmó Botana, ya que si bien la ley dice que la aplicación Uber está operando al margen de la normativa, no se ha encontrado otra manera de evitar el funcionamiento.
En principio, la intendencia de Montevideo comenzó a fiscalizar a los conductores por tratarse de un medio de transporte de pasajeros oneroso, que no contaba con la habilitación de la comuna, exigencia dispuesta para ese tipo de servicios en la normativa municipal. Se aplicaron desde principios de diciembre cuatro multas, que los conductores de Uber abonaron y siguieron circulando.