Opinion | 13 Feb En el marco de una problemática que parte como eje central de la caída de los precios internacionales de los commodities y en este caso particular de los lácteos, los productores agropecuarios, principalmente tamberos, anunciaron que volverán a movilizarse en las rutas nacionales en los 19 departamentos el próximo 24 de febrero, luego de haber llevado a cabo una instancia similar, pero más acotada, un mes atrás.
Como hemos señalado, en nuestro país es habitual que las movilizaciones estén a cargo de sindicatos y trabajadores del Estado organizados, en reclamo de mejoras salariales y beneficios, como común denominador, pero la cosa cambia cuando se trata de personas y gremiales volcadas al trabajo en el agro, que depende de dedicar muchas horas diarias a sus tareas en el campo, en una actividad de riesgo que tiene sus altibajos desde el punto de vista de la rentabilidad, pero que son la base de la pirámide en que se apoya un país como el Uruguay, de producción de neta base agropecuaria.
El 19 de enero tuvo lugar la primera movilización de productores a partir del lanzamiento de la iniciativa por Marcos Algorta, tambero de la localidad de Rodríguez (San José), y en aquella oportunidad unos 4.000 productores de diversos rubros se manifestaron en 11 puntos del territorio nacional.
Como sucedió en esa movilización, en las redes sociales este jueves se comenzó a difundir la convocatoria en el marco del eslogan “basta de bajar la cabeza. Uruguay se moviliza, salimos a la ruta, movilízate tú también, por el campo, por el país, por ti”.
Tras la salida a las ruta de hace un mes, se bien se dispararon algunas reacciones a nivel gubernamental y se manejaron posibles salidas al reclamo central, la situación en términos generales se mantiene incambiada, porque entre otros aspectos las condiciones de los mercados internacionales difícilmente cambien en un mes; pero a la vez hay respuestas posibles y necesarias desde el punto de vista político que pueden y deberían ponerse en marcha para preservar el cerno productivo del país, y sobre todo, para que no cunda el desánimo y el país siga perdiendo parte de su fuerza productiva.
Aquel 19 de enero los productores no cortaron las rutas, sino que solo enlentecieron el tránsito para informar a quienes pasaban por esos lugares. La protesta respondió fundamentalmente al incremento dispuesto por en las tarifas públicas y por la ya larga demora en el cobro de la deuda que tiene Venezuela por la importación de productos lácteos.
El incumplimiento del gobierno de Nicolás Maduro, si bien parte esencial como disparador del reclamo de pago, es solo una parte de una problemática mucho más vasta, que como señalábamos, tiene que ver con la caída de los precios internacionales de los lácteos, pero también paralelamente con el incremento de costos de producción. Entre éstos las tarifas públicas son un elemento importante, pero tampoco el mayor, porque a la vez se ha disparado el precio de los insumos y el incremento que ha registrado el dólar no alcanza a compensar la caída de los valores internacionales, mientras a la vez el rebrote inflacionario implica incremento de costos de producción.
Se podrá decir, con buen grado de razón, que las ventas al exterior de lo que se produce se encuadra en los factores de riesgo del sector privado, lo que es de recibo en principio, pero en este caso el negocio con Venezuela también comprendió como actor fundamental al Estado, por cuanto en el negocio acordado entre Ancap y Pdvsa hubo un procedimiento de pago de la deuda del organismo uruguayo con la petrolera venezolana por la compra de petróleo, y se instituyó un fideicomiso que se aseguró se depositaba en el Bandes para que se cobraran los exportadores, como una forma de asegurar el pago.
De esta forma, con la garantía del Estado uruguayo, los industriales del sector se avinieron a vender a Venezuela a precios convenientes teniendo en cuenta la situación del mercado, porque ello les pondría a cubierto del riesgo de los avatares venezolanos en cuanto a disponibilidad de recursos para pagar, habida cuenta del descalabro de su economía.
Bueno, el descalabro en la economía del país caribeño se ha ido agravando, lejos de solucionarse, debido al derrumbe de los precios del petróleo, y si bien se dijo que aparecieron unos primeros cincuenta millones de dólares de la deuda de un centenar de millones, aparentemente solo se pagaron cuarenta y por más que se anunció, los otros 60 millones no han aparecido.
Pero los productores e industriales confiaban en que como había asegurado el gobierno y se había dicho por los directores de Ancap, el fideicomiso para poder cobrarse estaba depositado en el Bandes. Ocurre que cuando se intentó hacerse del dinero, se supo que había sido girado a un banco de China precisamente para pagar una deuda de Venezuela en aquel país, y por lo tanto los acreedores uruguayos han quedado en el aire, sin poder acceder al dinero pactado, pese a que desde el gobierno se les aseguró que el cobro se efectuaría en tiempo y forma.
En su momento el presidente Tabaré Vázquez, siguiendo temerariamente los pasos de su antecesor José Mujica, aseguró a los productores que el dinero estaba y que iban a cobrar, pero la realidad ha ido por otro lado, porque ahora no se sabe quien fue el que engañó o fue engañado, o fue confiado en exceso, y el dinero no está, con versiones encontradas desde Ancap y representantes del Poder Ejecutivo.
En estas condiciones, justificadamente los productores reclaman que el gobierno se haga responsable por haber sido la garantía de la operación.