Locales | 13 Feb No fue la Auditoría Externa contratada por la Intendencia Departamental de Paysandú la que dejó al descubierto presuntas irregularidades en el Presupuesto Participativo (PP), según pudo establecer EL TELEGRAFO en las últimas horas, al acceder al texto de un memorando interno. En el mismo, el entonces encargado del PP, Enrique Malel, con fecha 23 de julio del año pasado, advirtió de “un hecho o acto irregular en relación a las normas contables que aplican al Presupuesto Participativo”.
No obstante, otro documento que también está en poder de EL TELEGRAFO, del 8 de julio de 2015, firmado por el constructor ahora denunciado penalmente, es el que en realidad advierte a la nueva Administración --del intendente Guillermo Caraballo-- del estado de situación de los proyectos de cuatro CAIF, dejando al descubierto que había recibido dinero sin haber realizado las obras. Ese extremo fue luego reafirmado por el memorando de Malel de días después, y por la Auditoría Externa de diciembre del año pasado.
El empresario había informado el 8 de julio que “se precisa que los trabajos no se han ejecutado a la fecha 8 de julio de 2015, modalidad de acopio o de acumulación ante la demora de la realización de los planos” para el proyecto del CAIF Barrio Norte.
El mismo documento establece que “con referencia al pago del IVA, a efectos de no generar inconsistencia la empresa resolvió el pago del IVA originado por tales boletas adelantadas para así no generar situaciones tributarias perjudiciales a la misma. Pero por razones de transparencia y manejo de recursos de terceros no los descontó de las partidas depositadas afrontándolos en forma provisoria con recursos propios, sujeto a reliquidación final de tales partidas”.
Dos semanas después, Enrique Malel escribió un memorando en el que indicó que al estudiar proyectos que estaban sin ejecución se encontró con que “tienen por común denominador la no confección de plano proyecto de las construcciones por los arquitectos dependientes de la Intendencia Departamental de Paysandú, el cual es un requisito necesario e imprescindible atento a que se trata de obras en edificios que no son propiedad de la intendencia”.
En esa instancia se citan los cuatro expedientes por los cuales el jueves se presentó denuncia penal, correspondientes a proyectos en cuatro CAIF donde “las obras proyectadas no han comenzado por falta del aludido plano”.
De la lectura del memorando surge ahora que parte de sus dichos fueron reproducidos en la denuncia penal redactada por Asesoría Letrada, en el relato de los hechos descubiertos por Malel.
En cuanto a la entonces coordinadora de los centros CAIF, funcionaria de la Dirección de Promoción Social, “estaba al tanto de la operativa y cumplía funciones que aparentemente podrían exceder el marco de sus atribuciones y competencias”.
Consultada sobre la forma de operar, expresa el memorando: “se limitó a expresar que ella se involucró en todos los proyectos del área CAIF y que esa era la forma que aceptaban las anteriores autoridades del Presupuesto Participativo”.
Por otra parte, en los pagos realizados “la empresa ha percibido el IVA por la realización de servicios que no prestó y que 'se obliga a realizar la obra o a reintegrar la suma adelantada oportunamente por la suma de …, con la salvedad de la deducción del IVA en las boletas ….., pagados con recursos de la empresa' (esta fórmula aparece en todos los informes)”, detalla el Memorando.
El total del dinero entregado al empresario fue de 510.000 pesos “sujeto a sus vicisitudes personales, esto es, a la posibilidad genérica de fallecimiento (en cuyo caso el depósito pasa a sus herederos), así como las posibilidades que surgen de otros eventos de la vida comercial (embargos, quiebra, etcétera) o civil (genéricamente divorcio, disolución de sociedad conyugal, etcétera) por la tenencia de más de medio millón de pesos de la intendencia, que no se comparte se encuentre en manos de un tercero”.
Enrique Malel pidió entonces “realizar una investigación de urgencia a efectos de determinar si existen responsabilidades administrativas y/o sumario según opinión superior y para la formulación de denuncia penal si correspondiere”.