“CON LA FRENTE EN ALTO Y LAS MANOS LIMPIAS”

Locales | 13 Feb “No nos hemos quedado con ningún peso; así nos enseñaron a actuar nuestros padres. Esa es la tranquilidad de espíritu que tenemos, ese es el tipo de personas que somos y así integramos la sociedad sanducera”, dijo el exintendente Bertil Bentos en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Comisión Departamental del Partido Nacional en la mañana de ayer. “Estamos con la frente en alto, con las manos limpias y así siempre nos van encontrar”, agregó, rodeado por Manuel Bercianos, presidente del cuerpo y por los exintegrantes del equipo de gestión de Bentos, Emilio Roque Pérez, Haroldo Canoniero, Roque Jesús y Nicolás Olivera, actual diputado.
“Estamos dispuestos a comparecer ante la Justicia en salvaguarda de nuestro apellido, de nuestra familia, de nuestras amistades y fundamentalmente de nuestro querido Partido Nacional”, subrayó.
Opinó que “desde el punto de vista político, nos encontramos ante un nuevo ataque del gobierno departamental, que a falta de otros fundamentos, y con el objetivo de desviar el interés sobre otros temas de actualidad busca minar la credibilidad de una administración que gobernó con absoluta transparencia y que sobre todo ejecutó servicios y obras en beneficio de la gente”.
“Es obvio que en el tema que nos ocupa hubo una clara decisión política de inducir a la empresa auditora a buscar cosas donde no es su lugar de registro, manejando después mediáticamente los informes para confundir a la población”, agregó.
Aseguró que “toda nuestra gestión, cada gasto, cada pago, fue auditado porque actuaba como contadora general y delegada del Tribunal de Cuentas la contadora Patricia Tabárez, durante todo nuestro período, quien sin dudas ha actuado con solvencia técnica y profesional de acuerdo a lo que le exige la normativa vigente”. Precisamente, “esta profesional ha sido la responsable y encargada de toda la contabilidad, del control de la ejecución presupuestal y sus rendiciones de cuentas; nunca en cinco años nos hizo una sola observación del tenor que hoy se nos pretende inculpar”.
Recordó que “desde el inicio de nuestra gestión sabíamos que la contadora Tabárez es a nivel partidario adherente al Frente Amplio. Es así que hoy ocupa el cargo político y de particular confianza de directora general de Administración. Igualmente confiamos en su criterio e independencia técnico-profesional para el cargo que le encomendamos”.
No obstante, “curiosa e insólitamente no surge de la auditoría que se le consultara previamente sobre situaciones que se afirman como irregulares; entonces nos preguntamos cuál es el rigor técnico seguido si no se consulta a quien fue durante los cinco años responsable de la intervención de gastos y pagos, de los registros contables, del control de la ejecución y rendición presupuestal. Quien además cuenta con sólida formación en materia presupuestal y funcionamiento municipal. Y es hoy nada más ni nada menos una persona de extrema confianza del gobierno”.
“¿Por qué no se acudió al Tribunal de Cuentas para hacer la auditoría y se recurrió a un llamado particular adjudicándose a esta empresa, a un costo de 900.000 pesos que debemos soportar los sanduceros?”, se preguntó antes de entrar a considerar punto por punto los resultados de la consultoría externa y de la denuncia penal presentada el jueves.

SOBRETECHO DE CABINAS EN EL ESTADIO ARTIGAS
Para Bentos, en este particular, “surge el modus operandi que acostumbra usar el Frente Amplio (FA), con denuncias públicas y judiciales que tienen como único objetivo generar a nivel mediático desconfianza en la población sobre la actuación de autoridades de gobiernos anteriores”.
“Todos debemos recordar que actores políticos del FA, obviamente con el respaldo partidario, denunciaron a la Administración Bentos por el aparente pago de sobrecostos y otras irregularidades en la obra”, dijo, lo que “ameritó que desde el propio intendente Bentos, así como una serie de funcionarios, desfiláramos por el Juzgado para dar explicaciones sobre esta falta denuncia”.
“La auditoría celebrada analizó el trámite licitatorio seguido para la adjudicación y pago de esta obra y no realizó ninguna observación que haga a los supuestos de la denuncia realizada”, destacó, y tras citar tres referencias de la auditoría que concluyen que “no se formulan observaciones” dijo: “si esto lo afirma la propia auditora contratada por la IdP, ¿dónde están los sobrecostos pagados y demás irregularidades denunciadas por el FA? ¿Dará una conferencia de prensa la IdP/FA indicando que las denuncias de su momento no tenían ningún fundamento, y pidiendo las disculpas públicas del caso por lo menos?”
“¿Comunicará la IdP también al Juzgado Penal esta conclusión constatada por la auditora por ellos contratada? ¿No le resta credibilidad ante la ciudadanía montar operativos de esta índole, que sus propios asesores contratados de forma independiente desmienten?”, se preguntó.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
Bentos se mostró sorprendido por que “no hay mención a las dos auditorías ordenadas en Tránsito durante la Administración anterior, sobre todo la de setiembre de 2014 donde el informe decía que no se habían detectado irregularidades”. La auditoría -aclaró- fue realizada “por parte de la contadora Patricia Tabárez. En su informe indicó que no se encontraron irregularidades y solamente se sugirieron ajustes menores”.
“Es por lo menos llamativo que la empresa auditora no haya consultado sobre el tema a la que era entonces contadora general y delegada del Tribunal de Cuentas, contadora Patricia Tabárez. La pregunta es ¿no fue consultada o no interesa tener su opinión porque no es conveniente?”, opinó el exintendente.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL
En cuanto a las denuncias por el uso discrecional en la entrega de canastas, dijo que “tales denuncias de irregularidades en su prestación no tienen consistencia y certeza alguna porque la nota que marca cada intervención es la situación de vulnerabilidad social, económica, indigencia de cada usuario. Tal atención alimentaria no tiene fecha, tiene rostro y nombre para el prestador del servicio y esa fue la línea de acción seguida. Frente a la emergencia corresponde darla en forma inmediata”.
“Se señalan casos en que se superponían servicios, siendo tal afirmación inoportuna e inhumanitaria, entonces una persona tiene que sobrevivir con una sola comida diaria. Tal visión se contradice con las reglas alimentarias básicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud”, dijo.
Informó que “muchas veces se suministró servicios de comedor a usuarios que carecían de su documento de identidad. Detectada la problemática, previo estudio se trató de resolverla, pero los tiempos de trámites no son los mismos que de la alimentación, que es de todos los días”. Y aclaró que “en los casos de canasta de pacientes crónicos y de primera infancia, tales servicios eran controlados y supervisados por INDA, y se realizaba conforme a las directivas establecidas”.
“La misma auditoría detecta situaciones a corregir, pero en ningún caso son de entidad que imposibilite la prestación del servicio en cuanto a cantidad, calidad y destinatarios”, expresó.

DIRECCIÓN DE TURISMO
Mostrando un diagrama, al que accedió posteriormente EL TELEGRAFO, dijo Bentos que “estos son diez ejemplos de fechas de pago de solares vendidos en 2013 en Termas de Guaviyú. Todos los compradores efectuaron la cancelación de precio respectiva. Estos pagos corresponden al saldo posterior al remate, y se indica fecha en que se registraron los pagos en banco, habiéndose contabilizado en el mes de cada pago”.
“Todos los pagos, al igual que el único que hizo VAMA por la concesión de moteles (de 25.000 dólares) se registraron de forma centralizada a través de la Contaduría General y Tesorería Central”, expresó antes de indicar que “no podemos afirmar que la empresa auditora actuó con parcialidad, pero por lo menos es posible suponer que ha sido más que obvio que fue inducida de forma política, para que buscara información donde se sabía que no se encontraría”.
Subrayó que “Termas de Guaviyú no vendió terrenos, no tiene autorización para ello. Quien sí está legalmente facultada para enajenar inmuebles es la Intendencia Departamental; además la contabilidad es central, no hay una por repartición, lo mismo que área notarial; por tanto el registro contable de pagos está a nivel de la contabilidad central y la documentación de compra-venta, títulos, etc., a nivel de la Escribanía Municipal. ¡Jamás podría ser encontrada en termas!”
Por otra parte, “tampoco se consultó ni se dice nada de las auditorías hechas por la administración anterior tanto en Tránsito como en Turismo. Todo esto es de absoluto conocimiento de la contadora general y delegada del Tribunal de Cuentas, por lo que es obvio que no se le consultó, como parecería tampoco al escribano (Raúl) Beceiro, responsable de Escribanía Municipal”.
“No hay irregularidades ni la tal 'devastación administrativa' como se sale a decir, sino más bien en algunos casos se utilizan mentiras a medias, es decir la obtención de resultados de forma preseleccionada, a sabiendas de que no se encontraría en el lugar que se busca, lo que se busca (registros de ventas de solares y títulos de propiedad en termas), sin que ello signifique que no existe, sino simplemente que no se ha registrado y canalizado por las áreas que verdaderamente corresponde. Pero lamentablemente el daño ya está arteramente hecho”, expresó con un dejo de tristeza.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Este fue el único tema que no consideró directamente el exintendente, sino que le cedió la palabra a quien fuera titular de la Unidad de Presupuesto Participativo (PP), Roque Jesús. “No hay partidas faltantes, todas están depositadas en una sola cuenta del BROU Nº 488583 Caja de Ahorro, en conocimiento de cada uno de los CAIF y de la IdP y a su disposición. En el período de transición estas situaciones fueron comunicadas y abordadas, desde el primer momento. Así también se le brindó una detallada documentación, tanto de estas situaciones como de todo el estado de entrega de los diferentes proyectos en cuanto a pagos y tramitaciones”, dijo Jesús.
Destacó que le fueron entregadas “copias al doctor (Enrique) Malel, coordinador de la Unidad de PP, la subdirectora de Descentralización de ese momento, doctora Mariela Coiro, y a la señora Liliana Geninazza, actual directora del Departamento de Descentralización, al igual que envío de un archivo igual al intendente departamental de ese momento, para constancia, en julio de 2015”.
“Que quede claro”, aseguró, “esta Administración no constató nada, toda la información y detalle de situación, reitero, le fue informada a las autoridades entrantes”.
La propia constructora en un informe realizado “en forma individual para cada CAIF, se precisó de manera expresa un derecho de crédito a favor de los mismos. Dicho de una forma común la empresa en forma terminante y clara emite una constancia escrita de la disponibilidad de tales recursos y su destino. A su vez pone a disponibilidad del CAIF respectivo o de la IdP, la administración y manejo de los mismos”.
“Son falsas en todos sus términos las acusaciones realizadas en denuncia pública por el intendente departamental Guillermo Caraballo, y su asesor legal, el doctor Álvarez, al igual que las afirmaciones de que se carecía de documentación y que faltaba cierre de obra”, subrayó Jesús.
Tras la conferencia, el exintendente no aceptó preguntas y dijo que esperará el dictamen de la Justicia para “después sí, hablar con su respaldo”.