Opinion | 15 Feb Hace pocas horas comerciantes de la zona de 19 de Abril y Florida se reunieron con los diputados de nuestro departamento Nicolás Olivera y Cecilia Bottino, con el fin de plantearles su creciente preocupación por la ola de delitos que los afecta, a la que calificaron de “situación desbordante”. A pesar de que el reclamo ante las autoridades policiales y departamentales data de mucho tiempo, solo han tenido respuestas parciales, que no han modificado realmente la situación.
Si bien los hechos son públicamente difundidos, en mayor o menor medida se trata de situaciones que se dan en varias zonas de la ciudad, que generan la reacción airada de vecinos que no visualizan respuestas ni atenuantes con el pasar del tiempo. Peor aún, existe la sensación de que no se les atiende debidamente por los organismos del Estado que son responsables de la seguridad pública, como es caso del Ministerio del Interior y la Justicia, sin olvidar la cuota parte del gobierno departamental que implica hacer cumplir determinadas ordenanzas.
En esta oportunidad los vecinos pretenden trasladar su problemática al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando el secretario de Estado se presente en Paysandú, el próximo 21, para participar en la sesión del Consejo de Ministros en Piedras Coloradas.
Los comerciantes han calificado el área de 19 de Abril y Florida como “tierra de nadie”, por los delitos sin aclarar y de extrema frecuencia, sin haber sido siquiera recibidos, según señalaron, por el jefe de Policía y el intendente, para por lo menos contar con la seguridad de que hay acciones en marcha para contrarrestar la ola delictiva.
El Paysandú enrejado, como ocurre en todo el Uruguay, es una clara demostración de que lejos de mejorar la sensación de inseguridad, los hechos llevan a la población por el lado contrario y los derechos humanos --tan mentados por determinadas organizaciones afines a la izquierda y la propia fuerza de gobierno-- hacen hincapié en motivaciones políticas, pero no tienen el mismo celo cuando de la defensa de la población ante la delincuencia se trata.
El ministro Bonomi, como titular de Interior, es el destinatario de los planteos que con toda lógica transmiten al representante de un gobierno que hasta no hace mucho, a través de calificados voceros, responsabilizaba a los propios ciudadanos por su presunta participación en generar bolsones de marginación de donde salen los protagonistas de los delitos. Precisamente este jueves, el ministro del Interior, armado con una computadora portátil, cientos de números y citas a estudios y leyes, se defendió de críticas y reclamos de vecinos de la costa de Canelones, que lo fueron a escuchar al country de Atlántida en una mesa redonda del ciclo “Atardeceres canarios”, organizado por la intendencia de ese departamento.
Como suele hacer ante reclamos puntuales, el secretario de Estado apeló a cifras y conceptos en los que apunta a sustentar que desde que está en el ejercicio del cargo la cola delictiva se ha reducido. Debe reconocerse que en alguna oportunidad Bonomi admitió que la izquierda estaba equivocada en el diagnóstico sobre los orígenes de la delincuencia, que atribuía a una de las consecuencias de la pobreza y la marginación. No todo debe reducirse a este diagnóstico simple e ideologizado, sino que hay núcleos duros y modalidades delictivas que se dan más allá de situaciones económicas y culturales.
De acuerdo con la crónica de El Observador, Bonomi, consciente del aburrimiento que podía generar en el público --de hecho pidió disculpas más de una vez por apelar a cifras y leer documentos--, repasó la legislación vigente, estadísticas delictivas y avances de su gestión. “Yo sé que van a decir que (las cifras de delitos) están bajando porque no se denuncia”, comentó Bonomi, y al instante le respondió a una señora que estaba en primera fila y negaba con su cabeza: “No es cierto, señora”, insistió el ministro. Ahora se denuncia más, dijo, porque la gente tiene más confianza en los policías. Ese y otros comentarios generaban malestar en vecinos que habían llegado de balnearios cercanos como Salinas y El Pinar, que fueron a buscar respuestas a sus miedos y también a ser escuchados.
Expresiones de similar tenor indican que hay insatisfacción creciente en la población, que descree cada vez más en un sistema en el que la Policía surge claramente impotente para combatir la minoridad delictiva. Están ante delincuentes consumados, que además conocen al dedillo sus derechos y se saben intocables, defendidos por un tejido legal que hace que la Policía considere una pérdida de tiempo y esfuerzo siquiera el intentar detenerlos para que queden inmediatamente libres.
Bueno, este es solo uno entre la multiplicidad de elementos que hacen que los vecinos de Paysandú, de cada rincón del Uruguay, sientan que el Estado sigue teniendo como una materia pendiente el ofrecer seguridad a sus ciudadanos. Sobre todo hacia el ciudadano honesto, que está en la lucha diaria para ganar su sustento y que en un abrir y cerrar de ojos ve cómo los delincuentes se llevan lo que muchas veces ha logrado al cabo de toda una vida de esfuerzo.