Nacionales | 19 Feb El Banco República le prestará 66 millones de dólares a cuatro empresas lácteas afectadas por el no pago por parte de Venezuela de sus productos para ayudarlas a mitigar la complicada situación que atraviesan. Durante los primeros tres años las empresas lácteas no deberían devolver lo prestado, en tanto durante los tres siguientes sí deberán hacerlo, pero con una tasa de interés subsidiada, informó El País.
El anuncio fue hecho en la tarde de la víspera en la residencia de Suárez y Reyes por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, a los presidentes de las cuatro principales gremiales lecheras del país.
Vázquez estaba acompañado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre; el de Economía, Danilo Astori; y el presidente del Instituto Nacional de la Leche, Ricardo de Izaguirre. El gobierno enviará rápidamente un proyecto de ley para obtener autorización para conceder esta financiación. Las entregas se harían a un ritmo de U$S 10 millones mensuales y comenzarían apenas se obtenga la autorización parlamentaria.
Los desembolsos permitirían a las industrias no bajar el precio que pagan a los remitentes que ya está en niveles que no les permiten cubrir sus costos.
Por su parte, Astori y Aguerre comparecieron en la Comisión Permanente del Senado para aclarar la delicada situación del sector lácteo. El diputado convocante fue Alejo Umpiérrez, del Partido Nacional, quien aseguró que se consumó una estafa a los exportadores lácteos uruguayos, de la cual es responsable el ministerio de Ganadería, por no haber tomado las precauciones correspondientes. “Nos pasaron la pelota por los caños y abrimos las piernas”, dijo el diputado.
El ministro Astori respondió que “no podemos aceptar que se diga que ha habido estafa”. A su vez dijo que en el Parlamento estaba para discutir de buena fe y que hay temas que para la oposición aún no están claros.
En tanto, Aguerre reconoció que hubo un notorio incumplimiento del gobierno venezolano. El ministro dijo que los negocios con Venezuela los hacían privados y que el gobierno solo brindaba un marco para que los hicieran. Además, dijo no saber por qué hay empresas que no cobraron absolutamente nada (entre ellas, Claldy) y aseguró que había desesperación en el sector lácteo por vender sus productos y Venezuela era el mercado que mejor pagaba. También dijo no saber por qué se pagaban comisiones del 3% en las ventas a Venezuela. La cancelación de la deuda con PDVSA y la constitución del fideicomiso eran “operaciones independientes”, aclaró Astori. “La única responsabilidad del Ministerio de Economía era asegurarle a Ancap recursos para pagarle a la empresa”.

BASSO COORDINÓ COMBATE DE AEDES AEGYPTI
“Las intendencias cumplen un papel central en el combate a los criaderos de mosquitos en el territorio”, señaló el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, luego de participar del Congreso de Intendentes. Descacharre, eliminación de neumáticos en desuso, involucramiento e información a la población y acceso a repelentes, fueron temas tratados, informó Presidencia.
El ministro subrayó que “nuestro país no está improvisando y tiene un plan de contingencia”. “Uruguay está preparado para todos los escenarios posibles, incluso los más complejos, porque si no lo hiciéramos seríamos irresponsables”, afirmó Basso.
Destacó el papel que cumplen las intendencias departamentales en el marco del Sistema Nacional de Emergencias para el combate a los criaderos de mosquitos y manifestó que “juegan un papel clave en el territorio porque desarrollan acciones continuas e integrales”.
Puso como ejemplo que las intendencias están promoviendo jornadas de descacharre para eliminar potenciales depósitos capaces de generar criaderos. Además, informó que en la reunión surgió la necesidad de encontrar una respuesta contundente al problema que generan los neumáticos en desuso. Dijo que también se abordó la importancia de planes operativos en todos los territorios con involucramiento de la comunidad.
El ministro enfatizó que se debe insistir en los aspectos comunicacionales para informar a la población de las medidas de prevención al tiempo que mejorar el acceso a los repelentes.

ARTÍCULOS DE LEY DE MEDIOS INCONSTITUCIONALES
La Fiscalía General consideró inconstitucionales ocho artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque el Poder Judicial aclaró que la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que es quien debe decidir, no acordó “sentencia en ninguno de los procesos referidos” a esa norma.
La conocida como “ley de medios” tiene 202 artículos, de los cuales 131 han sido impugnados por diferentes empresas --como la filial uruguaya de la compañía española Telefónica--, medios de comunicación y hasta por el Partido Independiente.
El Poder Judicial emitió un comunicado en el que aclara que, a pesar de algunas informaciones periodísticas, la SCJ, que es la que tiene jurisprudencia para declarar inconstitucionales o no los artículos de la “ley de medios”, todavía no ha acordado “sentencia en ninguno de los procesos referidos” a la misma.
Además, añadió que los miembros de la SCJ votaron de forma reservada, por lo que se desconocen sus posiciones al respecto, en referencia a informaciones en las que se indica que el organismo ya tendría tomada una decisión frente al recurso que presentó la empresa DirectTV.
En cuanto a las consideraciones de la Fiscalía, el propio organismo señaló en un comunicado que su intervención en estos casos “es preceptiva, aunque la opinión no es vinculante para los ministros de la SCJ que deben decidir al respecto”.
En este sentido, además de considerar inconstitucionales ocho artículos de la ley, la Fiscalía también cree que hay otros 15 que son “parcialmente” inconstitucionales. La Cámara Baja sancionó definitivamente en diciembre de 2014 el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue concebido para evitar los monopolios y oligopolios en el sector.

PIT CNT PIDE CAMBIOS PARA EVITAR CAÍDA DE SALARIO REAL
El Instituto Cuesta Duarte del Pit Cnt divulgó un informe solicitando al Poder Ejecutivo cambios en las pautas de ajuste salarial ante el riesgo de que los trabajadores puedan perder salario real por primera vez desde 2005. “Con una inflación anual de 9,44%, el crecimiento acumulado del salario real en el año (2015) fue de tan sólo 0,39%. En términos promedio, la medida más usual para analizar la evolución del poder de compra, el salario real de 2015 se ubicó 1,56% por encima del de 2014”, señaló el informe que fue recogido por El Observador.
Añadió que el salario real durante el primer semestre de 2015 siguió siendo superior al de iguales meses de 2014, “esta diferencia se fue haciendo cada vez menor. Incluso, en agosto de 2015, el poder de compra del salario se ubicó por debajo del que tenía en agosto de 2014, siendo ésta la primera vez que se verificaba una caída de salario real mensual interanual desde hace al menos 12 años”.
La Central sindical apunta que el propio gobierno no esperaba una desaceleración tan importante del salario pese al enfriamiento de la economía, ya que para 2015 tenía una proyección de crecimiento del 2,5%. El trabajo de la central responsabiliza al rebrote de las presiones inflacionarias como una de las razones fundamentales que está explicando la desaceleración del poder de compra.
“El principal factor es sin duda la mayor inflación verificada el año pasado, ya que aun cuando en 2015 la mayoría de los trabajadores privados contó con correctivos periódicos pactados en la ronda de negociación de 2013, la cada vez mayor brecha entre la inflación proyectada e incorporada en los convenios (5%) y la efectiva (9,44% en 2015), hace que en la comparación mensual, el crecimiento de salario real sea menor en 2015 que en 2014 incluso si los incrementos acordados en ambos años fueran iguales. Esto se ve agravado por el hecho de que muchos convenios firmados en el marco de la quinta ronda de 2013 y que tuvieron sus últimos ajustes en 2015, pactaban incrementos de salario real decrecientes en el tiempo”, detalló el documento.
Cuesta Duarte advirtió que de “no mediar cambios en la aplicación de los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo para la sexta ronda de negociación colectiva,del salario real se agudizará aún más y en un contexto de estabilidad en el ritmo de crecimiento económico, la masa salarial volverá a caer, provocando efectos redistributivos regresivos”.
En enero comenzaron a negociar unos 200.000 trabajadores más cuyos convenios vencieron en diciembre de 2015. Se trata mayormente de trabajadores de sectores de salarios sumergidos --unas 110.000 trabajadoras domésticas y 30.000 trabajadores rurales del sector de granja y forestación--.
“Sin cambios importantes en la posición del Poder Ejecutivo respecto a los lineamientos, es probable que estas negociaciones también se extiendan en el tiempo, con las consecuencias negativas que esto provoca en el salario real medio, fundamentalmente en sectores donde, por sus características, el pago de la retroactividad es más difícil”, alertó.