Paysandú, Martes 23 de Febrero de 2016
Locales | 18 Feb “Negligencia”, “hechos graves” y en determinados casos “de apariencia delictiva” se desprenden de los elementos recogidos por la comisión Investigadora sobre Ancap, a juicio del senador Pablo Mieres, quien divulgó los alcances del documento elaborado por el Partido Independiente y que fundamentan la denuncia penal a efectos de que la Justicia determine la comisión de posibles delitos por directores de Ancap.
Entre las conclusiones a que arribó el Partido Independiente se indica que hay diferentes tipos de responsabilidades: “existe responsabilidad administrativa por ejercer el cargo de manera inadecuada, cuando se actúa con negligencia o ineptitud, o cuando se omite una actuación que era necesaria, o si de las decisiones tomadas se derivan pérdidas al organismo que podrían haber sido evitadas si se hubiera actuado con diligencia”.
Asimismo, “la responsabilidad administrativa se genera por el “apartamiento de las normas aplicables, de los objetivos y metas previstas y el apartamiento inexcusable de los principios y procedimientos de buena administración”, en todos los casos en relación al manejo de dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes estatales (artículo 137 del Tocaf).
Considera que “sólo una enorme negligencia y mala administración puede explicar que Ancap, la empresa más grande del país, que funciona en régimen de monopolio en buena parte de sus rubros, en un contexto de crecimiento de nuestra economía como nunca antes en la historia, con un precio del dólar bajo y con un precio del crudo sin grandes incrementos, cae en situación de insuficiencia patrimonial haciendo necesaria la urgente capitalización por parte del Estado uruguayo, inédita por su magnitud”.
Asimismo, “resulta imposible explicar tal fracaso si no es por enormes errores en la gestión y administración de la empresa. La capitalización aprobada por el gobierno a fines de 2015 y principios de 2016 por un monto de U$SS 622 millones, es la prueba más contundente y definitiva de la enorme gravedad de la situación económico-financiera de Ancap en los últimos años”.
“Aunque con una demora injustificada, el gobierno nacional ha decidido desplazar a las autoridades de la empresa. Resulta una decisión obvia e imprescindible para reencauzar la empresa en una reorientación general de su funcionamiento. Es esperable que esta sustitución, insólitamente todavía en proceso, alcance también al equipo gerencial. La gestión de la conducción de Ancap de estos últimos años ha representado pérdidas acumuladas que ascienden a U$SS 600 millones en los últimos tres años. Esto significa que Ancap no solamente no ha contribuido a Rentas Generales, como era de esperar, sino que dio enormes pérdidas. La relación deuda/patrimonio a fines de 2015, antes de su capitalización, alcanzaba a una proporción de 10 a 1, es decir que se trataba de una situación técnica de quiebra de la empresa”, agrega.
Cuando se analizan las causas que “llevaron a esta desastrosa situación, se encuentran graves errores y enormes responsabilidades de las autoridades que estuvieron a cargo de la administración de Ancap en sus diferentes dimensiones, además de numerosas irregularidades. Por ejemplo, en las cuatro inversiones más importantes del período, las previsiones originales de Ancap se multiplicaron de manera impactante. En el caso de la construcción de la Planta Desulfurizadora la diferencia con la previsión original alcanza a U$S 325 millones, la remodelación de las Plantas de Cemento representa un incremento de la inversión U$S 363 millones, la construcción de la Planta de Cal representó un incremento con respecto a lo proyectado de U$S 53,5 millones y la construcción de la Planta de Bioetanol de Paysandú se desvió en U$S 46 millones. En total, Ancap se sobregiró en sus inversiones, con respecto a los planes originales, en U$S 787,5 millones; pasando de una inversión estimada de U$SS 403 millones a una inversión efectiva de más de U$S 1.100 millones”.
Por las evidencias emanadas de las cifras manejadas inicialmente en el rubro inversiones, y las realmente realizadas o en proceso de realización, “no cabe dudas de que dentro de la gestión de Ancap hubo por lo menos un muy equivocado cálculo de las mismas, y eso trajo como consecuencia inmediata, un incremento importantísimo de los gastos y costos asociados a dichas inversiones. Los costos operativos vinculados a las mismas fueron muy superiores a la rentabilidad obtenida por las mismas. Es evidente que existió ineptitud en las estimaciones y el uso del mecanismo de lograr la aprobación de las inversiones por ciertos montos y después ir incorporando nuevos costos es una conducta totalmente inapropiada”, sostiene la conclusión del informe del Partido Independiente.
Además del “gigantesco desvío” ocurrido en la previsión de los costos de las inversiones realizadas, Ancap durante el período considerado destinó U$S 344 millones para capitalizar a algunas de sus empresas vinculadas. “Es así que ALUR fue capitalizada por Ancap en U$S 117 millones, Cementos del Plata en U$S 100 millones y Ancsol en U$S 80 millones. Esto sin contar que a fines de diciembre de 2015 se anunció en la prensa que, justo en la semana en que el Estado debía capitalizar a Ancap, ésta, a su vez, capitalizó otros U$S 24,5 millones en Cementos del Plata. Otro aspecto a considerar en la evaluación de las pérdidas de Ancap es la existencia de subsidios cruzados, fundamentalmente el referido a la compra de etanol, que afectan los resultados de la empresa y que seguramente están incorporados en los costos de producción y, por lo tanto, se refleja en las tarifas de nuestros combustibles”, indica.
Cuestiona asimismo el informe la política de endeudamiento de Ancap, que “fue totalmente equivocada y ha estado guiada por los peores criterios en la materia; es una deuda en dólares cuando Ancap recauda en pesos, tiene vencimientos de cortísimo plazo y fue contraída con bancos internacionales con los que es muy difícil renegociar. Ancap hizo todo lo contrario de lo que era razonable y de lo que ha sido la estrategia de endeudamiento del gobierno nacional. Las deudas financieras de Ancap tienen un plazo promedio de vencimiento de seis meses, mientras que el promedio de vencimiento del endeudamiento del país son once años”.
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