Opinion | 19 Feb En un mundo donde escasean las certezas, puede decirse sin temor a equívocos que se sabía de antemano el resultado que tendría la reunión de la Cámara de Senadores en que fueron presentados los cuatro informes sobre el trabajo de la Comisión Investigadora de Ancap. Por ejemplo, no cabían dudas que como efectivamente ocurrió, la mayoría regimentada del oficialismo aprobó sin fisuras el informe propio aprobatorio de la gestión de Ancap, y a la vez descartó el planteo de la extensión del plazo para seguir investigando.
Como sostiene el refrán, el que se quema con leche ve la vaca y llora, y en este caso, en la única comisión investigadora que se avino a votar el Frente Amplio en más de una década de gestión --“para que se dejen de joder”, como manifestara la señora senadora Lucía Topolansky--, el trabajo de los parlamentarios permitió sacar a luz errores y horrores de gestión que se decía muy sueltos de cuerpo que no existían, a la vez de proclamarse que la situación financiera del organismo era saneada y no había nada que ocultar.
Pero ahora, lo que nadie puede dudar, ni siquiera el más despistado, es que existe un déficit de mil millones de dólares en el organismo, que se generó en años de la década de bonanza de que gozó el país por las favorables condiciones internacionales, y donde pese a que el precio del petróleo está regalado y que tenemos los combustibles más caros de la región, el organismo igualmente registró enormes pérdidas por una gestión delirante, aunque hay decisiones éticamente reprobables y manejos de un sesgo que indica corrupción, aunque no sea fácil probarlo en tribunales.
La pregunta del ciudadano, el que tiene que pagar esos mil millones de dólares para recapitalizar Ancap, es hacia donde se esfumó esa fortuna, que tiene que reponer cada uno de su bolsillo, aunque el expresidente José Mujica en su acostumbrada verborragia bolichera intente tomarnos por tontos al señalar que no se trata de dinero que se perdió, sino que se pasa el rubro de una columna a otra y todo solucionado.
En la sesión del Senado a que nos referimos, como era de esperar el Frente Amplio aseguró que estaba todo en orden, lo que por supuesto ya es desmentido por haber tenido que votar hace un mes un rescate millonario para cubrir las pérdidas de mil millones de dólares porque la empresa estatal petrolera, monopólica por añadidura, estaba técnicamente en quiebra.
Con un mínimo de objetividad y sentido común, por encima de partidarismos, surge claramente que un organismo monopólico estatal, que puede fijar los precios a su antojo, no puede presentar --no debería-- un déficit de mil millones de dólares en una década de particular bonanza, por lo que hubo enormes deficiencias de gestión que pese a todo son defendidas desde el gobierno. En este desfasaje seguramente inciden los cuantiosos recursos desviados a empresas subsidiaras como ALUR, entre otras, que pertenecen a Ancap pero se rigen por el derecho privado, y sus “inversiones” no pasan por el control parlamentario, lo que indica que hay un amplio campo en el que se pueden aplicar políticas y decisiones discrecionales, aunque con el dinero de todos los ciudadanos.
De acuerdo a los elementos recogidos en el trabajo de la investigadora, los partidos de la oposición describen los manejos, en algunos caso hasta burdos, lo que indica que se desarrollaron bajo un manto de pretendida impunidad, e incluso dando lugar a ciertas actividades “de apariencia delictiva”, y sumatoria de decisiones que llevaron a la principal empresa del país al estado en que se encuentra.
Ahora, desde el gobierno se insiste en que nadie metió la “mano en la lata” --lo que aún está por verse-- pero haya habido o no corrupción, el hecho incontrastable e irreversible es que se esfumaron, se perdieron en el camino mil millones de dólares de los que nadie quiere hacerse responsable en el gobierno, aunque es notorio que hay culpas compartidas.
Desde el grupo de Raúl Sendic, expresidente del organismo, y del sector de José Mujica, se sostiene que Ancap podía haber evitado buena parte de ese déficit si se le hubiera permitido subir los combustibles en su momento, lo que dicen les fue negado por el Ministerio de Economía y Finanzas --a cargo del sector de Danilo Astori-- como una vía de combatir la inflación, en tanto desde este grupo se niega tal directiva.
Pero si así hubiese sido, el combatir la inflación por la vía tarifaria le salió a los uruguayos centenares de millones de dólares por la vía de un subsidio encubierto, con el fin de evitar que los precios saltaran por encima de la barrera del diez por ciento en año electoral, lo que es también un manejo de política económica poco transparente.
El déficit en la gestión rompe los ojos, las intenciones no aparecen tampoco como atendiendo el beneficio general ni nada que se parezca, el agujero de mil millones de dólares es indefendible y por lo tanto el manejo del dinero de todos los uruguayos a través de la monopólica Ancap ha sido por lo menos inescrupuloso, desaprensivo, y displicente, por ser benignos en los calificativos.