Opinion | 25 Feb Hace pocas horas el presidente Tabaré Vázquez sorprendió a propios y extraños al anunciar que ha nominado a la ingeniera Marta Jara Otero para ocupar nada menos que la presidencia de Ancap, lo que aparece como una vuelta de tuerca respecto a los pergaminos que suelen caracterizar a quienes son designados para ocupar los directorios de las empresas públicas, y en este caso con una significación especial, por tratarse de la petrolera estatal, monopólica, que en los últimos años ha perdido la friolera de unos mil millones de dólares, con muchos puntos todavía para aclarar.
Jara estudió Ingeniería Química en Argentina y luego vivió varios años en México, donde dirigió Shell y figuró en la lista de las 50 mujeres más poderosas de ese país.
En un comunicado de Presidencia, se informó que Tabaré Vázquez designó a Marta Jara Otero como nueva presidenta del citado organismo, luego que la ingeniera química se desempeñara como gerenta general de Gas Sayago, una empresa que se rige por el derecho privado y que también a la vez ha dado lugar a cuestionamientos por el fracaso que ha tenido hasta ahora este proyecto, aunque no por los mismos elementos que han tenido incidencia en Ancap.
Jara es ingeniera Química de la Universidad de Buenos Aires y Master in Strategic Finantial Management (Kingston University, GB), tiene 23 años de experiencia internacional en el sector de hidrocarburos, especializándose desde el 2001 en el negocio de gas natural y GNL. Participó en los desarrollos de las terminales regasificadoras de Altamira (2004) y Ensenada en México (2008).
De 2009 a 2012 presidió las compañías de Shell en México, entre ellas las Joint Ventures dedicadas a activos y comercialización de gas natural. Desempeñó cargos ejecutivos en cámaras industriales en el sector de energía, medio ambiente, comercio exterior, tecnología, inversión y gobierno corporativo.
Fue presidente de la compañía que desarrolló la primera terminal regasificadora en Latinoamérica (México 2003), y fue ranqueada entre las 50 mujeres más poderosas de México. Es miembro de Young Presidents Organization y del International Women Forum, y ocupó cargos ejecutivos en cámaras industriales. En agosto de 2012 se repatrió a Uruguay para tomar la Gerencia de la Regasificadora de GNL del Plata.
Es decir, que estamos ante una profesional que ha acreditado en la academia y en la actividad profesional sus credenciales, o por lo menos no se le puede negar amplios conocimientos y experiencia en el tema. Este solo aspecto ya muestra una marcada diferencia con los criterios que suelen ser el común denominador para la designación de las máximas jerarquías en los organismos del Estado, sobre todo en las empresas públicas, donde se prioriza o se tiene en cuenta exclusivamente aspectos político-partidarios para regir lo que por regla general son enormes complejos burocráticos, con una visión mimetizada de empresa con objetivos políticos. Y si no que lo diga Antel, con su megaproyecto centralista --pero pagado por todos los uruguayos-- del Antel Arena para beneficio de la Intendencia de Montevideo, porque por mala gestión ésta se quedó sin dinero para hacerlo para disfrute de los capitalinos.
Pero estos criterios han sido una constante a lo largo de la historia política uruguaya, y tanto entes del Estado como embajadas han sido una especie de premio consuelo para candidatos que no obtuvieron los votos para ser electos, con el “mérito” de ser personas de confianza o amigos de quien ocupara la Presidencia, o para potenciar carreras políticas al amparo del dinero dulce y generoso de los entes del Estado, cualquiera sea la calidad de la gestión.
Ello ha sido posible además por la ambivalencia en la razón de ser de las empresas públicas, que son un instrumento de políticas de Estado, generalmente, con la idea central de aportar a Rentas Generales amparadas en el monopolio que les permite fijar precios o tarifas a su antojo, incluso en áreas colaterales más allá de su competencia, y por lo tanto han sido regidas por una concepción más política que técnica. Aunque, a la hora de evaluar la gestión, la economía, que es porfiada en cuanto a sus reglas, no acepta chicanas y la plata está o no está.
Pero, naturalmente, el caso de la gestión de Ancap de los últimos años ha sido paradigmático, al punto que pese a ser favorecida con precios del crudo que están por el suelo, una pésima gestión desprovista de todo indicio profesional o de conocimiento del tema, ha hundido a la empresa y nos ha hecho perder a los uruguayos unos mil millones de dólares.
Bueno, la expectativa es que la designación de profesionales calificados al frente de una empresa de estas características no quede solo en una señal solitaria de que se está dispuesto a transitar por un camino distinto, sino que forme parte de una concepción adecuada a la realidad y las necesidades en la conducción de las empresas del Estado. Sin dudas, por eso no van a perder su concepción como instrumento de políticas de Estado, desde que siempre van a estar supeditadas a los lineamientos políticos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Poder Ejecutivo.
Pero sería un avance que puedan transparentar su gestión, con plan de negocios y objetivos claros, para empezar a recuperarlas para los supuestos “dueños”, los uruguayos todos, que las financiamos, aunque sigan adoleciendo de sobrecostos e ineficiencia por la gran burocracia que las condiciona, a cuenta de una transformación integral para hacer de ellas lo que más sirva al país y no solo a quienes se sirven de ellas.