Locales | 22 Feb El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, firmó tres convenios ayer, dos de ellos vinculados al desarrollo de la salud rural. Justificó estos acuerdos siguiendo una política de “promover la complementación entre prestadores” como “parte de la política de profundización del Sistema Integrado de Salud” y para “mejorar la accesibilidad de la población más alejada de la ciudad”.
Se destaca el convenio firmado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Corporación Médica de Paysandú (Comepa) en la sede de la Dirección de Salud para el uso compartido con Comepa de las ambulancias de ASSE en Piedras Coloradas y Orgoroso, lugares donde a su vez Comepa pondrá un médico para que la policlínica atienda también los domingos, teniendo una cobertura los 365 días del año y representando claramente la política de complementación, así como se firmó otro entre ambas instituciones por el que se buscará mejorar los servicios en el interior rural.
También se firmó, pero en la Intendencia de Paysandú –con participación además de ASSE, Comepa y el Ministerio de Defensa-- la entrega de dos camionetas equipadas para el servicio del plan Ropas (Rondas Preventivo Asistenciales). Este plan implica la realización de rondas de atención en localidades con menos de 5.000 habitantes de manera de brindar asistencia integral.

ESPECIALMENTE EQUIPADAS
Juan Gorosterrazú dijo que estas dos camionetas equipadas especialmente para los caminos rurales “nos permitirá llegar mejor a esos usuarios, tanto sean de ASSE o de Comepa, y dentro del Plan de Salud Rural”. El convenio implica que el Ministerio dispone de los móviles, ASSE y Comepa ponen el personal médico y de enfermería, así como pagan el combustible, y la Intendencia y el Batallón Nº 8 ponen el chofer para cada móvil.
Destacó que estos convenios “son sustantivos para la política del Gobierno nacional, definida en el Plan Estratégico del Ministerio de Salud”, buscando que “los actuales recursos funcionen coordinadamente y de manera más eficiente en una lógica de complementación y no de competencia. Es una complementación que hará posible llegar mejor a la atención de la salud en el interior del departamento”, culminó el director departamental de Salud.
El ministro Basso firmó el convenio como regulador de las políticas de salud, y también lo suscribieron el intendente Guillermo Caraballo, la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la presidenta de ASSE Susana Muñiz y el presidente de Comepa, Milton González Montemurro.

AMBICIOSO ACUERDO
Si bien ASSE y Comepa ya han firmado convenios de este tipo, “este es más ambicioso porque incorpora equipamiento con una serie de planes en áreas rurales, orientados a mejorar la accesibilidad de la población más alejada de la ciudad”, dijo el ministro, que recordó que el Sistema Integrado de Salud tiene 43 prestadores privados en todo el país, y a ASSE como prestador público en todos los departamentos. Destacó que se destina a la salud 9,2 % del producto interno bruto, lo cual equivale a 4.500 millones de dólares, y “por ello es importante optimizar los recursos”.
Por su parte, el intendente Guillermo Caraballo destacó la importancia de este convenio para que los ciudadanos del interior departamental se asienten en su lugar natal, y así puedan desarrollarse, destacando la necesaria complementariedad de la salud pública y la privada para fortalecer las políticas de salud en el área rural.
Más tarde, Basso visitó las instalaciones del Hospital Escuela del Litoral “Luis Galán y Rocha” y el edificio de la Corporación Médica de Paysandú (Comepa), particularmente las salas de maternidad, “de nacer” y las de imagenología de ambas instituciones.

“COMISIONES” POR
CAMBIAR DE PRESTADOR
El ministro se refirió también al caso de las personas que ofrecían una retribución para cambiar de prestadora, dos de las cuales fueron procesadas, ya que es una acción legalmente prohibida y “hay que hacer cumplir la ley e iremos hasta el fondo del tema”. Basso recordó que la intermediación lucrativa es un delito, y que “los usuarios tienen derecho a elegir una institución en función de la calidad y prestaciones, pero es inadmisible que sea a cambio de dinero”.
“No es un tema nuevo, el Ministerio de Salud Pública lo venía percibiendo y oportunamente hizo la denuncia penal para que se investigara”, informó Basso, detallando que “el área de Delitos Complejos del Ministerio del Interior identificó esta situación muy rápidamente” y hubo dos procesados.