Opinion | 23 Feb El acceso a la información pública en poder del Estado es un derecho de todas las personas sin discriminación. Se trata de un derecho importante para la protección de otros derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros.
Uruguay cuenta desde 2008 con una Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381) cuyo objetivo fundamental es promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.
Lentamente, los ciudadanos comienzan a ejercer este derecho, no sin tropiezos frente a realidades de organismos que aún manifiestan ciertas resistencias o simplemente tienen tal caos en su información que es imposible poder dar respuestas en tiempo y forma.
Ahora, mediante el Sistema de Acceso a la Información Pública, los ciudadanos podrán realizar solicitudes vía web a los organismos que se incorporen a dicho sistema.
Se trata de una nueva herramienta mediante la cual las personas físicas y jurídicas pueden realizar solicitudes de acceso a la información pública, mediante Internet, a los organismos que cuenten con el sistema. De una manera fácil y gratuita, se puede seguir el estado de una solicitud en cualquier momento y lugar sin necesidad de trasladarse.
La finalidad del Sistema es facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública y mejorar la gestión de las solicitudes en los organismos, al permitir la obtención de información consolidada, confiable y actualizada.
Pueden ser usuarios del sistema las todas las personas físicas y jurídicas sin distinción de edad, nacionalidad o cualquier otra condición. Solo es necesario contar con acceso a Internet y tener una dirección de correo electrónico.
Por el momento los únicos organismos incluidos son la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) y la Unidad de Acceso a la Información Pública, aunque se anunció que en el correr de este año otros organismos se integrarán al sistema.
El acceso a la información potencia la calidad de la democracia pero para ser ejercido este derecho es fundamental que los ciudadanos sepan que lo poseen y cómo ejercerlo. Contar con herramientas que faciliten este ejercicio resulta fundamental en el contexto de un país que ha apostado fuertemente al gobierno electrónico y en el que, gracias al Plan Ceibal y ahora el Ibirapitá, prácticamente en todos los hogares hay computadoras.
Lo que se requiere ahora es que realmente los organismos del Estado hagan un esfuerzo de transparencia activa, cuenten con profesionales especializados en gestión de información (archivólogos o bibliotecólogos) y sean capaces de brindar en tiempo y forma la información requerida por los usuarios del sistema. El derecho de acceso a la información pública es de cada ciudadano pero el beneficio es de todos.