Opinion | 27 Feb El operativo que se desarrolla esta semana a través de la acción conjunta de efectivos de la Guardia Republicana, Jefatura de Policía e inspectores de la Intendencia Departamental para el control severo de vehículos en la vía pública cuenta con la aprobación de la enorme mayoría de la población, que está harta de que ante sus ojos se violen impunemente no solo reglas de tránsito, sino elementales normas de convivencia y derechos, al tiempo que los malvivientes aprovechan el descontrol para delinquir en “pedazos de motos” sin identificación.
Si bien estamos ante una problemática concreta, el tránsito, no es menos cierto que se trata solo de un aspecto de una permisividad flagrante que sufrimos a diario los sanduceros. Este estado de cosas va en detrimento de quienes sí respetan las normas, los ciudadanos que ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones, como corresponde a un Estado de derecho.
El déficit en los controles refiere sobre todo a motocicletas, que son las que generan los mayores problemas por tratarse de un vehículo accesible, tanto por personas que no tienen otras posibilidades de desplazamiento rápido en la ciudad como por desaprensivos que cometen desmanes con motos “armadas” o hurtadas. Además, muchos jóvenes encuentran en infringir la ley una forma de entretenerse y ganar “fama” entre sus pares, que se conjuga muchas veces con la ingesta de alcohol y drogas.
Tal panorama es consecuencia de omisiones que han atravesado administraciones de todos los partidos en el gobierno departamental, pero además porque hasta no hace tanto buena parte de la ciudadanía se oponía férreamente a la implementación de controles rigurosos, por considerarlos actos “fascistas” (¿?) y de gobiernos “opresores”. En buena medida es cambió, porque como era de suponer, tal anarquía terminó desbordando al propio “pueblo” que sufre las consecuencias, cuando todos los meses “desaparecen” cientos de motos en manos de los delincuentes, que las usan tanto para desguace y venta de partes como para perpetrar arrebatos y otros delitos.
De esta forma, la ciudadanía en su conjunto es víctima --de múltiples formas-- en una situación apañada por la tolerancia a quienes violan impunemente ya no la reglamentación departamental, sino hasta la recientemente aprobada Ley de Tránsito.
Bueno, un gobierno departamental del Frente Amplio, por lo pronto, con buen tino, empezó a hacer se debió hacer hace mucho tiempo, aunque por ahora de carácter excepcional.
En sí, lo que ahora es una excepción, debería ser la regla, sin necesidad de procedimientos específicos espectaculares, sino como parte de una rutina que deje en claro que las calles no pueden ser tierra de nadie, que las normas deben ser acatadas. Y quien no lo haga, debe hacer frente a las responsabilidades del peso de la ley, por más benignidad que tenga nuestro sistema legal y ambigüedades para ejercer la autoridad delegada de la ciudadanía.
Un ejemplo claro de cómo se debe actuar se puede observar en los efectivos de la Guardia Republicana, la Policía y los inspectores de Tránsito, quienes han podido desarrollar sus operativos en todas las zonas de la ciudad sin ningún problema, han detenido a quien correspondía detener, pidieron documentación e incautaron motos, persiguieron a quienes querían eludir los controles y los obligaron a detenerse. Y en esta oportunidad no fueron objeto de pedreas, repudio e insultos de vecinos defendiendo a delincuentes. Hasta contar con el apoyo de la fuerza de choque nacional, los inspectores de Tránsito y la Policía no podían trabajar en zonas complicadas de la ciudad debido a que eran rodeados por vecinos y apedreados, objeto de burlas y escarnio por quienes tienen connivencia con delincuentes o infractores consuetudinarios. Así, optaban por retirarse para que las cosas no pasaran a mayores, sin poder ejercer los controles.
Lejos de ser un “triunfo” civil ante los “represores”, estos casos implicaban una derrota más para la vigencia de la ley, para el ciudadano común, el trabajador, el que cumple con sus obligaciones y a quien le son retaceados sus derechos por quienes cultivan valores que solo hacen hincapié en derechos y pretenden no tener obligaciones de ningún tipo.
No puede obviarse que la represión forma parte de una compleja interrelación de deberes y derechos, que el ejercer actos punitivos hacia quienes contravienen las normas --como establece precisamente el ordenamiento legal-- es un recurso legítimo inherente a la protección del ciudadano que tiene en el derecho la forma de defenderse contra los agresores.