Opinion | 04 Mar Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que uno de los cambios cualitativos que se han registrado en los últimos tiempos en las calles de Paysandú, que esperamos se prolongue y no resulte efímero, como tantas cosas, y que tiene un amplio respaldo social, es la tranquilidad que significa la reducción drástica en el número de motociclistas infractores, con escapes libres, picadas, reuniones ruidosas, robos, provocaciones, como consecuencia de la acertada convocatoria a efectivos de la Guardia Republicana en apoyo a los inspectores de Tránsito y la Policía para intentar controlar el caótico tránsito de Paysandú.
Pero a la luz de los resultados, debe tenerse presente el porqué ha debido llegarse a la represión, naturalmente en aplicación de la ley vigente y las normas que eran y son violadas sistemáticamente por quienes han hecho una jungla de las calles de la ciudad. Este razonamiento nos lleva inevitablemente a confirmar que la decadencia en valores, el déficit de educación y formación en el hogar, en las instituciones de enseñanza, en la propia sociedad, son parte de la masa crítica que ha llevado a que solamente a través de los actos punitivos y el control firme hacia quienes se sienten dueños solo de derechos y no de obligaciones, que piensan que pueden avasallar los derechos de los demás sin que tengan que rendir cuentas ni responder por sus actos ante la propia sociedad representada por las instituciones del Estado que deben velar por la población ante estos excesos.
La actuación, además, de los efectivos en el control y represión de delitos como arrebatos, identificación de personas en actitud sospechosa, entre otras acciones, son parte de mecanismos disuasivos hacia los delincuentes y en consecuencia, van en el camino de proteger a los ciudadanos indefensos ante los desmanes consuetudinarios de delincuentes, aunque se mantiene el déficit en lo que refiere a controlar y contener menores infractores sobreprotegidos por leyes que van a contramano de la realidad y lejos de defender al ciudadano, son una especie de licencia para actos delictivos cometidos por menores.
En definitiva, el contar con el brazo punitivo en apoyo a la ley no es cosa de “fachos”, sino una necesidad para defensa del ciudadano, del jubilado, del que cumple con sus obligaciones, del que trabaja ocho horas diarias y más y se encuentra que en un abrir y cerrar de ojos los delincuentes le llevan lo poco o mucho que ha podido reunir en toda su vida activa; del comerciante que ha reunido un pequeño capital a costa de sacrificio, del conductor que respeta las reglas y en un momento es embestido o despojado de sus bienes por criminales que se pierden en la noche y se escabullen al brazo de la ley.
En esta misma línea debe evaluarse el cambio dispuesto en la jurisdicción de Policía Caminera, la que tenía hasta ahora jurisdicción nacional pero su competencia se restringía a las rutas. Desde el 22 de febrero, cambió de nombre y pasó a llamarse Dirección Nacional de Policía de Tránsito y, con ello, pasará a cumplir "tareas de prevención y represión de los delitos en rutas, calles y caminos vecinales de todo el país", según expresa un comunicado del Ministerio del Interior recogido por El Observador.
Así, ya no serán solo los inspectores de Tránsito de cada intendencia quienes impongan multas a los conductores en infracción, sino que a ellos se les sumarán los agentes de la flamante Dirección Nacional de Policía de Tránsito (DNPT).
"Además del control del tránsito y actuaciones en materia de delitos que se realizaban sobre las rutas nacionales, lo harán también a nivel departamental, lo que incluye a plantas urbanas y caminos vecinales, en conjunto con las brigadas departamentales", dijo a la Unidad de Comunicación del ministerio (Unicom) el comisario general Osvaldo Molinari, director de esa dependencia.
Hasta ahora "se daba una particularidad que, si ocurría una infracción de tránsito en una calle (por ejemplo en Montevideo, en Camino Maldonado y Roma), la Caminera no podía aplicar una sanción a esa contravención, porque no era ni ruta ni camino nacional. En cambio, si existía un arrebato o una rapiña, como deber policial, sí teníamos el deber de actuar. Por lo tanto, con estos nuevos criterios se unifica la competencia total de actuación", agregó el jerarca.
Igualmente, el vocero de la dependencia, Daniel Segovia, aclaró que aún no está definida la fecha en que la DNPT ingresará a las ciudades a fiscalizar vehículos.
El comunicado de prensa expresa que "las brigadas de Policía de Tránsito departamentales seguirán dependiendo de cada Jefatura como hasta ahora, y contarán con la supervisión técnica de la DNPT participando, cuando así se requiera, en operativos en conjunto.
Se está recabando información y analizando la situación vial dentro de cada ciudad a fin de saber cuáles son los puntos críticos y así poder coordinar acciones con las brigadas y otras unidades, en los lugares que se establezca que son los más demandantes".
Como en tantos órdenes de la vida, seguramente habrían dos bibliotecas para evaluar si es positivo que se concrete esta innovación, pero sin duda de lo que se trata es de que se genere conciencia de que no se puede andar por la vida como en los tiempos de las cavernas, y mucho menos en el tránsito, sino que hay normas que hay que cumplir en salvaguarda propia y de los demás, y en la medida en que mejor cumplamos con nuestras obligaciones, menos peligrosas serán nuestras calles.