Opinion | 05 Mar En la misma jornada en que se conoció que con la inflación de febrero el guarismo anualizado de Índice de Precios al Consumo había superado los dos dígitos, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reconoció que hay un desequilibrio importante a corregir en la economía, y que entiende pertinente modificar alguna posición dominante en el rubro alimentos y bebidas.
En ambos casos tiene razón, solo que le faltó reconocer la cuota parte del Estado, el ingrediente de los costos que éste aplica por su presión sobre los sectores reales de la economía, para más o menos completar el origen o incidencia de los desequilibrios que han llevado a esta situación. No obstante, durante la campaña electoral el partido de gobierno hizo hincapié en que no era necesario practicar ajustes fiscales ni de otro orden, porque la economía marchaba bien.
El punto a destacar igualmente es que Astori anunció, tras conocerse el nuevo dato de la inflación, que el gobierno profundizará las medidas para que “este desequilibrio no pueda consolidarse en la economía uruguaya”. Es que, por primera vez desde agosto de 2004, la inflación superó el 10%. Desde febrero del año pasado, los precios al consumo subieron 10,23%, según los datos difundidos el jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Si bien una inflación de dos dígitos no tiene consecuencias inmediatas, los analistas entienden que es una barrera psicológica que puede generar mayores tensiones en la negociación sindical y complicar la convergencia de las expectativas al rango objetivo de gobierno, que es de entre el 3% y el 7%, pero que nunca se ha cumplido desde su implantación. Además, deberá convocar al consejo superior de negociación colectiva del sector público, donde se decidirá si habrá o no una corrección de los acuerdos salariales.
Durante el último mes, el incremento de precios fue de 1,6%, muy influido por el aumento de los impuestos a los cigarrillos y el tabaco, que explicó 0,33 puntos porcentuales éste. Otro elemento que explicó la fuerte suba del mes fue el rubro alimentos y bebidas, cuyos precios se ajustaron 1,3%. Las frutas subieron 6,8%, y panes y cereales 1,9%. A su vez, el rubro de vivienda se encareció en su conjunto 1,7%, llevado por el efecto de arrastre de las subas de tarifas de enero (en particular, la energía eléctrica).
A juicio de Astori, hay varios factores que explican el incremento: “Enero y febrero fueron meses de una intensa devaluación de la moneda uruguaya. Y eso en una economía donde la cotización de la moneda extranjera pesa, se refleja en la evolución de la inflación”, lo que es enteramente cierto. El ministro recordó el aumento en las tarifas públicas, las que “durante un largo tiempo evolucionaron por debajo de la inflación”, pero se llegó al momento de “tener en cuenta la situación de las empresas, para que puedan financiar sus costos de operación e inversiones”.
Otro punto que Astori destacó fue que “en materia de alimentos y tabaco se dio una incidencia muy significativa sobre la inflación. Basta repasar el peso que el precio de los alimentos tuvo, como el peso del impuesto contra el tabaco, el cual forma parte de una línea estratégica del gobierno, gravamen que explica cuatro décimas del 10,23% que se conoció”. el jueves.
Apuntó que en los últimos días se han constatado “aumentos sorprendentes de precios” en el rubro alimentos y bebidas, por lo que anunció que solicitará un análisis al Consejo de la Defensa de la Competencia que funciona en la órbita del MEF, con el fin de determinar si hubo abusos. “Defender la competencia es también un arma importante contra la inflación”, puntualizó, y sobre las medidas que llevará adelante el gobierno, Astori precisó que primero se aplicará “mucha disciplina y rigor” en el campo monetario.
“Hemos conversado con el titular del Banco Central del Uruguay y estamos en total sintonía con la institución para restringir el volumen de dinero en circulación”, acotó. El ministro dijo que hoy en el país hay una “sobreoferta de dinero” y que tomar medidas de mayor restricción en la circulación de moneda “no originaría ningún trauma económico, sino que es ir en dirección de lo que estamos viendo en la economía uruguaya”.
Lo que realmente asombra, de todas formas, es que el ministro diga que se ha “sorprendido” por los aumentos de febrero en los rubros de alimentos y bebidas, y que además considere que el exceso de oferta de dinero en plaza explica las presiones inflacionarias, como aspectos a destacar.
Primero, debe tenerse presente que el aumento de los precios de alimentos y bebidas, que son los que más afectan a los sectores de menores recursos y la familia promedio, no es un factor que se haya dado en enero y febrero, pese que cobraron mayor impulso, sino que sistemáticamente se vienen registrando estas subas cada 15 días o un mes, con mayor intensidad desde mediados del año pasado, y el “acuerdo” de precios con las grandes cadenas de supermercados no solo fue efímera, sino que en muchos casos los precios en las góndolas ni se dieron por enterados.
Pero además es evidente que los mayores costos se van sumando, partiendo del propio Estado, que ante el déficit fiscal que ahora llega al 3,8% del Producto Bruto Interno, ha reajustado en el orden del 10% las tarifas de las empresas públicas, y si bien se argumenta que esta vez se ha aumentado el equivalente a la inflación cuando antes había sido menor, con más razón ello agrega leña a la hoguera de la inflación, que ya era significativa con las tarifas contenidas artificialmente. Incluso el “premio” que UTE brinda sobre fin de año a los usuarios que ahorran energía, consistente en una rebaja en la tarifa de diciembre, es un engaño evidente a la estadística que conforma el índice inflacionario, y en los hechos fue implementado con ese fin encubierto.
Entonces, si bien es de recibo que debería haber más competencia y siempre corresponde vigilar posiciones dominantes en el mercado, no puede pedirse responsabilidad a los privados cuando los desequilibrios los causa el Estado.
Para contener el déficit fiscal, notoriamente el gobierno ha soltado la mano a la inflación, azuzada por tarifas públicas y un tipo de cambio en aumento que ha desnudado los graves problemas estructurales que aún subsisten, sin poner algún acento en la productividad, que es la mejor manera de producir bienes y servicios a menor costo.