Locales | 06 Mar Las intendencias y los municipios tendrán que acordar sobre cómo se invierte en cada localidad, ya que si bien los municipios son los destinatarios de las partidas del gobierno nacional, es la Intendencia la que ejecuta las obras e inversiones, dijo a EL TELEGRAFO el director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía.
La extensa nota hecha con el jerarca del proceso descentralizador aclara varios aspectos de un co-gobierno que hasta ahora no estaba demasiado claro para algunos de sus mismos actores. “Nosotros transferimos dinero para financiar los programas presupuestales municipales. No enviamos dinero a los municipios, aunque tienen derecho a ejecutar sus programas presupuestales, pero cumpliendo las normas y coordinando con la Intendencia. Los municipios no son autónomos, son parte del sistema departamental de gobierno”.
“La distribución del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios fue establecida por ley y reglamentada por la Comisión Sectorial de Descentralización. Es un fondo que será creciente durante el quinquenio, este año equivale a 400 millones de pesos de enero de 2015, o sea que serán unos 450 millones, y subirá a 600, 800 y 1.000 millones de pesos hasta 2020. Eso se reparte entre todos los departamentos del país y a cada municipio según tres criterios: el 10% del fondo es en partidas fijas, que actualmente son $ 892.000 por año y por municipio. Esta partida no tiene destino, es de libre disponibilidad y se lo da el gobierno departamental”, dijo el jerarca.

HAY 300 MILLONES
Consultado si es lo que se utiliza normalmente para el pago del sueldo del alcalde, respondió: “Sí, la partida del quinquenio anterior se utilizó para los sueldos, aunque no hay ninguna disposición legal que así lo establezca, y cada departamento puede tomar una decisión distinta. Hay una segunda partida que este año va a ser de 300 millones de pesos entre todos los municipios, pero teniendo en cuenta la densidad de su población, las necesidades básicas insatisfechas y el capital humano. Por lo tanto, está distribuida inversamente a las condiciones de vida. Cuanto más jorobada está la gente de un municipio, más recibe”. Dijo que de esta partida (literal B), “hasta el 40% puede ser usado en gastos de funcionamiento, que puede ser el pago del agua, la luz, la compra de papel, tinta para impresora, todo aquello que no implique una incorporación de capital al municipio, que eso es inversión. Y para eso está el 60% restante, que no es cambiar una bombita, pero sí puede ser cambiar una luminaria con la columna o hacer una calle. No lo es cortar el pasto de la plaza, pero remodelarla sí. Esos son los tipos de usos que le pueden dar a los fondos del literal B”.
“El intendente departamental está obligado a mandar a la Junta Departamental un proyecto de presupuesto quinquenal. Allí tiene que haber un Programa presupuestal municipal, igual que se hace por ejemplo para la Dirección de Cultura. Tiene que haber un programa municipal para cada municipio, hecho por el intendente”, explicó Apezteguía.

PASOS FORMALES
En cuanto al papel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, “el acuerdo con los intendentes prevé que los fondos asignados en ese programa presupuestal tienen que ser superiores al Fondo de Incentivo, y de esa manera nos aseguramos que el municipio, con la norma legal departamental, va a recibir los dineros que le son transferidos (desde el gobierno nacional y para los municipios) a la Intendencia. Nosotros ya estamos transfiriendo las partidas globales a cada una de las intendencias. Ese dinero irá a financiar el programa presupuestal además de los recursos propios de la Intendencia Departamental. En el caso de Paysandú, cuando uno analiza los presupuestos de los municipios, ve que todos cumplen con ser mayores que el Fondo de Incentivo y por lo tanto para ser financiados requieren la transferencia del gobierno nacional pero también aportes de la propia Intendencia”.
Detalló que la Intendencia “se tiene que encargar en su totalidad de las retribuciones de los funcionarios, que el Fondo de Incentivo no cubre, salvo la excepción de la partida para el alcalde. Y en Paysandú, el proyecto de presupuesto equipara los alcaldes al grado Q 13, que son los cargos de confianza. Y ese cargo cuesta más que 892.000 pesos al año, y si el municipio decide que el alcalde gane como un Q 13, se usan esos 892.000 pesos y la Intendencia pone lo que falta. Y si lo fija por debajo de esa cifra, el municipio va a recibir esa diferencia”, y puso por ejemplo que “si deciden que el sueldo del alcalde es de 500.000 pesos por año, los otros 392.000 van para el municipio”.

POR QUE ES LA INTENDENCIA
Explicó que “el gobierno nacional transfiere el dinero al único que tiene personería jurídica, que es la Intendencia Departamental, y esta financia los programas presupuestales de cada municipio. Sería casi imposible que hubiera una relación directa entre las transferencias que hacemos y la ejecución en los municipios. Pongamos que todos los municipios quieren hacer una calle. No pueden esperar a juntar la plata para hacerla, pero uno la hará en febrero, otro en abril y otro en junio, y en ese caso uno de los municipios va a estar gastando más dinero que otros, pero además van a gastar más dinero del que fue transferido, y otros tal vez gastando menos”. Otro aspecto es que “el año que viene, cuando se presente la rendición de cuentas, será verificar que efectivamente en cada municipio se hicieron las inversiones de acuerdo a lo que establece la ley”.
Consultado sobre si las obras que se hagan en un municipio serán siempre descontadas de su parte del Fondo, Apezteguía dijo que “la Intendencia puede hacer una calle en un municipio y no ‘cobrársela’, porque es inversión departamental. Pero en el caso que el municipio pida expresamente que la Intendencia le haga una calle, puede consultar cuánto sale hacerla y decirle a la Intendencia que saque del presupuesto del propio municipio lo que cuesta hacerla. El que dispone sobre el programa municipal es el municipio”.

POLÍTICAS DE ACUERDO
Aunque el municipio es el “dueño” de ese presupuesto, “tendrá que acordar con el Intendente la oportunidad y las características de la obra, porque el municipio no siempre tiene máquinas y no tiene capacidad para contratar, porque las que contratan son las intendencias departamentales. Por eso tienen que acordar los municipios con la Intendencia. Este proceso de descentralización busca que las localidades se empoderen de las decisiones pero el intendente departamental también tiene opiniones al respecto, y es parte de la práctica política llegar a acuerdos que permitan desarrollar las políticas según las potestades de cada uno y al apoyo ciudadano que tuvo”.
Para Apezteguía, “esto va a ser un ejercicio bien complejo, nos va a dar muchos dolores de cabeza. Porque muchos imaginan que cuando mandamos las partidas a la Intendencia va a llegar un fajo de billetes para gastar. Pero no es así, hay que cumplir con las normas del Texto ordenado de administración general financiera y esperar a que la Junta Departamental apruebe el presupuesto”.

PRESUPUESTO Y MAQUINARIA
Dijo que “en el caso de Paysandú hay municipios que venían de antes, pero hay también nuevos y estos no tienen presupuesto, porque no estaban en el del gobierno anterior y el nuevo todavía no está aprobado. Y se dan problemas que hay que ir resolviendo. Lo bueno que tiene este proceso de descentralización es que en pocos años obligó a sacar nuevas leyes y modificar algunas, ajustando la práctica a las necesidades y posibilidades que tiene cada uno”. Destacó que “en la medida que esto funcione bien, y uno sea responsable del destino de las inversiones, eso le dará la estatura moral para exigirle más al intendente y que no sean solo las partidas”. Pero acotó que “hay compromisos que tienen que cumplir los municipios y las intendencias con el gobierno nacional para desembolsar las partidas. Ahora estamos en los últimos días de trabajo, ajustando los proyectos que hay en cada municipio. Hay que ver cuáles son sus objetivos y qué piensan lograr no solo en el quinquenio, sino en 2016. Este primer año no vamos a decir que, por ejemplo, no lograron lo propuesto y no tienen más partidas, no es ese el objetivo. Sino que vamos a evaluar qué problemas se han planteado en los últimos meses para tratar de resolverlos”.
En cuanto a los municipios que fueron creados en localidades que no tenían maquinaria, y si pueden exigir que se les compre, afirmó: “No, maquinaria propia nunca será, podrá tener maquinaria asignada. Propiedades del municipio no habrá, sí maquinaria disponible que es de la Intendencia Departamental”. Puso como ejemplo que “hay 112 municipios en todo el país. Algunos son de 500 personas y otros de 220.000 personas. Imagine que al municipio de 500 personas le toca una retroexcavadora, al de 220.000 le tocarían 440 retroexcavadoras. Y no debe haber ese número en propiedad del Estado. Entonces seguramente habrá que acordar con el intendente y la Dirección de Obras que una semana mande la retroexcavadora para hacer tal trabajo, y después pasará a otro municipio, luego hará obras que no están en ningún municipio porque no toda la superficie departamental ni todos los caminos están en la jurisdicción de un municipio, y hay algunos que son solamente urbanos, sin caminos. Y todas esas realidades son las que tenemos que contemplar en el proceso de los municipios”.

COMPROMISO DE GESTIÓN
“Está previsto por la ley que hay que firmar un compromiso de gestión, y después de definir el plan quinquenal y el operativo anual, debe construirse un compromiso de gestión entre el gobierno departamental y cada uno de los municipios. Y eso debe ponerse a discusión de todo el mundo, para que sea bien claro y que toda la gente tenga acceso al documento que firmaron sobre su compromiso”, sostuvo el jerarca de la OPP.
A su juicio, “por eso es un proceso de descentralización, hay que ver que este país empezó el 18 de julio de 1830 y esto empezó el 9 de julio de 2010. Los plazos son muy diferentes, tenemos 185 años de país unitario y una experiencia descentralizadora muy cortita”.