SI BIEN SE DEMORÓ EL PLAZO, “NO VA A CAMBIAR”

Locales | 10 Mar Si bien se esperaba que con el término del previsto plazo legal para la firma de un contrato de inversión entre Aratirí y el gobierno uruguayo, el proyecto de minería de gran porte para la extracción a cielo abierto del hierro de los yacimientos de Valentines iba a ser cancelado, sorpresivamente se confirmó que la gestión que “liberaba” las tierras de Valentines el 24 de febrero se demoró un mes, por lo que eso recién se dará el 24 de marzo.
Raúl Viñas, dirigente del grupo “Uruguay libre de megaminería”, explicó a EL TELEGRAFO que “eso no cambia nada porque no hay condiciones para que el negocio sirva.

“ES INAPROPIADO”
“La ministra de Industria Carolina Cosse informó hoy (por ayer) que el plazo no finalizó, porque si bien el 24 de noviembre venció el plazo que tenía Aratirí para hacer el contrato y la ley dice que la empresa tiene 90 días para presentar una nueva empresa a partir de que se pasen los permisos al registro de vacancias. Esos permisos deberían haber pasado al registro automáticamente el 24 de noviembre, pero por alguna razón pasaron recién el 24 de diciembre, por lo que los 90 días vencen en marzo”. Aclaró que “no va a cambiar nada porque el mercado está igual, y no es negocio para ellos. Pero no está bien que se juegue con la ley de esa manera, y sobre todo la ineficacia de la Dinamige para cumplir”.
No obstante la falta de estos días, Viñas entiende que “es una victoria de todos los sectores sociales que lucharon contra el proyecto de Aratirí por considerarlo inapropiado para el Uruguay, y que pese a que fue presentado como la mayor inversión en la historia del país y una panacea del futuro desarrollo nacional, el conocimiento de los graves impactos económicos, sociales y ambientales que traería su ejecución generó una resistencia social sin precedentes”.
“Uruguay se salvó de dejar un proyecto de esa envergadura en manos de una firma sin antecedentes ni garantías. Zamin Ferrous, la empresa madre de Aratirí, enfrenta hoy acciones en la justicia de Brasil y el Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales y el incumplimiento de contratos, bajo la acusación de haber obtenido concesiones públicas y autorizaciones ambientales en forma fraudulenta”, afirmó.

DARLE RANGO CONSTITUCIONAL
De todas maneras, Viñas afirma que “no hay otra manera de evitar que pueda pasar en el futuro, más que darle un rango constitucional a la prohibición. Porque aún cuando hoy nadie lo va a hacer porque los precios internacionales del hierro no sirven, va a seguir la especulación con los títulos mineros y si mañana cambia el mercado los tendremos otra vez en la puerta”.
Reiteró que “es inconveniente para el país que se haga ese tipo de explotación, y ahora decimos que debemos prohibir la extracción de metales, porque no queremos prohibir la minería, sino específicamente una forma de extraer metal. Porque para sacar cal o granito, está bien hacerlo con cuidado porque lo que sale de esas minas, al menos el 80% termina en la industria. Pero lo que sale de las canteras de metales en Uruguay, el 80% queda tirado al costado de la mina, porque solo entre el 20% y el 30% es utilizable”.
De ahí que el grupo propone que “la única manera de superar esta situación es con una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en el país. Hemos pasado las 100.000 firmas y seguiremos recogiéndolas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo debidamente informado el que decida esta cuestión”.