Opinion | 11 Mar Después de haber dejado de lado como prioridad la inflación, al apuntar a reducir el déficit fiscal por la vía de la suba de tarifas públicas y dejar subir el dólar a un ritmo sostenido, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, decidió que se establezcan controles para hacer un seguimiento de precios en áreas de primera necesidad.
Es así que, luego de la reunión entre el ministro de Economía y jerarcas de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y el Área de Defensa del Consumidor para analizar el posible “abuso” en algunos precios, se pedirá que supermercados reporten las variaciones cada día. Astori se reunió con la comisión para analizar el posible “abuso de posición dominante” que sospecha existe en algunos rubros.
Tras el encuentro, la presidenta de la comisión, Adriana Riccardi, dijo que se analizarán los productos “que tuvieron comportamientos de precios por encima de la media”. La investigación buscará determinar si hubo un comportamiento ilegal o abusivo en la fijación del precio. En tanto, la directora general de Comercio, Rosa Osimani, informó que se pedirá a los supermercados que reporten las variaciones en los precios de venta diariamente y no quincenalmente, como ocurre hasta el momento, para lo que se deberá emitir un nuevo decreto.
Es notorio que el “disparador” de esta inquietud fue la inflación de los primeros dos meses del año, que llevó al Índice de Precios al Consumo (IPC) anualizado al 10,23%, e incluso Astori dijo que está “de acuerdo” con “lo de barrera psicológica” con “el carácter emblemático del número, tal vez por aquello de pasar de uno a dos dígitos, pero no es este un anuncio de aceleración del ritmo inflacionario para el futuro”.
Otro factor que influyó –según el ministro– fue que “después del acuerdo de precios hubo un remarque muy importante, en algunos casos sorprendente, en algunos artículos que tienen un peso muy importante en el índice de precios”. Astori señaló además y como “el principal factor” al “incremento relevante del impuesto a los cigarrillos”. “En febrero se han acumulado un conjunto de factores, muchos de ellos circunstanciales”, explicó. Uno de ellos es que “después de mucho tiempo de regular tarifas por debajo de la inflación, después de muchos años, fue necesario tener en cuenta los costos de las empresas”.
Aseguró que hubo algunas empresas, como Antel, que durante diez años no habían subido las tarifas. A su juicio, “era necesario aumentar” para “reconocer costos operativos” pero no para recaudar, y señaló que “la devaluación de la moneda uruguaya se aceleró como parte de una tendencia mundial de valorización del dólar”. Opinó que la suba del dólar “nos va a seguir acompañando en los tiempos que vendrán” y “no tiene sentido frenar una tendencia internacional”. Pero marcó como un aspecto positivo que la suba del precio del dólar “contribuye” a mantener la competitividad a niveles aceptables.
Por lo pronto, hay de entrada ya algunos elementos que no cierran, porque en un país del tamaño de Uruguay no puede señalarse como “descubrimiento” y factor detonante de los repuntes inflacionarios, que haya posición “dominante” de algunas empresas, que creemos que la hay en algunos casos, pero no de ahora.
Se hace mención de un seguimiento de precios cuando el gran detonador de los elevados niveles inflacionarios debe buscarse en desequilibrios por políticas del Poder Ejecutivo que han derivado en los aumentos de costos para las empresas, para los sectores productivos y de servicios, en la necesidad de incrementar sustancialmente las tarifas para tapar agujeros generados por el déficit fiscal. Con el agravante de tener que pagar los casi mil millones de dólares del déficit de Ancap.
Esto es, la inflación tiene orígenes que van mucho más allá de la eventual posición dominante en algunos artículos que se pretende descubrir ahora, y se soslaya la gran incidencia del gasto público en desajustes que provocan la inflación, porque simplemente se han postergado medidas restrictivas del gasto estatal, que hace que el Estado deba captar recursos para hacer frente a sus enormes costos y traslade este fardo a los sectores reales de la economía. Sencillamente este peso hace que los sectores productivos pierdan competitividad, que en muchos casos deban reducir la masa salarial, entre los insumos más gravosos, y además tengan crecientes costos en energía y otras tarifas, así como un dólar alto que encarece los consumos para los que no son exportadores.
En fin, en un mercado desregulado, una de las medidas posible y deseable adoptar es evitar la posición dominante, es decir monopolios en la formación de precios que evitan la competencia. Pero esta situación no es nueva, sino que proviene de mucho antes y, por lo tanto, debe buscarse las causas del reajuste más acentuado de precios, fundamentalmente en el mazazo demoledor en los costos que aplica el Estado, con sus gastos exacerbados, muy por encima de lo que ha aumentado la recaudación.
Y si bien ello pudo más o menos disimularse en tiempos de bonanza, cuando el viento de cola ha cesado, pesa enormemente a través de costos fijos ante el acentuado déficit fiscal y que hace que deban mantenerse por ejemplo los combustibles como un azote para los sectores productivos, porque Ancap debe tratar de recaudar como sea, y el gobierno se ha quedado sin margen de maniobra al haber gastado en su momento los recursos que hoy nos servirían para más o menos ir paliando el temporal.
Por supuesto, no son los únicos factores que hacen que se disparen los precios, sino que hay problemas estructurales que se arrastran desde hace mucho tiempo y hacen más visible su incidencia en coyunturas como la actual, apelándose poco menos que a “parches” como esta vigilancia anunciada desde el gobierno, que pretende presentarse al margen cuando con sus errores es parte –y muy importante– del problema.