Opinion | 15 Mar El domingo tuvieron lugar en todo el país, en forma similar a la jornada de los comicios nacionales que se convocan cada cinco años, las elecciones para los directores “sociales” del Banco de Previsión Social (BPS), es decir los representantes de los grupos que están comprendidos en la competencia del citado organismo, que abarca por cierto un gran universo de la actividad socio-económica del país.
En este caso puntual, la instrumentación del llamado a los votantes, del orden del 1.500.000 habilitados, que debieron concurrir en forma obligatoria, estuvo signada por una serie de problemas que tienen que ver en gran medida con los mecanismos electorales, que tiene requisitos a cumplir que datan desde hace muchas décadas, basándose fundamentalmente en documentación y listas impresas, con controles manuales voto por voto en las mesas y conteos. Un sistema que hace rato dejó de utilizarse en países más avanzados, que han incorporado el voto electrónico, lo que acelera sustancialmente el conteo, entre otros beneficios, además del ahorro en el costo del acto electoral.
En esta oportunidad, desde todas las listas se presentaron denuncias por faltantes en las mesas electorales, roturas, y reclamos previos por la escasa información sobre los candidatos. Las denuncias provinieron en su mayoría de las listas “opositoras”: 16 para el orden de los activos y 2 para el orden de los pasivos, aunque también el Pit Cnt, que impulsaba la lista 11 de los trabajadores, señaló faltante y destrucción de listas en algunos circuitos, lo que no habla bien de la instrumentación a que nos referíamos.
Pero debe tenerse presente que muchos de los problemas denunciados episódicamente tienen mucho, sino todo que ver, con la esencia misma de esta convocatoria, que lleva una movilización masiva de los electores, que comprende a pasivos, trabajadores y empresarios, en cada caso para elegir el representante de cada orden, cuando se trata de una elección impopular, anodina, pese a que desde el sistema político se ha tratado de convencer y en gran medida imponer.
Ciertamente se trata de una disposición constitucional, que no se había puesto en práctica hasta que se llamó a su instrumentación durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, luego de lo cual se ha continuado hasta nuestros días, en una especie de ejercicio democrático que tiene mucho de declamatorio pero que en la realidad, en el contenido, en lo práctico, dista de serlo.
Y para muestra basta un botón: las elecciones de los representantes sociales en el BPS ostentan el poco edificante récord de votos en blanco y de anulados exprofeso, simplemente porque al votante habilitado, que debe concurrir en forma obligatoria si tiene menos de 75 años so pena de severas sanciones pecuniarias, no le interesa, o no lo entiende y tampoco siente que es su deber hacerlo.
En el orden de los activos, los votos en blanco y anulados superan el número de los obtenidos por la lista ganadora, al igual que en los empresarios. En tanto en los pasivos las cifras no son mucho mejores, lo que debe evaluarse como un llamado de atención respecto a que alguna o varias cosas andan mal, y que deben revisarse, incluso lo pertinente de la propia convocatoria.
Un elevado porcentaje de electores se inclinó por votar en blanco o anulado, de los cuales un 49% en las empresas, 35% en los trabajadores y 22% en pasivos, de acuerdo a los datos primarios, y el mayor absurdo se da en el área de los empresarios, por cuanto hubo un solo candidato.
Obviamente hubo una importante concurrencia a las urnas, por cuanto las multas son realmente onerosas y desmesuradas para personas que tienen ingresos fijos, llegando a los 1.600 pesos para trabajadores y de decenas de miles para los empresarios. Por lo tanto, en los hechos, el entusiasmo de la “participación” no puede ser medida, salvo en el alto porcentaje de personas que a través del voto en blanco o anulado expresaron su disconformidad.
Sin duda, a los únicos que les importan estas elecciones son a los directamente involucrados, porque es una forma de legitimar, sobre todo en el caso de la izquierda, los candidatos impulsados por sindicatos y organizaciones afines, cuyo aparato propagandístico está a su servicio todos los días del año. Además, en lo que respecta a la “plataforma” de los sectores sociales, siempre se pueden plantear cosas disparatadas sin riesgo alguno de caer en evidencia después, dado que la mayoría que decide en el Directorio del BPS no es de los representantes sociales, sino de los representantes del poder político. Pero eso significa también que el margen de maniobra con que cuentan es mínimo, si es que sirven para algo.
Así se pudieron dar hasta propuestas radicales e imposibles de cumplir como llevar la jubilación mínima a los 32.000 pesos, pago de aguinaldos de similar monto, eliminar de un plumazo las AFAP, mantener y potenciar un sistema solidario que implica una “bicicleta” que ha generado enormes agujeros en el sistema de seguridad social históricamente, y lograr anualmente incrementos por encima de la inflación y el crecimiento de los salarios.
Por lo tanto, las elecciones tal cual están pensadas y realizadas solo sirven para que el gobierno pueda justificarse en que “es lo que el pueblo decidió”, en una suerte de parodia de democracia directa que subestima la inteligencia del ciudadano.