Opinion | 18 Mar “En Brasil es así: cuando un pobre roba, va a la cárcel, pero cuando un rico roba, se vuelve ministro”, dijo en 1988 Luis Inacio Lula da Silva, en una crítica de perfil ideológico al sistema en su país, cuando pugnaba por asumir la Presidencia. Este concepto fue sin dudas parte de su discurso de enganche electoral, para atraer los votos de los sectores más postergados de la sociedad brasileña que le permitieran llegar al poder, lo que finalmente concretó.
Desde el mismo Brasil, la revista Veja recordó la frase del exmandatario cuando era diputado federal, a propósito de la “chicana” que pretende hacer el expresidente a la Justicia Federal que le pisa los talones por denuncias de corrupción durante su gobierno.
Las últimas noticias procedentes del vecino país indican que la crisis política y económica por las que atraviesa están muy lejos de resolverse y en el plano político, como se venía venir, el escándalo no solo salpicó sino que ha atrapado al exmandatario, que “no podía no saber” lo que estaba ocurriendo de sus ministros para abajo, incluyendo los pagos de soborno y robos en la petrolera Petrobras, entre otros lugares donde la corrupción campeaba.
Arrinconado por los testimonios de excolaboradores y llevado hace pocos días a declarar por efectivos de las fuerzas del orden, el exmandatario aceptó --o promovió, todavía no se sabe-- asumir como ministro en el gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, de forma de eludir la acción de la Justicia Federal y llevar su caso, dentro de bastante tiempo, a un tribunal superior, haciendo recordar la ahora icónica frase suya de que “cuando un rico roba, en Brasil se lo hace ministro”.
Las noticias procedentes de Brasilia indican que muy poco duró el expresidente brasileño como ministro de la presidencia del gabinete de su sucesora, por cuanto en la mañana el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se presentó en el Palacio del Planalto, donde la propia presidenta Dilma Rousseff le tomó juramento, pero 40 minutos después un juez de Brasilia anuló de forma cautelar el nombramiento, informaron fuentes judiciales.
En su decisión, el magistrado sugirió que Rousseff podría haber cometido un delito y argumentó que si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una “intervención indebida y odiosa” en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
La acción del juez respondió a una demanda presentada por los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la Justicia contra Lula, quien está investigado en diversos procesos y ha sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
En su sentencia, el juez también señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de "responsabilidad" al nombrar a Lula, puesto que la ley veta al presidente de la República cometer actos contra "la probidad" de la administración pública.
Los delitos de "responsabilidad" son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir al jefe de Estado, precisamente, y en este sentido, el juez ordenó que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien es la autoridad competente para impulsar los juicios políticos.
En tanto, los audios grabados de un diálogo telefónico por orden judicial dejaría en evidencia que Rousseff designó a Lula como ministro para demorar el proceso judicial contra el expresidente, una posibilidad que se venía manejando desde hace varios días y que se precipitó en las últimas horas.
En un clima de abierta polarización, Rousseff expresó su “repudio total e integral” a la divulgación por el tribunal que investiga al exmandatario, de unos audios de una conversación entre ambos, que parece sugerir maniobras de la mandataria para influir en favor de su nuevo ministro, y haciendo recordar su pasado de guerrillera, proclamó que “la gritería de los golpistas (...) no pondrá de rodillas” al pueblo brasileño, lo que da una pauta del clima de efervescencia política y radicalización en que se encuentra sumido ese país.
Pues hubo polvos que trajeron estos lodos, lamentablemente, y lo que menos necesita Brasil y el subcontinente, es que siga agudizándose la crisis y se dé paso a la acción violenta de grupos de los dos extremos que siempre permanecen en las sombras en la democracia, porque medran en el caos y con la legítima insatisfacción popular porque sus gobernantes no están a la altura de sus responsabilidades ante la ciudadanía.
Por otra parte, al mismo tiempo que esto ocurre en Brasil, en la vecina Argentina día a día van surgiendo revelaciones, con documentos, fotos y hasta videos del manejo de decenas de millones de dólares por personeros del gobierno de Cristina Fernández, manejando fajos de dinero como si fueran bolsas de papas, ante los enormes montos que todo indica provenían de desvíos de fondos del Estado, donde precisamente la irracional gestión gubernamental de la economía, más allá de la corrupción, ha dejado agujeros enormes y un fardo en extremo pesado para el gobierno de Mauricio Macri.
Esta situación en Brasil, la de los Kirchner en Argentina, lo ocurrido en la Venezuela chavista de Nicolás Maduro, sucumbida en la mayor crisis de su historia pese a las enormes rentas del petróleo, tienen un solo común denominador, y es que se trata del “club de gobernantes” de izquierda en los cuales nuestro país --y en especial el gobierno del expresidente José Mujica-- quiso hacer “estribo” por razones ideológicas, y que el tiempo ha demostrado son los responsables de los hechos de corrupción más grandes de la historia en cada uno de estos países. Es decir, quienes hasta hace poco más de una década se rasgaban las vestiduras con la moral y la ética y denunciaban a los gobiernos de turno, no solo fundieron a los países más ricos de Latinoamérica habiendo gobernado en la mayor bonanza económica de la historia, sino que se han “quemado” ante las evidencias de corrupción a niveles multimillonarios.