Opinion | 21 Mar El gobierno y los privados reconocen que la falta de mano de obra calificada frena el desarrollo del país y se presenta como una de las limitantes fundamentales, además del contexto regional cercano que –al igual que Uruguay-- sostiene una demanda de similares características. Es así que, con más frecuencia de la que se sospecha, las empresas deben conformar sus plantillas con lo que existe en el mercado y calificar al nuevo personal de acuerdo a necesidades propias.
En 2011, un informe del Ministerio de Trabajo señaló que seis de cada diez trabajadores activos tienen baja calificación y no han completado Secundaria. Desde entonces, esa realidad no ha cambiado sustancialmente.
De hecho, las cámaras empresariales advirtieron que las necesidades existentes no se fortalecen con políticas de Estado enfocadas a atender el área educativa y de capacitación en general. Sin embargo, el gobierno enfatiza en un aumento de la inversión que sustancialmente no ha mejorado sus resultados ni revierte las necesidades de conseguir -en especial- técnicos en sectores donde no hay desempleo.
Es un hecho que cuando se presenta una demanda laboral, se enfatiza en los ciclos educativos culminados y esos procesos deben relacionarse a un aprendizaje integral y sistémico, antes que a una naturalización de las dificultades existentes.
Sin embargo, es una tarea que –dado este contexto-- han tomado los privados con el objetivo de retener su recursos humanos y lograr niveles aceptables de satisfacción.
Este escenario incambiado desde hace algunos años ha sido observado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), que cambió su orientación de atención a los trabajadores en el seguro de desempleo y este año pretende capacitar a unas 30.000 personas, lo que significa un aumento de 20% a nivel nacional.
El organismo comenzará por una de las patas visibles de este problema: la necesidad de mejorar la base de formación con la posibilidad de reinsertar a los trabajadores en el sistema educativo, a través del financiamiento de tutorías para mejorar la producción y calificación de sus empleos.
Esta transformación en sus objetivos no solo demostró que los relevamientos efectuados planteaban un campo laboral con dificultades para el despliegue, sino que confirmaban que los niveles educativos no se adecuan a las exigencias globales.
Este cambio de chip –aunque tardío-- en las políticas de Estado enfocadas a calificar las características actuales del empleo en Uruguay deberá continuar en las diversas áreas de la producción nacional y abarcar a una mayor cantidad del universo de trabajadores.