Nacionales | 22 Mar El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) analiza en conjunto con la academia la flexibilización de los niveles de fósforo en ríos y arroyos para que se “adapten” al ecosistema local, con la instrumentación de límites superiores a los actuales.
“Se está planteando una revisión de los estándares de fósforo y nitrógeno porque para lo que son las condiciones básicas de toda la región son diferentes, son muy altos en fósforo”, dijo a El País el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks. “Queremos adecuarnos a la realidad porque en toda la región, tanto en Brasil como en Argentina los recursos hídricos tienen un nivel de fósforo más alto de lo normal, entonces estamos trabajando con normas que tienen origen en países que tienen realidades diferentes”, agregó.
El fósforo es el principal factor contaminante de aguas dulces, ya que en concentraciones grandes genera residuos orgánicos que causan la proliferación de algas cianobacterias. En este sentido, Rucks sostuvo que se están realizando consultas a la Facultad de Ciencias y Química sobre “cuáles deben ser los parámetros aceptables porque la presencia de fósforo en el agua tiene ciertos límites que hay que respetar”.
Actualmente, el estándar de fósforo según el decreto 253/79 es de 0,025 microgramos por litro. Sin embargo, el Ministerio tiene a estudio, en consulta con la Facultad de Ciencias, la posibilidad de incrementarlo a un parámetro de 0,070 microgramos a 0,100 en el caso de ríos y arroyos, esto es, a entre tres y cuatro veces superior al nivel actual.
El dato fue incluido en un pedido de informes que hizo el senador Luis Lacalle Pou al Ministerio en el que consultó acerca de la contaminación en ríos y arroyos. En la respuesta, a la que accedió El País, se sostiene que “en líneas generales se puede indicar que, excepto algunos tramos de cursos urbanos (donde la realidad es muy distinta y los usos también), los cursos de agua del territorio nacional presentan una condición aceptable en los parámetros regulados en materia de calidad de agua, a excepción de los parámetros de fósforo y en lugares puntuales coliformes, que se encuentran en niveles que pueden superar la norma”.
Respecto de los coliformes, el informe sostiene que “se encuentran normalmente asociados a núcleos urbanos con sistemas de tratamiento de efluentes domésticos incompletos”. Asimismo se explica que en el fósforo, que “en su mayoría proviene de fertilización de suelos y con incidencia menor de los efluentes domésticos e industriales”, se observa “un incremento leve pero constante en muchas regiones del país, fundamentalmente al sur del río Negro”. Según la respuesta del Ministerio de Vivienda al senador, este parámetro “se encuentra comúnmente con valores por encima del estándar dado por el decreto para calidad en cuerpos de agua”, pero aclara que “este parámetro posiblemente no se ajuste a la realidad de los ecosistemas de nuestro territorio y sea por demás exigente”. El subsecretario Rucks aclaró que “en ciertos puntos aún modificando los niveles tenemos situaciones que hay que corregir”.

QUEMAN Y RAPIÑAN TAXI EN VIOLENTA PROTESTA
Alta tensión se vivió en la tarde de la víspera en el barrio Las Acacias por un confuso episodio donde fue asesinado un joven de 19 años. Varias personas cortaron calles y quemaron cubiertas, además de un taxímetro que previamente fue rapiñado. Según informó Telenoche, un adolescente de 19 años fue asesinado por un policía que cumplía tareas en un camión de reparto de bebidas, mientras la confusión rodea el hecho en el que perdió la vida el joven.
De inmediato, varias personas comenzaron a protestar por lo ocurrido, con el corte de calles, quema de cubiertas y ataques a dos taxímetros que pasaban por el lugar. La Policía desplegó un fuerte operativo en la zona con efectivos de la Guardia Republicana, que controlaron la protesta.

CUATRO PROCESADOS POR EL TRÁFICO DE ARMAS
La Brigada Especial en Delitos Internacionales detuvo a cuatro personas que traficaban armas desde Río Branco hacia Brasil, cuyo modo de operación era pagándole a “mulas” para que compraran las armas en comercios legalmente establecidos en Uruguay, ya sea en Río Branco o en cualquier otra parte del país, pagándoles a estos particulares U$S 100 por el “mandado” realizado, dado que “la venta de armas en nuestro país es libre”, dijo una fuente policial.
El negocio ilícito de armas deja cerca de U$S 4.000 de ganancia por cada unidad comprada en Uruguay y vendida en Brasil. Las armas eran compradas en nuestro país por unos U$S 1.000, dependiendo del modelo, y luego revendidas en Brasil por U$S 5.000. Este operativo quedó al descubierto cuando la Policía de la Seccional Tercera, con sede en la ciudad de Río Branco, detuvo a cuatro personas con un cargamento de armas prontas y envasadas especialmente para su envío al Brasil. Eran 30 armas largas y cerca de 15 cortas que iban a Bagé y Porto Alegre.
En estas ciudades de Río Grande del Sur, explicó el comisario Gerardo Olivera, de la Seccional Tercera de Policía, “espera siempre un destinatario diferente, el que luego sigue la cadena de ventas Brasil adentro”. Puestas a disposición judicial, cuatro personas --una de ellas una “mula”-- fueron procesadas por el delito de tráfico internacional de armas.

MOTOCICLISTAS MARCHARON CONTRA LA INSEGURIDAD
“Ni uno más” fue el lema de cientos de motociclistas que marcharon en la tarde de ayer por la rambla de Punta Carretas, tras el asesinato de uno de sus pares, Cristian Carranza, ocurrido en esa zona. La estación de servicio ubicada en la rambla Presidente Wilson y Bulevar Artigas fue el punto de encuentro en el cual Eduardo Pereyra, integrante de un grupo de motoqueros, tomó la palabra reclamando más seguridad para los trabajadores. “Exigimos el derecho a vivir”, expresó.
La marcha se dirigió hasta la esquina en donde murió Carranza, tras enfrentarse a dos delincuentes que querían robarle la moto. El joven solía juntarse con un grupo de amigos, también motociclistas, a tomar mate en la rambla y de vez en cuando “se daban una vuelta por la rambla”, expresó la madre del fallecido.
“Basta de muertes injustificadas. Basta de derramar sangre inocente. Pedimos y exigimos justicia para Cristian y todas las muertes injustas”, dijo Pereyra frente a cientos de motocilistas y transeúntes.

PARO EN LA SALUD PRIVADA EL 8 DE ABRIL
La Federación Uruguaya de la Salud se declaró en “estado de alerta”, dado que denuncia el incumplimiento del convenio colectivo de la Salud Privada. En diálogo con Montevideo Portal, Jorge Bermúdez, secretario general del sindicato, destacó que este convenio surgió “de una negociación en un conflicto que duró más de 100 días en 2015, y que se firmó en forma concreta el 30 de setiembre”.
No obstante, apuntó que “las patronales de la Salud Privada pretenden quedarse con parte del aumento salarial de los trabajadores, y además, incumplir un acuerdo firmado. En un momento tan complejo de la vida del país, donde el Gobierno ha anunciado que no va a cambiar las pautas con las que negoció los convenios salariales el año pasado, con lo difícil que fue, y por lo tanto vamos a ir aumentando la conflictividad”.
Bermúdez aludió a que el convenio consagra partidas fijas a cobrarse el 1º de enero de 2017 y el 1º de enero de 2018, a cambio de cursos de capacitación, que las patronales insisten en que no se realicen en horario de trabajo. “Las patronales de la Salud Privada le hacen un flaco favor al país al tomar esta posición. Por esto también la FUS ha resuelto pedir una entrevista al ministro de Trabajo Ernesto Murro, cuyo Ministerio tiene incidencia directa, no sólo en la firma sino en la defensa, de este convenio colectivo”, indicó Bermúdez.
La FUS realizará un paro en el sector privado el próximo 8 de abril. En Montevideo, la paralización será de 8 a 14 y en el interior en el horario que resuelva cada filial. Durante el paro se celebrarán asambleas informativas.
“Esperamos que el Ministerio de Salud Pública levante el cuarto intermedio que nos solicitó, para ver si se logró el cambio de posición de las instituciones. Buena parte de estas respuestas las tiene que dar el Gobierno, que fue el que firmó el acuerdo. Es una de las tres partes del convenio”, sostuvo Bermúdez, y señaló que, para pagar estas partidas, “las patronales no pusieron un solo peso. El aumento de la cuota mutual fue el que permitió que paguen este aumento salarial”.
El dirigente de la FUS se mostró esperanzado en que “el Gobierno haga lo que tiene que hacer, y eso significa hablar con las patronales y tomar las medidas necesarias para que esta gente cumpla con el acuerdo que firmó”.
La FUS llevará el planteo al Secretariado del Pit Cnt, dada “la gravedad de la situación”. Este conflicto, expresó Bermúdez, “se da en un escenario con esa particularidad: nos parece la clave del asunto, y pone en juego la credibilidad de la negociación colectiva y del propio Gobierno como negociador”.