Opinion | 28 Mar De acuerdo a los últimos datos correspondientes a 2015, en Uruguay hay un arma registrada cada diez habitantes y cada año se entregan más guías. El 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego y en el caso de las rapiñas, las cifras se elevan al 90%, al tiempo que de cada cuatro armas que se piden informes, tres están registradas. Paralelamente, prevalece un mercado interno de tráfico de armas que se adquieren en ferias e incluso se alquilan para cometer un delito.
En agosto de 2014 se aprobó una normativa para avanzar en el control y registro de las armas de fuego que no ha sido reglamentado por el gobierno, al tiempo que aumentan los delitos violentos. La iniciativa se encuentra presa de los ministerios del Interior y de Defensa, en tanto la Policía y el Registro Nacional de Armas padecen las consecuencias operativas.
Sin embargo, para el ministro Eduardo Bonomi era “urgente” la aprobación de una ley que regulara la tenencia de armas y aunque en 90 días se habilita la reglamentación de una norma de este tipo, su discusión continúa desde aquel entonces sin arribar a un acuerdo para la elaboración de un texto común que se espera este año.
Incluso hay desacuerdos entre las opiniones de ambos secretarios de Estado. Eleuterio Fernández Huidobro siempre estuvo a favor de la tenencia de armas por parte de la población porque “es un atributo de la libertad. Soy artiguista yo, aquel que pedía en el Consejo de Abril de las Instrucciones del Año XIII que la Provincia se reservara el derecho a levantar su propio regimiento. Porque si no, no sos libre. Uno de los primeros decretos que sacó Hitler fue el desarme de la población civil y después el desarme de todos los judíos, que no podían tener ni cuchillos. Después pasó lo que pasó”, según el ministro.
Por su parte, para Bonomi “lo peor que puede pasar en cualquiera de las situaciones planteadas es que la gente se imponga una necesidad y en base a eso adquiera algo que no sabe usar” y recordó algunas tragedias familiares ocurridas años atrás.
En el ámbito parlamentario, la senadora socialista Daisy Tourné lamentó esta demora y consideró que la ausencia de dicha reglamentación impacta directamente en el tráfico de armas, ventas clandestinas o rentas para ser utilizadas en delitos.
A pesar de las opiniones de medios internacionales que visualizan a Uruguay con el mismo promedio de personas armadas que otros países en conflicto, como Irak, con 32 armas cada 100 habitantes, la violencia de los delitos es intolerable para un ciudadano medio. Si bien las comparaciones con Venezuela, Colombia o México pesan al momento de la discusión del tema en los foros mundiales, nuestra realidad es esa y adecuada a la idiosincrasia de una población acostumbrada a vivir bajo un mundo propio. De hecho, hay cifras elocuentes y solo un departamento –Maldonado– tiene el 30% de su población armada.
Paralelamente, las cifras también permiten leer que la población armada se siente más segura así, antes de reclamar mayor protección o seguridad al Estado.