Opinion | 27 Mar Aunque hace más de una semana que el presidente Tabaré Vázquez impulsó una declaración de respaldo institucional de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) al gobierno de Dilma Rousseff ante las últimas movilizaciones callejeras en Brasil, el documento todavía no ha alcanzado consenso para ser emitido e incluso genera resistencia en alguno de los países de la alianza.
Para que esto ocurra, hay antecedentes que no son favorables a la región y sobre todo a nuestro gobierno –tomándolo como continuidad de los dos anteriores, que también tuvieron en el poder al Frente Amplio-- y que causa especial resquemor en Paraguay, donde todavía quedan heridas de resoluciones que se adoptaron en el Mercosur funcionando como un club de presidentes amigos sobre una base ideológica, que determinó que la nación guaraní fuera suspendida para permitir la entrada de Venezuela al bloque.
Precisamente, mientras Vázquez firmó en público la declaración de apoyo el jueves 17 en medio de la crisis política brasileña por la investigación de casos de corrupción en la empresa Petrobras, el gobierno de Paraguay rechaza firmar una resolución por entender que no se debe intervenir en asuntos internos de otros países.
Es así que Paraguay marcó distancia de la posición de Uruguay y de la del presidente boliviano, Evo Morales, quien el sábado 19 solicitó a Vázquez convocar una reunión de urgencia en Brasilia para apoyar a Rousseff.
Por su lado, en la Secretaría General de la Unasur se ha advertido que este tipo de declaraciones conjuntas llevan tiempo en acordarse, sobre todo por sus términos. "Los pronunciamientos de carácter colectivo se calientan a fuego lento, se tienen que analizar párrafo por párrafo. Nos sirven estos procesos porque cuando salga, se busca que contemple todos los elementos que se quiere contemplar y sea apoyo institucional, de convicción y principios", dijo el jueves el secretario general del organismo, Ernesto Samper.
Más aún, el miércoles 23 en Asunción, el vicecanciller paraguayo, Oscar Cabello, afirmó que el gobierno de Horacio Cartes no firmará ninguna declaración porque --según dijo el jerarca-- el gobierno paraguayo no interviene "en los asuntos internos de los países".
"Paraguay no cree conveniente que se saque ningún tipo de pronunciamiento a favor ni contra de nadie. Nos ajustamos al respeto de la soberanía de los países. No apoyamos ese tipo de comunicados", sostuvo Cabello, en una postura distinta a la del mandatario boliviano, Evo Morales, quien en un acto público realizado el sábado 19 respaldó a Rousseff y conminó a Vázquez a reunir a los jefes de Estado de la región.
"Ojalá el hermano presidente de Unasur, presidente pro témpore, doctor Tabaré Vázquez, nos convoque rápidamente a Brasil para expresar nuestra solidaridad y evitar cualquier golpe congresal o judicial. Ese es el gran deseo que tenemos", dijo el mandatario. Por su parte, la canciller argentina, Susana Malcorra, expresó en declaraciones públicas el respaldo institucional del gobierno de Mauricio Macri al de Rousseff. "Apoyamos a la presidenta, esperamos que Brasil resuelva esta crisis de manera institucional", señaló.
Según consignó el diario La Nación de Argentina, las declaraciones de Malcorra subieron el tono del apoyo, ya que brindó un respaldo directo a Rousseff cuando antes las autoridades macristas habían afirmado su apoyo "a la institucionalidad".
Pues precisamente este es el eje de la cuestión, y el que no debería perderse de vista en las declaraciones de “solidaridad” entre países, sin llegar al extremo de la intervención.
Como antecedente, tenemos que en el Mercosur los presidentes afines ideológicamente de Brasil, Argentina y Brasil en su momento, decidieron suspender a Paraguay del acuerdo –fue también una jugada para hacer ingresar a Venezuela, a lo que se oponía Paraguay-- porque el Congreso había destituido al expresidente Fernando Lugo, en aplicación de lo que establece la Constitución de ese país.
Y en realidad, las instituciones, los países, están por encima de las personas, que solo son las depositarias transitorias de la voluntad ciudadana, cuando de un régimen democrático se trata.
El gobierno de un país, sus instituciones, no son solo el presidente, sino, como corresponde en un estado de derecho, existen tres poderes, que son el Ejecutivo, encabezado por el mandatario, el Parlamento, representativo del espectro de la voluntad popular a través de sus legisladores, y el Poder Judicial independiente.
El estado de derecho implica el libre juego de las instituciones, que no son el presidente. En el caso de Dilma Rousseff, como el de sus colegas, ser el titular de la institución presidencial se enmarca en la vigencia del estado de derecho, cuyo marco es la Constitución.
Ergo, cuando se defiende un estado de derecho se defiende el libre juego de las instituciones. El presidente está sometido a lo que la Constitución establece y, de acuerdo a cada país, puede ser sometido a juicio político o a otras instancias parlamentarias, que incluso pueden llevar a su renuncia o remoción, en plena vigencia del régimen institucional.
Todos deseamos fervientemente que Brasil supere su crisis política y económica, por supuesto, pero ello debe darse en el marco del estado de derecho y de la Constitución que lo rige. Por lo tanto, mal que les pese a los países de la Unasur, del Mercosur, del acuerdo o bloque que sea, lo que corresponde es apoyar la vigencia del estado de derecho en el país que sea, que la crisis sea resuelta en plena vigencia de la ley, por encima del presidente que esté en el cargo, de las simpatías personales o ideológicas que despierte.
Porque de eso se trata la institucionalidad que todos debemos defender, por encima de colores y afinidades.