Opinion | 30 Mar Cada administración departamental que asume, tiene entre sus prioridades, echarle mano al desorden en el tránsito, establecer una política que permita reducir las transgresiones a la ordenanza y mejorar la seguridad de todos, desde peatones hasta conductores de todo tipo de vehículos.
Es una preocupación desde hace mucho tiempo, no solamente en los últimos años, cuando claramente el número de vehículos aumentó drásticamente, especialmente el de motos. Su bajo costo impulsó una compra masiva de estos rodados, pero a la vez determinó que se vean involucrados en un porcentaje mayor de siniestros de tránsito.
También la sociedad se preocupa. Basta con recordar que el primer número de la revista Quinto Día, del 10 de julio de 1992, dedicó su tema central al tránsito, con un “acá todo vale”. Casi un cuarto de siglo después, el problema sigue preocupando a todos, a los habitantes como a las autoridades. Y eso se extiende especialmente a sectores clave, como los de prestadores de salud o de aseguradoras de vehículos.
Hay, además, una política nacional que en los últimos años ha profundizado una línea que apunta especialmente a la prevención, usando herramientas legales como la reciente decisión de determinar la tolerancia cero de alcohol en la conducción de vehículos.
Pese a ello, los siniestros de tránsito siguen siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad, a lo que se suma la inseguridad al no respetarse las normas de tránsito en muchos casos. Ya no se trata solo de no usar el casco protector o en cinturón de seguridad. Sino de adelantamientos peligrosos, de excesos de velocidad, de cruces irregulares y más.
Tuvo que llegar la Guardia Republicana para que se pudieran realizar procedimientos de alto impacto, no solamente con incautación de vehículos sino además con procesamientos de personas.
La mano dura ciertamente es una de las pocas maneras de encauzar el tema dentro de lo que determinan las normas. Pero ahora aparece también un elemento relativamente nuevo. Es el denominado “diálogo social”, que no es otra cosa que mirarnos a la cara y pensar colectivamente que imprescindible resulta respetar las normas, porque eso implica simplemente mejorar nuestra calidad de vida. O la convivencia, que en definitiva en este sentido es lo mismo.
Si este proceso tiene éxito o si seguiremos los sanduceros en un “vale todo”, no se sabe. Pero si es claro que es una idea renovadora y removedora, es una intención que merece todo el crédito. Por primera vez en mucho tiempo, realmente todos los sectores involucrados --incluyendo el más numeroso, la población general-- podrán participar, exponer, discutir, pensar, componer.
No hay dudas que algo que se piensa en colectivo logra mejor resultado, porque aun cuando ya existe una normativa, lo que se busca lograr es un consenso general para un mejor vivir en sociedad y para la salvaguarda de la vida propia y la de los demás. Depende de todos que sea posible y algo de lo cual sentir orgullo en comunidad.