Opinion | 31 Mar La inseguridad galopante que sufre el país --que nunca fue una “sensación térmica”, como intentó imponer como relato la exministra del Interior Daisy Tourné--, es tan evidente que el gobierno de Tabaré Vázquez finalmente resolvió convocar a una reunión con los líderes de la oposición, apuntando a aunar criterios para coincidir en medidas tendientes a revertir este proceso de deterioro.
Es así que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, uno de los hombres más cercanos a Vázquez, se comunicó con representantes de los partidos para comprometerlos a una próxima reunión en el marco del inicio del Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista, iniciativa anunciada por el presidente en la campaña electoral de 2014.
“Es un proceso de reflexión conjunta del país acerca de cómo han ido evolucionando los valores de la sociedad”, explicó García, tras la reunión del Consejo de Ministros, destacando que esta iniciativa “está en línea con algunas propuestas que han hecho dirigentes de partidos de oposición”.
Desde el gobierno parece haberse registrado un cambio de visión o de percepción de la realidad, y seguramente han obrado como factor decisivo una serie de hechos violentos reciente, como ha sido el asesinato del sanducero David Fremd, los homicidios de dos taxistas en Montevideo, de un hombre en intento de robo de su moto y un joven con la camiseta de Nacional atacado por hinchas de Peñarol, entre otros hechos que si bien de menor entidad, reflejan un clima de inseguridad que se manifiesta en prácticamente todos los sectores de la sociedad, del que ningún ciudadano está a salvo.
Entre otras reacciones desde el sistema político y la propia sociedad, harta de ser rehén de los delincuentes, volvieron a alzarse voces reclamando la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y surgieron proyectos de ley que apuntan a aumentar las penas para narcos y menores que cometan delitos graves.
Desde que asumió el gobierno hace más de una década, la coalición de izquierdas ha reafirmado que traía la fórmula mágica para combatir la delincuencia como fenómeno social que atribuía a desigualdades y postergación de grupos que han sido marginados, y por elevación culpaba de todo ello a las políticas neoliberales de los años 90.
Es decir un diagnóstico que iba en sintonía con los dogmas más rancios de la izquierda, y como lógica solución había que insistir con prácticas asistencialistas y programas de carácter social que en poco tiempo harían disminuir la delincuencia en todas sus manifestaciones.
En cambio, la señal fue captada por los antisociales y ante tal tolerancia e ingenuidad oficial--por decir lo menos– la delincuencia se disparó, llegando en la actualidad a niveles jamás imaginados anteriormente para nuestro país.
Pero hasta ahora el gobierno se había mantenido firme en su política de seguridad pública, y defendió a ultranza la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien a fuer de sinceros ha sido un instrumento de las políticas dictadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo desde su visión personal, gradualmente ha ido reconociendo lo que rompe los ojos: que la delincuencia no es solo una problemática de carácter social y que no se revierte únicamente con políticas específicas, porque existen núcleos en la sociedad que cualquiera sea su situación, tienen en la delincuencia e incluso en el crimen organizado su modo de vida.
Es por eso que la convocatoria que ahora formula el gobierno a la oposición parece marcar un cambio de postura, y en este sentido para el Partido Nacional, la oferta de Vázquez es buena. “El diálogo siempre es positivo y necesario. El desafío es que se apunte a acciones concretas para temas acuciantes”, dijo a El País el senador Álvaro Delgado, del sector Todos.
El senador colorado Pedro Bordaberry está de acuerdo en legislar para limitar salidas transitorias y libertades anticipadas de reincidentes. Sostiene que hay un proyecto suyo en el Parlamento y que no lo tratan, pese a que desde el Poder Ejecutivo se ha manifestado interés en impulsarlo
Por su lado, el senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente y quien planteó la semana anterior la necesidad de promover un ámbito de diálogo entre gobierno y oposición para recrear un “clima de tolerancia en la sociedad”, también reaccionó e indicó que “el gobierno tiene una opinión favorable a convocar a un diálogo. Bienvenido sea”, y acotó que “hay que promover la convivencia social y enfrentar a la violencia”.
Hay muchos elementos a poner sobre la mesa en el diálogo que se promueve, y tiene que ver naturalmente con acordar un diagnóstico, a la vez para buscar consensos o mayorías sobre las respuestas, que no pueden ser parciales, sino integrales, lo que indica que debe encararse políticas de mediano y largo plazo de carácter social, un marco legal acorde con el desafío que presentan los cambios de valores en amplios sectores de la sociedad, la prevención, la disuasión, la represión y la contención y rehabilitación en el sistema carcelario, por mencionar los aspectos más relevantes de una problemática vasta y compleja.
Sin ir más lejos en Paysandú tenemos elementos que dan una pauta del panorama, aunque sean posiblemente temporales y parciales: la presencia de efectivos de la Guardia Republicana, con represión de infractores y delincuentes, ha dado resultados muy positivos. Su presencia conlleva un factor disuasivo que no es menor en las políticas que se requieren desde el Estado.
Y en este sentido el ámbito de diálogo que se promueve debe encararse con una mirada desideologizada, con los pies sobre la Tierra, y con las miras puestas en proteger a la sociedad, al ciudadano común, al vecino indefenso ante los violentos, antes que priorizar la defensa de las hasta ahora consideradas “víctimas” de la sociedad, con el bien fundado supuesto de que nunca será posible erradicar la delincuencia, pero sí abatir sus variadas manifestaciones, que tienen en jaque a la sociedad.