Opinion | 29 Mar En más de una oportunidad desde esta página editorial hemos señalado la necesidad de que el sistema político, sentado en una mesa con los actores involucrados, analice en profundidad el presente y el futuro del sistema de seguridad social, ante una realidad que mantiene una tendencia notoria de envejecimiento de la población, que a la vez requiere mayor cantidad de recursos materiales y humanos para el pago de prestaciones y atención en el área de la salud y apoyo social, entre otros aspectos.
Es decir, que debe encararse en primer lugar un diálogo que permita generar consensos sobre el diagnóstico de situación para posteriormente abordar propuestas con salidas de mediano y largo plazo, en el marco de una problemática que no es solo de nuestro país, naturalmente, sino global, pero donde es riesgoso y puede inducir a error el extrapolar situaciones y eventuales soluciones.
Naturalmente, la mayor expectativa de vida implica que por mayor tiempo deberían pagarse jubilaciones y pasividades por quienes están en actividad, lo que debe conjugarse a la vez con que estas prestaciones sean decorosas, naturalmente de acuerdo a los aportes de cada uno, lo que implica exigencias al sistema a partir de la captación de recursos, fundamentalmente, y su sustentabilidad.
El primer planteo claro que aparece es elevar la edad de retiro, como se ha hecho ya en países europeos, pero esta perspectiva conlleva connotaciones que deben tenerse en cuenta y dar lugar a la vez a que se generen planteos de todos los interesados en la problemática.
Precisamente el jueves 31, en el segundo foro del Diálogo Social que inauguró recientemente el presidente Tabaré Vázquez, el tema será Protección Social, lo que no quiere decir que el gobierno esté pensando en cambiar el sistema en lo inmediato, porque no debe perderse de vista además que en nuestro país, lamentablemente, todo se mide en costos políticos y en plazos, y en este tema no pueden esperarse medidas simpáticas, tal como viene la mano.
En este contexto debe evaluarse que el programa del Frente Amplio tiene una referencia tangencial al envejecimiento de la población y sus consecuencias sobre el sistema de seguridad social.
Indica que “es un proceso que se profundiza, siendo imprescindible encararlo promoviendo políticas de fondo al respecto, más allá de reformas paramétricas que se puedan instrumentar. Debe preverse con tiempo sus consecuencias en el mediano y largo plazo, a efectos de analizar e impulsar medidas, comenzando por una alteración muy gradual de las edades de retiro, previendo y evitando situaciones que puedan generar políticas de shock”.
En el caso del Partido Nacional, no se hace referencia específica respecto a la modificación de las edades de retiro, e indica que “el régimen mixto de seguridad social (integrado por el BPS y las AFAP) se ha consolidado y cuenta con un alto grado de aceptación entre los trabajadores. Sin embargo, hay problemas que merecen atención. El más importante es el estado de las cuentas del BPS. Las proyecciones de su balance son preocupantes, aun si se consideran plazos relativamente cortos. Por eso las autoridades han declarado que en algún momento será necesario modificar las edades de retiro”.
Por su lado el Partido Colorado tampoco hace referencia a modificar las edades de retiro y solo plantea que un consenso multipartidario debería acordar medidas para abatir progresivamente el aporte de Rentas Generales para contribuir el presupuesto del BPS, según indica El País.
Una pista del escenario, asimismo, lo da el subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, al expresar a Búsqueda que “la expectativa de vida de los uruguayos aumenta, la base va a ser cada vez más chiquita y el volumen de longevidad es tremendo”, por lo que entiende que hay que modificar la edad mínima de jubilación “de a poco”.
Actualmente la edad de retiro está establecida en 60 años para ambos sexos y se requiere un mínimo de 30 años de vida laboral, en tanto en el caso de las mujeres se agrega un año al cómputo por cada hijo con un máximo de cinco años de bonificación. Asimismo existe la jubilación por “edad avanzada” cuando se llega a los 70 años, siempre que se acrediten 15 años de trabajo. Y hay posibilidades de “jubilación parcial”, vigentes desde 2013 que permiten trabajar medio horario, cobrando la mitad del salario y de la pasividad.
Pero si bien como norma la edad mínima de retiro es de 60 años, en los hechos el promedio de retiro de los pasivos se hace casi a los 65 años, más precisamente 64 años y nueve meses, según da cuenta Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión social (BPS), lo que indica que gran parte de la población opta por seguir trabajando, por una serie de razones, que se basa fundamentalmente en que considera que el retirarse implica ajustarse el cinturón en cuanto a los ingresos por los montos de las pasividades, que se viene a poco más de la mitad del salario, aproximadamente. Pero a juicio del director la relación entre la cantidad de activos y pasivos no pone en riesgo ni en el corto ni en el mediano plazo las finanzas del organismo.
Indicó que la relación entre activos y pasivos que durante la crisis llegó a ser casi de 1 a 1 se incrementó hasta llegar a ser de 2,1 activos por cada pasivo como consecuencia de la formalización del mercado laboral. El nivel de informalidad pasó del 40% en 2004 a alrededor del 20% hoy, recordó. En su opinión, se debe procurar abatir el informalismo con más controles, facilitando el pago de deudas y bonificando a los buenos pagadores.
El director del BPS señaló que más que modificar las edades de retiro deberían quizás incrementarse los aportes patronales, hoy en 7,5%, en tanto los de los trabajadores están en 15%.
El punto es que si en las actuales condiciones mucha gente prefiere trabajar más años, la suba de la edad de retiro podría tener más connotaciones teóricas que prácticas, y por cierto correspondería encararse un proceso de reformas integral que entre otros aspectos mejore la tasa de reemplazo (porcentaje del monto de la pasividad sobre los ingresos).
Sin dudas hay muchos aportes para hacer en un diálogo social y es un ámbito en el que corresponde analizarlo en profundidad. Es seguro es que no hay soluciones mágicas, que en un país altamente vulnerable a las condiciones externas como el nuestro también cambian las condiciones de la economía y que no es lo mismo sostener un esquema previsional en épocas de bonanza que en crisis, por lo que con tantas moscas para atar por el rabo, deben evaluarse numerosos factores y sobre todo generar consensos para que las reformas no recaigan en un solo partido. Se debe crear un ámbito multipartidario e interinstitucional, para no impulsar medidas sectoriales ni visiones parciales que serían pan para hoy y hambre para mañana.