Opinion | 05 Abr A propósito de los datos oficiales que indican que Uruguay creció solo un uno por ciento en el año culminado el 31 de diciembre de 2015, hay sin duda reflexiones valederas a formular, sobre todo porque se confirma una desaceleración que ya era evidente, y lo que es peor aún, se trata de una tendencia que no solo viene del año pasado, sino que se ha venido acentuando debido a desequilibrios macroeconómicos que no se han corregido a tiempo.
Por lo pronto es indudable que, como hemos venido sosteniendo ya desde hace tiempo, tras un período de meseta en las condiciones favorables del exterior, en que vendíamos productos primarios a muy altos precios --la soja estuvo en los 600 dólares, y hoy está en la mitad, por ejemplo-- el entorno fue cambiando, y en un país de economía como la nuestra, de base agropecuaria con escaso valor agregado, es indudable que el nuevo escenario ha tenido un impacto negativo que se ha venido acentuando con el paso de los meses.
Por lo tanto no cuesta mucho inferir que el ciclo de 13 años de bonanza económica finalizó, y por lo tanto el crecimiento menor al esperado por el oficialismo (del 1% del Producto Bruto Interno en 2015) no es de extrañar. Por supuesto mucho menos debe tomar por sorpresa al gobierno, que durante largo tiempo siguió negando la situación y esperaba incluso --por lo menos así lo decía-- un crecimiento del 2,5 por ciento para el año pasado, que no llegó siquiera a la mitad. Pero es evidente que se trataba más que nada de una expresión de deseos y no de lo que podía evaluarse de la realidad, un mensaje para dar cierta tranquilidad a los operadores económicos y tal vez a la ciudadanía, con el fin de evitar el pánico ante una situación de la economía regional alarmante.
Siendo así, tal vez no hay mucho para cuestionar, porque es lógico que se pretenda generar condiciones favorables para los operadores económicos, pero lo realmente preocupante es haber hecho un presupuesto en base a un crecimiento que todos sabíamos que no tenía ninguna base empírica.
Desde esta página editorial hemos señalado repetidamente que se dejó pasar una oportunidad excepcional, durante la época de bonanza, para quedar mejor perfilados ante situaciones como las que toca vivir al país con el cambio del viento, que era simplemente no gastar en exceso, incluso más que lo que entraba de manera excepcional, y de esta forma contar con un colchón de recursos disponible para encarar una respuesta contracíclica cuando se viniera la época de las vacas flacas, que ya ha llegado.
En cambio, durante la presidencia de José Mujica la orden a las empresas públicas era que siguieran gastando, porque no había que hacerle caso al “machetismo” que siempre practican los ministros de Economía y Finanzas, y ello explica en buena medida el agujero negro de mil millones de dólares que nos dejaron en Ancap, que debemos pagar todos los uruguayos justo cuando más falta el dinero. Pero también fue responsable del abultado déficit fiscal, con costos fijos para el Estado por encima de sus posibilidades.
Y si bien es fundamental evaluar el origen de los problemas con los que se encuentra el país ahora --que hemos expuesto muy sucintamente y dejando otros elementos afuera por limitaciones de espacio--, el planteo fundamental de la hora es el margen de maniobra con que ha quedado al gobierno, que tiene un déficit fiscal cercano al 4 por ciento del PBI, con inflación en los dos dígitos, alimentada además por el hecho de que no se han bajado las tarifas de Ancap pese a la caída del precio internacional del crudo a niveles históricos, y encima aumentado otras tarifas de servicios públicos.
Y como es harto difícil aumentar los ingresos con impuestos en período recesivo, con una capacidad contributiva ya al tope, la posibilidad, o más bien la necesidad cierta, va por el lado de reducir el gasto que había sido incorporado en el Presupuesto Quinquenal que se apoyaba en un fantasioso crecimiento del 2,5 por ciento, como elemento inevitable para tratar de equilibrar las cuentas en el Estado.
Ahora, desde el gobierno se ha indicado que no se tocará el gasto social, por lo que queda un margen acotado para irlo bajando en donde no hay costos fijos que fueran incorporados durante una década por los sucesivos gobiernos de izquierda, sobre todo en gastos suntuosos y prescindibles. Es el momento, aunque tardío, de ir revisando desde ya los aumentos presupuestales previstos para 2017 y bajar el gasto superfluo.
Sin embargo, desde la izquierda, increíblemente, se habla de adoptar medidas "expansivas" que pasan por el fomento de la inversión pública. Pero ¿de dónde se va a sacar dinero para invertir, si hay déficit en las cuentas del Estado?
La otra alternativa sería endeudarse más para poder enfrentar ese gasto desde el Estado que supuestamente dinamizaría la economía interna. Pero como es sabido, de lo que se hace desde el Estado retorna solo en una mínima parte.
Por supuesto, no es buena señal para el inversor el alto costo país para las empresas y las recientes subas de tarifas públicas, y la crisis de los dos vecinos, Brasil y Argentina, tampoco nos ayuda. El margen de maniobra tan acotado deja como alternativa inmediata bajar el gasto estatal prescindible, para aliviar la carga sobre los ciudadanos y los sectores reales de la economía, respuesta que igualmente llevará su tiempo para rendir frutos, ante los alcances del desequilibrio.