Rurales | 09 Abr El productor Adolfo Casaretto se mostró preocupado y le llamó poderosamente la atención “el desconocimiento de algunos políticos –mayormente de extracción urbana– sobre la tremenda importancia del problema de abigeato, su historia e impacto en la afectación a la producción pecuaria y en la seguridad rural en general”.
Es que el pasado miércoles, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, y su equipo, junto al subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, concurrieron a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados, con el fin de informar sobre las modificaciones de los artículos 258 y 259 del Código Rural.
Tras el encuentro, la diputada sanducera Cecilia Bottino expresó a EL TELEGRAFO que “el mensaje que se quiere transmitir es que cuando se dan casos con circunstancias agravantes y muy agravantes, la pena mínima sea inexcarcelable”. “Ahora vamos a trabajar desde la Comisión de Constitución y Código sobre las penas, entendemos que las penas que se pusieron son muy altas, tanto las mínimas como las máximas”, añadió.
Al respecto, Casaretto indicó a EL TELEGRAFO que “en el caso que se tuviese un cabal conocimiento del problema, la falta de sensibilidad para con el productor rural y el trabajo honrado es llamativa y desmoralizante”. Sostuvo que “mientras se tenga la concepción filosófica y política de que se deben mayores excepciones y contemplaciones al que delinque frente al que sufre el delito, seguiremos en esta constante y progresiva situación de deterioro de la seguridad en que estamos”.
“Estamos implementando un nuevo Código Penal, donde estamos teniendo en cuenta la graduación de las penas, qué tipos penas vamos a proteger, cuáles son los bienes jurídicos que vamos a proteger y qué figura delictiva vamos a crear, por lo que no podía quedar ajeno a la mirada global que estamos teniendo”, explicó Bottino. “Esa fue mi intervención y comparto el espíritu del proyecto que se envió desde el Ejecutivo, reconozco el trabajo efectuado desde la Comisión de Ganadería y reconozco la necesidad de perfeccionar el delito de abigeato tal como está establecido en el Código Rural”, acotó.

MÁS Y DIFERENTE
En 2015, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que modifica el tratamiento del delito de abigeato, robo y faena clandestina de animales. El ministro Aguerre afirmó el pasado miércoles en su exposición ante los diputados, que este delito se incrementó y está cambiando su forma. “En algunas situaciones, está tomando características de crimen organizado”, aseguró. En cuanto a las modificaciones de los artículos, expresó que son una señal fuerte y concreta para el sector productor, con el que tiene contacto permanente a través de la Mesa de Desarrollo.
Por su parte, Casaretto entiende que los viejos conceptos de “hurto famélico” y de delito social ya no corren más. “Organizaciones delictivas se han instalado en el medio rural estimuladas por la inefectividad del sistema de educación, prevención, seguridad y represión existente”, dijo.
Para este productor ganadero y ovejero, “la falta de compromiso y excesiva flexibilidad del sistema actual, ha permitido un crecimiento alarmante del delito de abigeato al extremo del desestímulo en la denuncia por parte de los afectados y del sentir social reinante de que es un delito menor, por lo habitual y reiterado”.
El extremo de la situación actual “es que el productor damnificado se conforma con que la pena más dura propuesta opere como un período de tiempo que impida que el consuetudinario delincuente –con múltiples reincidencias– esté efectivamente repitiendo el delito, que la misma intente operar como una medida disuasora”.
“El productor se pregunta ¿cuál es el plan alternativo y las acciones que el poder político ha propuesto a no endurecer las penas? Su existencia es desconocida pero su inefectividad claramente demostrada”, remarcó. Por otra parte, sostuvo que “decepcionan los tiempos y urgencias del accionar político, sobre todo del poder legislativo y de la labor judicial, que para nada condicen con la necesidad y urgencia de los ciudadanos rurales”.
Para Casaretto, “la triste situación y el escaso compromiso político –que trasciende la política partidaria–, permite constatar que este paisito se da el lujo de haber terminado –mayoritariamente por abigeato y jaurías– con las explotaciones ovinas comerciales en 30-40 kilómetros alrededor de cualquier centro poblado. Por demás es conocida la importancia económica y social que este rubro tiene, en especial para los pequeños productores. Las respuestas requeridas desde hace tiempo, ahora tienen carácter de urgencia”.
“Entendemos que los municipios –con escasas excepciones– y sus direcciones de Higiene, han estado también omisos en su función de contralor de bocas de expendio de carne, no teniéndolo previsto ni siquiera en sus planes estratégicos, en la asignación de recursos humanos y materiales, ni tan solo en una planificación que por método y rutina intenten acciones efectivas. Muy probablemente el costo político de este indispensable contralor pueda más que la gran responsabilidad social y sanitaria que implica”.
El productor explicó que “analizar y dar respuesta a la faena para consumo humano en los centros poblados del medio rural es una necesidad imperiosa”. Al tiempo que expresó que “es de justicia resaltar el compromiso de la Brigada Especial de Previsión y Represión del Abigeato (Bepra) de Paysandú y de la Comisión de Seguridad Rural Nacional y Departamental”, y enfatizó que “la grave situación requiere del compromiso de todos los involucrados”.