Nacionales | 12 Abr El gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley “para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género”, un tema que tiene “un dramatismo” en el país y que afecta a todas las generaciones, dijo la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. El proyecto contempla reformas en el sistema judicial al que se deben amparar las víctimas, así como la inclusión en el Código Penal del femicidio como agravante del homicidio, y define el acoso callejero, cuyo combate debe estar bajo la égida de los gobiernos locales.
Según la ministra, la tentativa de norma aprobada en la víspera en la reunión del Consejo de Ministros para su envío al Senado es fruto del “trabajo serio y documentado por desnudar el tema de la violencia basada en género (VBG)”, con amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, y otros actores públicos, como la Fiscalía y el Poder Judicial.
Arismendi estuvo acompañada por la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariella Mazzotti, quien catalogó al proyecto de ley como “un enorme avance que se abre al debate parlamentario”. “Es una síntesis de lo que la sociedad uruguaya considera que debe ser una respuesta integral respetuosa de los derechos humanos, que dignifica a las mujeres y a los varones, porque el cambio sociocultural impacta a ambos y la consecuencia de la violencia basada en género tiene altas consecuencias negativas en mujeres y varones”, dijo Mazzotti.
El diseño de norma, que a partir de ahora estará sometido a la consideración del Parlamento, tiene más de cien artículos que definen la VBG, los derechos de las personas que la sufren, así como los lineamientos de políticas públicas para combatirla. Entre los principales puntos de destaque, el proyecto propone la creación de juzgados “multimateria” para tratar tanto los asuntos penales como los civiles emanados de casos de VBG, para evitar la “revictimización” de las mujeres sometidas a este fenómeno, que actualmente deben atravesar dos procesos judiciales separados.
“Conceptualmente el Poder Judicial considera que es posible e interesante avanzar en este sentido. Están de acuerdo con que el proyecto de ley incorpore (este tipo de juzgados). Obviamente, serán consultados en el debate parlamentario”, dijo la directora de Inmujeres. Explicó que el actual sistema judicial “necesitará una reorganización que será llevada adelante una vez que se apruebe la ley”.
El esbozo de norma también define el acoso sexual callejero, para dar herramientas a los gobiernos locales, competentes por este asunto, para elaborar políticas públicas contra esta problemática y dar pie a “un trabajo interinstitucional”.
Aunque no están previstas medidas para profundizar las penas por femicidio, el proyecto insta a incorporarlo al Código Penal como “un homicidio especialmente agravado que tiene características específicas y que tiene que ser identificado como un homicidio específico dentro de los especialmente agravados”, subrayó Mazzotti.
Los avances en representación de las mujeres en cargos electivos y de decisión, un ámbito en el que el país presenta importantes rezagos, no son el objeto de esta ley, que sin embargo define la violencia política, “una dimensión de la violencia pocas veces visibilizada”. Esta consiste en las acciones llevadas adelante por personas para “impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su violencia de sus principios o de la ley”, dijo la directora del Inmujeres.

URUGUAY FIRMÓ CONVENIO CON UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) firmaron un convenio marco para mejorar las prácticas institucionales del país en cuanto a la protección de menores con ausencia o carencias en cuidado parental. Uno de los objetivos es potenciar el diálogo de “todos los sectores institucionales y sociales” para, por ejemplo, minimizar la internación de menores en dependencias del INAU y buscar alternativas para que puedan gozar de un ambiente familiar.
“Muchas pruebas explican que los niños que crecen o se quedan mucho tiempo en instituciones tienen daños que afectan a toda su vida futura”, aseguró a la prensa tras la firma del documento el representante en Uruguay de Unicef, Paolo Mefalopulos. El convenio entre ambas instituciones también tendrá el objetivo de “asegurar la calidad” de esos internamientos en los casos en los que sean necesarios.
Para minimizar las estancias de los menores en los centros se potenciarán medidas alternativas de acogimiento familiar “para lograr mejores niveles del ejercicio de los derechos de los niños”, dijo por su parte la presidenta del INAU, Marisa Lindner. “Esto no significa que el Estado deja de ser parte de los procesos en los cuales debe seguir comprometiéndose para restituir esos derechos vulnerados” de los menores, agregó.
Mefalopulos también explicó que el papel de Unicef en este acuerdo es el de apoyar al INAU, por ejemplo, con asistencia técnica o favoreciendo el intercambio de experiencias en el marco de la cooperación sur-sur, para desarrollar las medidas que la institución uruguaya decida llevar a cabo en este campo. En este acuerdo no se aborda la cuestión de la permanencia de los menores junto a sus progenitores en instituciones carcelarias debido a que el asunto no depende del INAU.
“En todo el mundo admiten que haya niños de hasta dos años en las cárceles y puede, excepcionalmente, extenderse algo más. En nuestras cárceles pueden llegar hasta los ocho años. Eso no es mirar por el niño, porque está preso aunque esté acompañado por la madre”, dijo sobre este tema el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el pasado 11 de marzo.
En el convenio también se establece abordar el desarrollo de “estrategias para la prevención, detección precoz, protección, y reparación del daño en situaciones de violencia”. Además, se busca apoyar la difusión de recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales vinculadas a la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia y estudios comparativos de los marcos legales regionales y mundiales para mejorar la normativa vigente en Uruguay.
En ese sentido, en la última semana de mayo se realizará en Uruguay una reunión de la Comisión Niños Sur del Mercosur –cuya presidencia de turno ostenta nuestro país en el primer semestre de 2016–, a la que acudirán representantes de la ONU y especialistas regionales vinculados a estos asuntos.

DE LEÓN DEFENDIÓ SU GESTIÓN EN CADENA NACIONAL
“Como gobierno entendemos necesaria esta instancia para informar sobre las políticas y acciones y los desafíos que asumimos para el período”, señaló la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida de León, durante la cadena nacional emitida anoche.
La cadena había sido anunciada a comienzos de abril por el propio presidente Tabaré Vázquez durante el Consejo de Ministros abierto desarrollado en la localidad salteña de San Antonio y en el marco de una serie de acciones del Poder Ejecutivo para fortalecer la comunicación de sus acciones. Vázquez había adelantado que el mensaje contendría “un informe de situación sobre temas ambientales, recursos acuáticos y vivienda en Uruguay”. En efecto, el mensaje emitido ayer repasó las principales acciones del Mvotma en las principales áreas de gestión. “Nuestro ministerio se ocupa de aspectos relacionados con la vivienda en su sentido más amplio, trabajamos en el cuidado del ambiente, agua y territorio”, apuntó la ministra, señalando que “ningún rincón del país y ninguna persona es ajena a las labores” de la cartera.
De León destacó que “este gobierno tomó decisiones importantes al aumentar los recursos para vivienda y ambiente” y remarcó que “es fundamental el apoyo de muchas personas instituciones públicas y privadas, pero sobre todo el compromiso de ciudadanos conscientes y organizados”.
“Somos parte de este Uruguay que cambia y queremos seguir transformando entre todos”, agregó. “Los desafíos son muchos. Nuestro compromiso es administrar bien los recursos que son de todos”, subrayó.