Locales | 10 Abr A pesar del compromiso del presidente Tabaré Vázquez durante el Consejo de Ministros celebrado en Piedras Coloradas y la confirmación de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, de que la extracción de hidrocarburos a través de la fractura hidráulica (fracking) no está en los planes de la actual administración del Poder Ejecutivo, las organizaciones de la sociedad civil reclaman una ley que reafirme dicha declaración, en tanto mantienen cautela ante los contratos firmados entre Ancap y las empresas encargadas de esta tarea, que otorgan a las mutinacionales la opción de decidir la tecnología que se aplicará en la extracción.
El grupo local Paysandú Nuestro considera que es “una declaración fundamental por la investidura que representa, pero los gobiernos pasan y los contratos quedan. Recordamos que los documentos se firmaron a 30 años, por tanto junto a otros grupos a nivel nacional propugnamos la creación de una ley que prohíba el fracking en todo el territorio como una forma de ponerle un punto final a esta suerte de juego al gato y el ratón, donde buscamos definiciones”, precisó a EL TELEGRAFO Javier Dalmás.
Explicó que, tras las declaraciones del gerente de Producción y Exploración de Ancap, Héctor de Santa Ana, “un jerarca bastante cuestionado luego de haber sido procesado penalmente por plagio ante la actual titular de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), Leda Sánchez, y que a su vez tiene constituida una investigación interna dentro de Ancap como funcionario, porque habría filtrado informaciones que perjudicarían al organismo”, manifestaron su preocupación por un tema recurrente. “Nos llaman la atención esas salidas públicas de esta figura cuestionada del ente y nos preocupa porque siempre estamos con lo mismo: los contratos de exploración y explotación”, dijo Dalmás.
En tal sentido, la petrolera estatal firmará un contrato con Campo Alegría S.A. para la realización de estudios geológicos en un área delimitada entre Paysandú y Tacuarembó con el objetivo de conocer el potencial de hidrocarburos existentes en el suelo. “La empresa Campo Alegría firmó un nuevo contrato muy similar al que ya se hizo con la Schuepbach Energy tanto para la exploración en una primera etapa, como de explotación a medida que avanzan y descubren otros yacimientos en las etapas posteriores”, añadió.
Dalmás aclaró que “se dice que es una empresa nacional y eso no es verdad. Lo único nacional que tiene es su gerente, Juan Sartori, pero en realidad dirige a Union Capital Group (UCG), que es un fondo de capitales con sede en Suiza, enfocada a diversos rubros agropecuarios y de minería. En Uruguay ha comprado más de 250.000 hectáreas para producción agrícola y tiene emprendimientos mineros a través del Union Mineral Group por más de un millón de hectáreas que incursionan en los hidrocarburos. Entonces, es una empresa transnacional de capitales suizos y estamos en la misma situación que los contratos firmados con la Schuepbach. Por un lado, tenemos declaraciones donde --como siempre-- se intenta llevar tranquilidad de que no habrá fracking y por otro, vemos que las modalidades de contratos se dan como hasta ahora, con las mismas figuras y bajo similares características ya denunciadas en diversos artículos de prensa”.
La logística del fracking implica la movilización de grandes maquinarias y volúmenes de personas, arena y agua, que es fácilmente detectable. “Hemos sido asesorados en ese sentido y no creemos que se vaya a practicar esta tecnología de fractura hidráulica sin hacerlo público, pero lo que nos preocupa es la firma de nuevos contratos de similares características a los anteriores y eso no es coherente. Por eso estamos junto a Uruguay Libre, propugnando por la aprobación de uno de los proyectos de ley existentes para prohibir la fractura hidráulica y de esa forma laudar este asunto, para dedicarnos a otras cosas que nos gustan”, precisó.
El Consejo de Ministros se realizó el lunes 22 de febrero en Piedras Coloradas y un decreto firmado por el presidente Vázquez y el Ministerio de Industria, Energía y Minería el martes 23 del mismo mes, avaló dicho contrato.
En tanto el área técnica de la petrolera estatal elevaba por aquellos días un informe al directorio para que apruebe el acuerdo.
En un anexo del documento, se estableció una inversión estimada en U$S 385.000.

LA DECLARACIÓN
Los grupos Paysandú Nuestro, Paysandú Libre de Fracking, Grupo de Jóvenes de Piedra Sola, Grupo de Ciudadanos de Salto y de Rocha, Maldonado por la Tierra y el Agua y Uruguay Libre de Megaminería saludaron “las coincidencias” y reclaman que, “para tranquilidad de la población, las mismas sean plasmadas en normas legales imperecederas”.
En el comunicado recordaron que la posibilidad de la instrumentación de la técnica de la fractura hidráulica “ha sido precisamente la razón de las acciones civiles que, por encima de cualquier encuadramiento político partidario, promovieron resoluciones prohibiendo el fracking en su territorio de las Juntas Departamentales de Paysandú, Tacuarembó y Salto, entre 2013 y 2014, a las que se sumó Rocha en 2015 y se refleja en iniciativas análogas en otras Juntas. Decisiones sustentadas en las atribuciones de los gobiernos departamentales para decidir los usos del suelo en su jurisdicción garantizadas por la Constitución y las leyes nacionales”.
En el texto explicaron que “el problema principal es el uso de la fractura hidráulica o fracking para la explotación o extracción de petróleo y gas de napas de rocas impermeables o esquistos. Pero, aunque no sea estrictamente utilizando el fracking, son igualmente peligrosas las actividades de exploración con perforaciones de estudio en zonas muy sensibles como las que en nuestro país cobijan al Acuífero Guaraní. Algunas de estas perforaciones fueron suspendidas por su inestabilidad, como en el caso de Cerro Padilla, pero no se conocen hasta el presente sus consecuencias”.
Reafirmaron “la necesidad de regirnos como sociedad por el ‘principio de precaución’, o sea, que una acción de impacto sobre el medio ambiente y la salud de la población no debe ser llevada a cabo mientras no se demuestre la inocuidad de sus efectos” y señalaron que “la manera de asegurar la tranquilidad de la población es que las declaraciones de los gobernantes y los dirigentes políticos se traduzcan en normas legales que trasciendan los mandatos electorales y partidarios y que las mismas se cumplan a cabalidad”.
Los grupos consignaron que en el Parlamento se presentaron tres proyectos de ley que proponen “desde una moratoria hasta la prohibición” y que “pueden ser fácilmente consensuados pues su fundamentación es coincidente en los aspectos esenciales y son respaldados por legisladores de varios partidos”.
Finalmente, confirmaron que se mantendrán “movilizados hasta que se consagre la prohibición del fracking en nuestro país” y promocionarán los “pronunciamientos de los gobiernos departamentales, así como la aprobación por el Parlamento de una ley nacional con la misma finalidad”.