Opinion | 09 Abr Los Panama Papers --11,5 millones de documentos filtrados a la prensa de la firma de abogados de Panamá Mossack Fonseca-- han puesto al descubierto a cientos de clientes que utilizan las sociedades offshore para colocar sus ganancias y riquezas. Los documentos, que abarcan 40 años de actividad, han dejado en evidencia a líderes mundiales, multimillonarios y figuras del deporte que son investigados por blanqueo de capitales y lavado de dinero.
La megafiltración fue a parar al diario alemánSueddeutsche Zeitung, que después la compartió con medios de todo el mundo a través del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). En Uruguay, como miembro de ese grupo, tuvo acceso el semanario Búsqueda. El hacker, que supuestamente actuó por motivos morales, brindó los documentos al medio alemán hace más de un año. Al cabo de una temporada, este periódico y los otros medios decidieron divulgarlos.
El asunto es que, para el público en general, no termina de quedar claro que la figura de las sociedades offshore no es ilegal --si bien se puede utilizar para maniobras ilegales-- y que no todas las personas que han salido en listas en la prensa han cometido delito. Al parecer, el tiempo que se tomaron los 370 periodistas que trabajaron sobre las filtraciones no ha sido suficiente para discriminar entre los casos merecedores de una investigación por lavado de activos o blanqueo de capitales de entre los que simplemente colocan su dinero para tenerlo seguro y discreto.
En varias partes del mundo, las revelaciones tienen implicancias políticas. Tal es el caso del presidente argentino Mauricio Macri --un fiscal pidió investigarlo--, del mandatario ruso Vladimir Putin, del primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson --que renunció--, del premier británico David Cameron, del rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz, del presidente de Ucrania, el multimillonario Petro Poroshenko, o de Pilar de Borbón, la hermana de Juan Carlos y tía del rey Felipe VI de España. Otros famosos en la lista son el futbolista argentino Lionel Messi, el director de cine español Pedro Almodóvar y el francés Michel Platini, expresidente de la UEFA.
Al principio, cuando salieron a la luz los Panama Papers, se vendió el tema como la mayor investigación periodística de la historia cuando en realidad se trató de una gran filtración de documentos. Los periodistas entraron a escena después, con los papeles en mano. Cada medio ha ido a fondo con las personalidades y cuentas según el país en que se encontraba. Búsqueda, que integra el ICIJ, así lo hizo en Uruguay. Este jueves publicó que en las últimas cuatro décadas empresas y particulares uruguayos fueron los principales clientes de Mossack Fonseca.
Esta firma cuenta con una sucursal en Uruguay y tiene 298 clientes de nuestro país, entre los que figuran abogados, futbolistas, políticos, bancos y empresas financieras. Durante esos 40 años, Mossack Fonseca creó más de 5.000 compañías offshore en Uruguay y de esa forma es uno de las tres naciones con más clientes de este estudio. Entre los implicados más notorios se encuentra el presidente de Peñarol, José Pedro Damiani; con base en sociedades que posee su estudio y en el vínculo con Mossack Fonseca, los Panama Papers aportan datos que lo vinculan con la ruta del dinero kirchnerista. Damiani, quien ha negado cometer delito alguno, renunció al Comité de Ética de la FIFA y, por cierto, está en una posición sumamente incómoda. También el senador colorado Pedro Bordaberry, quien ha sido vinculado con una sociedad anónima panameña que le hizo un juicio a Colonización, y el excanciller blanco Sergio Abreu, que supuestamente administró bienes del futbolista argentino Lionel Messi, figuran entre los uruguayos famosos de los Panama Papers. Ambos rechazaron cualquier ilegalidad.
Los uruguayos con empresas offshore quedaron a merced de todo tipo de dudas --quizá alguna sí esté cometiendo delito, pero, por supuesto, habría que probarlo-- al publicar Búsqueda una lista detallada de las firmas que tienen sociedades activas o inactivas creadas en el estudio Mossack Fonseca en Panamá. Sobre la base de esta información, la DGI analizará datos de los Panama Papers en busca de evasores y la Secretaría Antilavado evalúa inspeccionar en los estudios jurídicos.
La lista de Búsqueda se replicó en otros medios y en las redes sociales, abriendo todo tipo de conjeturas sobre los bufetes y personas mencionados. El Observador, en cambio, fue uno de los medios que decidió no publicar la lista de uruguayos con empresas offshore porque "tener una compañía de este tipo no constituye de por sí una ilegalidad", según aseguró en un editorial. El diario capitalino citó al abogado experto en derecho tributario Leonardo Costa, quien señaló que en Uruguay las sociedades offshore son "totalmente legítimas y son algo bastante común".
Uruguay no cobra impuesto sobre rentas en el extranjero, como sí lo hacen otros países como Estados Unidos, y por lo tanto una empresa en el extranjero no tributa acá, y el uruguayo que decide tener una sociedad offshore no tiene la necesidad de declararlo. También hay casos en los que la sociedad tiene la finalidad de mantener la confidencialidad en negocios que pueden poner en riesgo la vida de los accionistas, como cuando un Estado no brinda las suficientes garantías a los ciudadanos. En el fondo, existe una cuestión de separar los tantos como corresponde y no dejarse llevar por los gritos de la tribuna. Hay mucha información y datos en la vuelta, y el ruido, muchas veces, no deja observar con propiedad. La reputación de la labor periodística también está en juego en el caso de los Panama Papers.