Nacionales | 10 Abr La actual situación fiscal, con déficit de las cuentas públicas, a lo que se suma la desaceleración económica, llevará seguramente a que el presidente Tabaré Vázquez no tenga posibilidad durante su segundo gobierno de inaugurar grandes obras de infraestructura. Dos están en marcha y avanzan al ritmo previsto, por lo que podrían inaugurarse durante el mandato de Vázquez: el Antel Arena y la cárcel de Punta de Rieles, informó El País.
Una obra privada relevante y de reciente inauguración fue el Estadio “Campeón del Siglo” del Club Atlético Peñarol, a la que Vázquez asistió. Otra podría estar inaugurada sobre el final de su mandato a mediados de 2019: la Terminal Pesquera Capurro, un área especializada para el atraque de buques de pesca que costará U$S 94 millones. El contrato se firmó la semana pasada y la obra fue adjudicada a un consorcio integrado por las empresas Lavigne, Chediak y Teyma.
También está previsto que este año comience la prolongación del muelle C en el puerto de Montevideo. Y el ministro de Transporte, Víctor Rossi, anunció que el gobierno pretende que en 2016 comience la construcción de un viaducto en la rambla portuaria (en el barrio La Aguada) para facilitar el ingreso de camiones al puerto montevideano. Está también en marcha la construcción de parques eólicos por UTE.
El gobierno había anunciado el año pasado un plan de inversión en infraestructura por U$S 12.300 millones para el quinquenio, con un importante rol para la participación privada, sobre todo en infraestructura energética y transporte (carreteras y vías férreas, estas últimas al norte del río Negro). Parte de los fondos irán a infraestructura educativa.
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, especificó que se quieren realizar 440 obras vinculadas a centros educativos durante los cinco años, el 38% a través del mecanismo público-privado (PPP).
Complementariamente, y como parte del Sistema Nacional de Cuidados, que da prioridad a la atención de la primera infancia, se construirán mediante el mecanismo de las PPP 60 nuevos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), con una inversión inicial estimada en alrededor de U$S 32 millones.
Sin embargo, otra obra clave comenzada durante el anterior gobierno está parada y su futuro es incierto. Se trata de la regasificadora de Puntas de Sayago, cuya construcción se preveía sería costeada por el privado que se iba a hacer cargo de la obra (el consorcio GNLS), lo que implicaría una inversión de U$S 1.125 millones.
El Antel Arena, cuya construcción fue suspendida en julio del año pasado y se retomó por la fuerte presión de parte del Frente Amplio y el Pit-Cnt, avanza al ritmo previsto. Daniel Diverio, dirigente del Sunca, declaró a El País que la obra avanza a ritmo normal y sin conflictividad. Se está en una primera etapa y “están trabajando todos los trabajadores necesarios”, señaló. También marcha de la manera prevista la construcción de la cárcel de Punta Rieles, aseguró.
El Antel Arena debería estar terminado en 2018. Actualmente están trabajando allí unos 180 empleados y se espera que lleguen a desempeñarse en la obra unas 300 personas.
En junio de 2015 el gobierno adjudicó la construcción de la cárcel en Punta de Rieles con el sistema público-privado. Esta cárcel tendrá capacidad para más de 1.800 presos y estaría finalizada para 2017. Supondrá una inversión superior a U$S 120 millones. El Ministerio del Interior comenzará a pagar la obra luego de que esté pronta y durante 27 años.
En materia de vialidad, el gobierno espera que a partir de la segunda mitad del año se puedan comenzar a concretar inversiones por U$S 700 millones. El mal estado de las carreteras, en parte consecuencia del “boom” productivo de los años de fuerte crecimiento económico, fue un tema importante durante la campaña electoral de 2014.

DGI INVESTIGARÁ EMPRESAS SEÑALADAS POR PANAMA PAPERS
Las sociedades offshore son utilizadas para realizar inversiones, compra de bienes y no identificar la propiedad de bienes. Para el experto en Derecho Comercial Eugenio Xavier de Mello esta herramienta debe ser controlada de forma tal que no se utilice para fines ilícitos.
Desde la Dirección General Impositiva se informó que las inspecciones analizarán la información derivada de los Panama Papers, y estudiará en forma directa los resultados del capítulo uruguayo del informe, informó Subrayado.
En los próximos días iniciará una ronda de inspecciones y se cruzarán datos con la información referida a los estudios que tienen sociedades offshore para detectar inconsistencias. Los documentos sobre la actividad de Mossack Fonseca arrojaron que Uruguay es de los países donde hubo más intermediarios y negocios con la firma. Según informó el semanario Búsqueda, 22 firmas uruguayas crearon 50 o más empresas, y cientos al menos media centena de offshore.
La Secretaría Antilavado ya tenía previsto un plan de inspecciones en dos etapas, lo que puede incluir a entidades nombradas en la investigación.
Xavier de Mello indicó que no se puede cuantificar cuánto dinero de origen uruguayo se mueve a través de estas sociedades y cuántos accionistas hay. Pero recordó que la revelación de los Panama Papers ofreció datos sobre solamente uno de los estudios que se dedica a estos negocios en un país, pero que hay miles de estudios más. Tanto la DGI como la Secretaría Antilavado preparan una serie de inspecciones que abarcarán entidades que utilizaron sociedades offshore.