Opinion | 14 Abr La reproducción de textos de estudio pasaría a ser una práctica legal bajo determinados requisitos, si prospera un proyecto de ley actualmente a estudio del Parlamento. El tema, en particular por su vinculación con el fotocopiado de textos, saltó a primer plano en 2013 cuando más de una decena de personas que tenían a su cargo centros de fotocopiado en una galería próxima a la Facultad de Derecho, en Montevideo, fueron procesadas sin prisión tras una denuncia presentada por la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), quien alegaba la violación de los derechos de autor.
Desde entonces, nada indica que los estudiantes de todos los niveles educativos hayan dejado de usar fotocopias y, por otra parte, la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual propuesta para habilitar la reproducción de libros de estudio sin fines de lucro --una de las soluciones planteadas-- no había tenido mayores avances.
Sin embargo, ahora hay acuerdo entre los diferentes sectores parlamentarios y ésta podría ser la vía de solución al tema ya que con la aprobación de este proyecto por ambas cámaras, lo que se espera pueda realizarse ahora rápidamente, imprimir, descargar archivos, fotocopiar o hacer un compilado de varias obras dejará de ser ilegal, siempre y cuando sea para estudiar, con fines personales y sin que medie el lucro.
El proyecto de ley a estudio del Parlamento no sólo incluye textos en formato papel sino también los materiales de estudio a los que los estudiantes acceden a través de la plataforma virtual de Aprendizaje (EVA) de la Universidad de la República, así como la reproducción de obras de arquitectura a través de fotos, video y su publicación en diarios, revistas, y libros con fines educativos.
Se trata de una posible solución a un problema complejo que necesariamente debe conciliar muy diferentes intereses pero también la necesidad real de los estudiantes de poder acceder a material de estudio. No obstante, en paralelo a esto debería realizarse una amplia difusión y capacitación en el uso de materiales existentes, en especial los disponibles en bases de información académica por las cuales el país paga costosas sumas cada año y todavía son escasamente utilizadas aunque indispensables con fines de investigación, innovación y estudio. Muchas de ellas incluso están disponibles a toda la población a través del Portal Timbó gestionado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y, además, todos los estudiantes universitarios pueden acceder a otras complementarias a través del sistema de bibliotecas universitarias.