Locales | 17 Abr “Estamos evaluando la situación, que ciertamente es muy seria, pero no hemos decidido aun sobre una posible declaración de emergencia vial en el departamento”, dijo Gonzalo David de Lima, director general de Obras de la Intendencia. “Han llovido más de 300 mm en poco tiempo, mucho más que el promedio estacional y de eso no quedan dudas y, además, la ciudadanía lo sufre cotidianamente al impactar severamente en la caminería urbana, la suburbana y la rural”.
La situación es similar en varios departamentos del país y lo mismo ocurre del lado argentino, pero hasta el momento las decisiones han sido de diferente tenor. Mientras en Uruguay todavía no se ha declarado emergencia vial en ningún departamento, Entre Ríos avanza en ese sentido y solamente falta la aprobación de la Cámara de Senadores provincial.
En Salto, ediles departamentales han pedido al intendente Andrés Lima declarar el estado de emergencia vial, después que el Ejecutivo admitiera dificultades para enfrentar las reparaciones. Ante la magnitud que está adquiriendo el deterioro de las calles de la ciudad de Salto, y de buena parte de la caminería rural --situación que ha generado varios accidentes de tránsito-- se ha pedido desde la Junta Departamental que la Intendencia tome esa medida.
En Río Negro, el mal estado de calles, caminos y rutas ha provocado accidentes y rotura grave de los trazados, al tiempo que la producción tiene severos problemas para ser sacada de los establecimientos, en tanto materias primas no pueden ser ingresadas. El intendente Oscar Terzaghi aseguró que estudia un plan que en lo inmediato facilite la salida de la cosecha, pero aun no se ha determinado la declaración de emergencia vial, lo que es reclamado desde varios sectores.
En Cerro Largo, existe malestar entre pequeños ganaderos que no pueden mover las haciendas debido al decreto departamental que prohíbe el tránsito de camiones en caminos de tierra cuando llueve, y hasta 48 horas después. Las precipitaciones no dan tregua y el transporte está paralizado. Sin embargo, algunos camioneros violan la medida y son denunciados a la Intendencia. Se han suspendido remates ganaderos, embarques, transporte de madera y arroz por lluvias.
En febrero pasado el empresario sanducero Hugo Castro Coello, quien recorre las rutas de todo el país desde 1962, realizó un exhaustivo informe sobre el estado de las carreteras de todo el país, que fuera publicado en EL TELEGRAFO. En el mismo ya advertía de las “regulares o malas” condiciones de buena parte de las rutas, que ahora con las intensas precipitaciones ha empeorado notoriamente.
En Entre Ríos la situación es diferente. A raíz del intenso registro de lluvias de las últimas semanas que ha deteriorado los caminos de la provincia, el gobernador Gustavo Bordet acordó con los bloques que integran la Cámara de Diputados la declaración de la emergencia vial. Esto permitirá tomar de manera coordinada medidas urgentes que tiendan a recuperar en poco tiempo la trama vial de las regiones más afectadas de la provincia, fundamentalmente en las zonas rurales y productivas. El proyecto fue aprobado por unanimidad en Diputados y pasó para su tratamiento a la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

CON EMPRESAS PRIVADAS
“El deterioro tanto en la ciudad como en la caminería rural es evidente, y es directa consecuencia de la cantidad de agua caída en un período tan corto de tiempo, que provoca una fuerza de arrastre que no soporta la capa de tratamiento que se coloca sobre las calles, ni pueden los áridos de la caminería rural soportar tampoco”, expresó el director general de Obras.
“Es una situación complicada pero si bien el tema es de permanente discusión, no está decidido que se plantee una emergencia vial; eso no se ha decidido, es algo que debe ser tomado con mucha responsabilidad”, sostuvo David de Lima.
Si confirmó que “debido al impacto negativo sobre calles y caminos es claro que no podremos afrontar rápidamente una recuperación solamente contando con los equipos viales de la Intendencia, por lo que deberemos pasar a contratar a empresas privadas, lo que implicará un costo adicional, en la medida que el costo-empresa es superior al costo-Intendencia. Pero no habrá otra posibilidad, por lo que todos esperan es una solución rápida”.
La Intendencia cuenta con seis equipos viales y además cada municipio tiene maquinaria vial, pero en general no se integran en un equipo completo de maquinaria. “Desde la Dirección de Vialidad siempre apoyamos a los municipios con la maquinaria vial que les falta, pero en esta situación será diferente porque no hay suficiente maquinaria para atender rápidamente la reparación de calles y caminos”, aseveró. En caminería rural “el perjuicio ha provocado problemas graves en forestales y graneleros, que están paralizados. Obviamente rige el decreto que prohíbe el tránsito pesado hasta 48 horas después de terminada la lluvia. Sabemos que eso en esta circunstancia especial de lluvias tan intensas y continuadas perjudica a los productores, pero es la manera de preservar tanto como se pueda la caminería. Hay que recordar que hay que dar preferencia al tránsito de personas, por cuestiones tan importantes como la salud y la educación”.
Si los vecinos “detectan que hay violación al decreto, lo que hay que hacer es denunciar el hecho. Es la manera de protegernos todos”.

EL ANTECEDENTE DE 2014
El antecedente inmediato de declaración de emergencia vial es de 2014, pero no surgió de forma independiente en los departamentos, aunque en enero de ese año los daños por intensas lluvias afectaron prácticamente a todo el país, sino que la decisión fue tomada en el Congreso de Intendentes, desde donde se negoció con el gobierno nacional aportes extraordinarios. A mediados de febrero todas las intendencias debieron entregar su informe de daños al Congreso de Intendentes, que lo derivó al gobierno nacional. El primer aporte fue de 15 millones de dólares, distribuidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). En marzo de 2014, el entonces presidente José Mujica acordó con los intendentes una partida adicional de otros 15 millones de dólares y que fuera el Congreso de Intendentes el que decidiera su distribución.