Opinion | 18 Abr De expresiones de jerarcas del equipo económico de gobierno surge claramente que el Poder Ejecutivo apunta a que el ciudadano se involucre y que el control social sea una herramienta “muy poderosa” que, de la mano de la tecnología, ayude a combatir a la inflación. Así lo confirmó el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, cuando subrayó que la inflación es un “flagelo que afecta sobre todo a trabajadores y pasivos que tienen ingresos fijos”.
En este sentido, el Poder Ejecutivo anunció la ejecución de dos medidas en los últimos días que buscan atenuar la escalada de precios. Por un lado, en breve se lanzará una aplicación para celulares con la cual la población podrá monitorear los precios en los comercios de Montevideo, con la intención de conocer qué locales tienen los productos más baratos o más caros, además de que será posible comparar la variación de precios.
Ferreri dijo al portal de Presidencia que ahora comienza la generación de información diaria y una vez que se tenga “una base de datos más amplia, se harán los análisis correspondientes”. Esta aplicación estará disponible alrededor del 15 de mayo para que la población pueda hacer un “seguimiento” de los precios minoristas, indica el portal oficial.
Por otro lado, se dio a conocer un decreto mediante el cual se crea en la órbita del Área de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del MEF un registro de establecimientos de distribución minorista. En él deberán anotarse los comercios que estén obligados a brindar la información de precios exigidas en un decreto anterior, de 2006.
El Pit Cnt, considerado como brazo político del gobierno y viceversa, va en la misma dirección, y su intención es que sean los propios trabajadores los que controlen los precios, mediante la creación de brigadas sindicales que asegura se ocuparán de monitorear la situación en determinados comercios y alertar a la población mediante “intervenciones urbanas” en la propia entrada de los locales que estos sindicalistas identifiquen como instrumentos de aplicación de precios inflacionarios.
Ferreri igualmente guardó distancia de esta iniciativa y dijo que no le compete opinar “sino generar las herramientas de control ciudadano para que estén disponibles”, por lo que se alineó nuevamente con encarar las acciones desde el gobierno.
Los anuncios tienen que ver con índices inflacionarios que han superado las expectativas del Poder Ejecutivo, aunque no de los analistas de la economía, los que han coincidido en que hay parámetros fuera de control del gobierno e incluso directamente promovidos desde éste, que explican estos precios en alza que han acelerado la inflación. Ésta, tanto en febrero como en marzo, anualizada superó el 10%, una barrera que en sus expectativas previas el gobierno pretendía no rebasar. Es así que los precios aceleraron su ritmo de aumento a 10,6% interanual en marzo, tratándose del mayor incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) en 12 meses desde noviembre de 2003.
Pero en el marco de estas inquietudes y anuncios hay algunas salvedades a formular, y pasan por ejemplo por el hecho de que la intervención de “brigadas” sindicales suena más a “escraches” y relanzamiento de guerra de clases que a un efectivo control, y mucho más a la intimidación y la denuncia al barrer por fuera de los organismos que tiene el Estado para atender esta problemática. En vez de esta intervención, el Pit Cnt debería dedicarse a sus asuntos sindicales y ver cómo puede contribuir realmente, mediante la ponderación y el análisis desapasionado de la situación, a la desaceleración inflacionaria en sus competencias específicas, como las rondas salariales.
Y el gobierno, por otro lado, insiste en tirar la piedra y esconder la mano, porque sigue considerando –por lo menos así lo dice– que la responsabilidad de la suba de precios está en los privados, en los empresarios que participan en la cadena que llega hasta el consumidor, y que el gobierno es por lo tanto ajeno a esta problemática.
Pero nada más lejos de la realidad. Porque es parte del ABC de la economía que, debido al déficit fiscal –por gastar más que lo que recauda, sobre todo a partir del gobierno de José Mujica–, con subas de tarifas de servicios, de impuestos, el mantenimiento de los precios de los combustibles cuando el valor del petróleo está por el piso, se han impulsado sistemáticamente infinitos aumentos.
Y si el gobierno apunta a los privados, si se pide aporte y moderación a los empresarios –lo que está bien, porque hay de todo en la viña del señor–, debería empezar por aliviarles un poco la factura que les ha hecho trepar los costos que naturalmente trasladan a los precios, porque las empresas privadas no tienen la caja del Estado y los impuestos --como tienen las públicas-- para salvar el pellejo aún gastando en forma delirante, haciendo caer los costos sobre las espaldas de todos los ciudadanos.
Tenemos por ejemplo un IVA muy gravoso para el consumo, en sus correspondientes escalas, pero el gobierno ha hecho mutis por el foro en cuanto a la posibilidad de contribuir con una rebaja a una merma en costos y ralentizar la inflación, pese a que lo ha mencionado desde hace ya mucho tiempo, sin llevarlo a la práctica.
Por el contrario, sigue en sus trece, cuando debería empezar por abatir el gasto público y reducir la brecha fiscal, para tener margen de maniobra en aras de reducir los costos que aplica al sector privado. Sigue apuntando a las culpas en tiendas ajenas, en los actores que crean la riqueza, y que siguen agobiados por los impuestos y cargas sociales que eran más o menos disimulados en la bonanza insuflada desde el exterior, pero que hoy pesan diez veces más al haber cambiado el escenario mundial y regional.