Paysandú, Viernes 22 de Abril de 2016
Nacionales | 22 Abr Tras el tornado en Dolores y las intensas lluvias de las últimas semanas, con miles de evacuados en prácticamente todo el país, los intendentes comienzan a buscar apoyo del gobierno nacional para hacer frente a los costos adicionales que deben y deberán enfrentar en los meses venideros para la recuperación vial, tanto urbana como suburbana y rural.
Una primera medida es la convocatoria a una sesión del Congreso de Intendentes para el venidero martes, en Montevideo. En el plenario, los intendentes y sus asesores en obras departamentales y en vialidad departamental evaluarán los daños y las medidas que, en forma conjunta, se puedan instrumentar para superar esta situación.
Como ha ocurrido en otras oportunidades que temporales han destrozado calles y caminos en todo el país, los intendentes pondrán sobre la mesa los destrozos materiales sufridos en cada departamento, en lo que refiere aviviendas familiares, escuelas, liceos y hospitales; caminería rural, pavimentos de calles urbanas y suburbanas, obras de arte, destrozos en instalaciones industriales y comerciales, pérdidas en ganados y cultivos.
Es el paso previo para determinar, si se considera necesario, el estado de emergencia vial, que es el que posibilita pedir al gobierno nacional la provisión de partidas adicionales. No fue confirmado si del plenario participará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que lanzó en enero un llamado a licitación de proyectos público-privados para la rehabilitación de más de 260 kilómetros de rutas nacionales.
Pero el gobierno nacional, en la palabra del presidente Tabaré Vázquez, confirmó que los recursos para atender las zonas afectadas están en el Presupuesto y que lo primero es definir las prioridades. Mañana sábado, como fuera informado, habrá una sesión especial del Consejo de Ministros para analizar la situación del país tras los últimos fenómenos climáticos extremos.
El gobierno nacional entiende que los temas más urgentes, tanto en Dolores como en todo el país --afectado por las inundaciones-- son vivienda, salud, educación y seguridad ciudadana.
En tanto el sector del Partido Nacional, Alianza Nacional, mediante un comunicado, pidió que el gobierno use los recursos presupuestales previstos por la ley 15.903 reservados en el actual Presupuesto Nacional para el año 2016 por la ley 19.355. La disposición que permite asignar hasta el 1% del Presupuesto Nacional para enfrentar "acontecimiento graves o imprevistos", lo que equivaldría a más de 100 millones de dólares.
En el caso de Soriano el perjuicio provocado por el temporal que devastó Dolores y las fuertes lluvias equivaldrá a más de 100 millones de dólares, según estimación del intendente Agustín Bascou, si se suma la reconstrucción de la ciudad, la reparación de los daños sufridos por la caminería rural y la pérdida de producción agrícola.
En Colonia, el 80% de la caminería rural está seriamente dañado, dijo el intendente Carlos Moreira. Los dos intendentes advirtieron que el Fondo de Desarrollo del Interior (dotado de unos 50 millones de dólares) y el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) están muy lejos de cubrir las necesidades planteadas y tendrán que ser reforzados.
PRÉSTAMOS INTERNACIONALES
Por su parte, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que Uruguay puede usar préstamos internacionales, ya concedidos, para paliar la situación que se está viviendo en todo el país debido a las lluvias y los vientos. Además, reiteró que en el Presupuesto Nacional existe un fondo que puede ser usado para situaciones imprevistas como las que ocurrieron en los últimos días.
Esta posibilidad ya había sido mencionada por el presidente Tabaré Vázquez. También habló de la reasignación de los gastos previstos en ese mismo Presupuesto.
Concretamente, Astori declaró a la prensa que el gobierno puede utilizar “préstamos internacionales que el país ya tiene y que no ha usado todavía. No hablo de nuevos préstamos sino préstamos que ya han sido concedidos en caso de que el país lo necesitara”, advirtió Astori. La línea de préstamos contigentes que hoy tiene el gobierno es de unos dos mil millones de dólares.
Sobre el artículo del Presupuesto que alude a situaciones imprevistas, Astori señaló que “también puede ser una fuente de recursos para apoyar esta tarea”.
MITAD DE FUNCIONARIOS DE LA ENSEÑANZA FALTAN POR LICENCIA MÉDICA
El 49% de los funcionarios docentes y no docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no fue a trabajar por licencia médica durante el último semestre de 2015. En los primeros seis meses del año el ausentismo por esta misma razón había sido del 38%, por lo que las certificaciones aumentaron 11% en la segunda mitad del año.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Comisión de Salud Laboral bipartita de la que participan la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñaza del Uruguay (CSEU) y el Codicen, según informó el semanario Búsqueda.
En total, unos 71.000 funcionarios presentaron certificados médicos desde julio a diciembre de 2015. La mayoría de las causas de enfermedad que aparecen en las certificaciones fueron patologías osteoarticulares, psíquicas, respiratorias, gripe, juntas médicas, anginas, problemas de columna o de digestión. Además, las patologías psíquicas fueron las que provocaron más días de licencia.
“La cantidad de certificaciones que hubo el año pasado es un número importante. Por eso estamos trabajando, entre otras cosas, para ver cuál es la mejor forma de lograr en el futuro las certificaciones, sobre todo en el Interior”, declaró a Búsqueda la consejera del Codicen Laura Motta.
El relevamiento fue realizado a pedido del consejero en representación de los trabajadores, Robert Silva, que forma parte de la comisión. Uno de los objetivos que tiene este grupo de trabajo es, en concreto, reestructurar el sistema de certificaciones.
“Por un lado es claramente un problema desde lo funcional y desde lo económico, ya que además de dificultar el funcionamiento del organismo se paga el sueldo al titular que se ausenta y al suplente, y en algunos casos el sueldo a un segundo suplente pues el suplente también está enfermo”, manifestó Silva. Además, agregó que “se debe atender desde el lado del trabajador. Debe cambiarse el sistema de certificaciones para mejorar el funcionamiento y la economía de ANEP, pero especialmente para mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios”.
CUATRO DE CADA 10 RECLUSOS HACE ALGUNA ACTIVIDAD
El 60% (seis de cada 10) de los reclusos no tienen ningún tipo de actividad según declaró a El Espectador el Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Petit envió una carta al presidente Tabaré Vázquez, en la que señaló que “el sistema penitenciario es una pieza clave en la prevención de la violencia y la instauración de caminos de integración social”.
A Petit le “preocupa mucho” el “acotamiento de horas docentes de Secundaria y UTU” en los centros de reclusión y por eso la próxima semana se reunirá con las autoridades del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.
El Comisionado Parlamentario pidió al presidente que lo vinculado a las cárceles sea especialmente considerado en el marco del intercambio que el gobierno inició con la oposición para promover acciones contra la inseguridad.
MÁS DE 10.000 DESPLAZADOS
Según datos del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), en las últimas horas, el número de personas desplazadas se ubica en 10.355 en 18 departamentos del país. De ese total de personas desplazadas, 2.656 son evacuados y 7.699 son autoevacuados. Además, hasta el momento, se han registrado 36 cortes de rutas.
Este es el detalle de desplazados por departamentos: Artigas, 639; Canelones, 340; Cerro Largo, 34; Colonia, 1.650; Durazno, 2.179; Flores, 17; Florida, 196; Lavalleja, 10; Paysandú, 1.411; Río Negro, 23; Rivera, 51; Rocha, 39; Salto, 336; San José, 1.250; Soriano, 154;Tacuarembó, 210; Treinta y Tres, 1.808.
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