Locales | 17 Abr El diputado Nicolás Olivera formuló en cámara una exposición respecto a la situación de los denunciantes y víctimas de actos delictivos, solicitando a la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio del Interior el análisis, coordinación y adopción de un protocolo de atención a los denunciantes y víctimas de delitos.
El legislador sanducero apunta a tratar de evitar los perjuicios que se derivan de las demoras en los procedimientos y trámites que deben afrontar en las actuaciones relativas a los asuntos que se sustancian tanto ante sedes penales como aquellas que son competentes en materia de violencia doméstica.
Señaló que se impone adoptar medidas que permitan tomar contacto con el denunciante o víctima del delito de forma inmediata, y que tanto en sede policial como penal el tiempo de espera para declarar y/o ratificar su denuncia no supere los 30 minutos.
Asimismo, “evitar cualquier instancia de revictimización o victimización secundaria adoptando los mecanismos necesarios que aborten al mínimo la posibilidad de contacto entre víctima y denunciado en el mismo recinto, bregando por extremar el cuidado en este sentido”. Fundamentó el planteo además en el relieve y dimensión “que ha adquirido en nuestra sociedad las consecuencias derivadas de la delincuencia y la violencia de género, y reafirmar la idea de la importancia que supone que todos los habitantes realicen las denuncias en uno de los casos”.
Sin perjuicio de reconocer los esfuerzos que desde el Poder Judicial y el Ministerio del Interior se realizan, “somos sabedores que la ciudadanía plantea la necesidad de procurar reducir los tiempos de espera que se generan en ocasión de prestar declaración o ratificar la denuncia ante la sede judicial”, evaluó. Observó que el contexto de referencia “opera en algunos casos como un elemento disuasivo a la hora de decidir la realización de la denuncia o su ratificación posterior, optando en muchos casos por no efectivizar la misma para evitar las largas horas de espera que transcurre en la vía judicial o ante el propio Ministerio del Interior. La estadística indica que por cada delito denunciado, se cometen otros tres o cuatro sin que se radique la correspondiente denuncia”.
Expuso que “el ciudadano de a pie siente muchas veces que denunciar y comenzar al transitar el largo derrotero de las instancias policiales y judiciales resulta estéril, llegando en muchos casos a pensar que el privilegio en el trato dispensado por las autoridades se centra en el lado equivocado de la ecuación denunciante/denunciado”.