Opinion | 26 Abr Durante muchos años, incluso hasta muy avanzado el siglo pasado, los uruguayos nos enorgullecíamos de no ser afectados por uno de los males que ya en la década de 1960 comenzó a tener creciente dimensión en todo el mundo, sobre todo en los países desarrollados, referido al consumo de drogas duras, y que en el caso de países subdesarrollados, como Colombia y Bolivia, además de naciones asiáticas, tenía solo que ver con generación de la materia prima para los centros de compra.
Con el paso de los años, se instalaron los carteles de la droga, desde Colombia y México, fundamentalmente, proyectados a Estados Unidos, que fueron ganando en poder y penetración, pero todavía el Uruguay era considerado, por lo menos desde adentro, como país prácticamente libre de droga, tanto en cuanto a la acción de narcotraficantes como en el consumo.
Pero ya en la última década del siglo pasado y en el tercer milenio fundamentalmente, y con la globalización en una de sus facetas negativas, se tuvieron los primeros indicios fuertes de que ya nuestro país era cuando menos un lugar de “pasaje” de la droga, incluyendo aterrizajes de aviones en determinadas zonas para descarga y distribución hacia otros países y eventualmente hacia adentro, junto con las primeras operaciones de “inversiones” relacionadas con el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Bueno, desde un tiempo a esta parte lo que se sospechaba o apenas asomaba ha dado lugar a pruebas concretas de la acción de narcotraficantes y del lavado de dinero, sobre todo por enlaces para la creación de cuentas offshore como de inversiones inmobiliarias en el Este del país y establecimientos rurales en varias zonas, agregado a un creciente consumo y en lo que puede ser considerado como la punta del iceberg, la manifestación criminal de los mentados “ajustes de cuentas” entre narcotraficantes y aún vendedores de poca monta.
El narcotráfico tiene mucho o todo que ver con la corrupción, porque su capacidad es prácticamente ilimitada en cuanto a ejercer el poder económico, que compra sicarios y conciencias, corrompe y envilece, y para poder cortarle el camino, aún con muchas limitaciones, se requieren acciones muy especializadas de inteligencia y represión, a la vez de una coordinación imprescindible con otros países para seguir la ruta del narcotráfico en “mercadería” y lavado de dinero.
Precisamente hace pocas horas tuvo lugar una operación mayor en el Uruguay en el seguimiento y desmantelamiento de una red de narcotráfico que ha tenido como primera derivación la detención de once personas, pero sin dudas hay ramificaciones que todavía es preciso desentrañar para considerar que el operativo ha culminado con éxito.
En el marco de esta operación contra el lavado de activos, la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, y la fiscal María Camiño, remitieron la cárcel a G.G.V., uno de los supuestos líderes del cártel mexicano Los Cuinis, en tanto también fueron procesadas con prisión otras cuatro personas por un delito de asistencia al lavado de activos. Entre ellas se encuentran el suegro del primero, un uruguayo que actuó como intermediario en varios negocios, y un matrimonio que trabajaba como jardineros de la casa que el acusado adquirió por 2 millones de dólares en Punta del Este en 2012.
A su vez quedaron en libertad seis personas que habían sido detenidas el jueves: un exfutbolista que jugó en la selección uruguaya y efectuó negocios con autos de alta gama con G.G.V.; la escribana que participó en las adquisiciones de la casa en Punta del Este y de lotes de terrenos en Punta Ballena mediante sociedades anónimas creadas por el estudio panameño Mossack Fonseca; el propietario de una inmobiliaria de Punta del Este que ofreció los terrenos, y un italiano investigado por sus conexiones con el mexicano remitido.
Luego efectivos de la Brigada Antinarcóticos detuvieron en el Aeropuerto de Carrasco a la esposa de G.G.V., considerada como una pieza clave del cártel de Los Cuinis, según la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).
El máximo líder de ese cártel, Abigael González Valencia, hermano del mexicano procesado en Uruguay, fue capturado en febrero de este año por fuerzas estatales de México.
La Justicia dictaminó que las propiedades de G.G.V. fueran embargadas y confiscadas para el Estado. Luego de cumplir la condena en Uruguay, será extraditado a Estados Unidos donde enfrentará cargos por supuesto tráfico de un cargamento de 4.000 kilos de cocaína a ese país, señalaron fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes dijeron que se trata del operativo “más importante en la historia del Uruguay” por quienes están implicados, su importancia en el mundo de las drogas y las derivaciones que el operativo tendrá en el exterior. “Este detenido manejaba desde Uruguay todos sus negocios ilícitos en el exterior. Es la primera vez que eso ocurre. Lo hacía desde 2011, cuando llegó al país. Nosotros lo teníamos vigilado y hay cientos de horas de escuchas”, dijo a El País.
Según medios vinculados con la investigación, los detalles que surgen del hecho de poner al descubierto esta situación debería dar lugar a repensar las medidas y legislación que tiene Uruguay en la materia.
Y no se trata solo del narcotráfico en sí, sino posiblemente de las facilidades que hay en Uruguay para actividades conexas, donde evidentemente no hay mercado interno para la colocación en la magnitud requerida de la droga pesada, pero sí para armar un centro de distribución y de lavado de dinero. Sobre todo es de analizar si las grandes inversiones inmobiliarias en Punta del Este, con enormes edificios que se han construido en los últimos años y están vacíos, compra de estancias, etcétera, serían indicativo del origen espurio del dinero de esas inversiones, y más precisamente el lavado.
Por lo tanto es preciso estar a la altura de tamaño desafío, porque el dinero en ese volumen tiene alta capacidad de corromper, y con las defensas bajas, y mecanismos de control, detección y punición desactualizados, seremos fácil presa de las mafias que medran en estos escenarios de descomposición del tejido social, pero sobre todo de los organismos que los deberían controlar.