Opinion | 25 Abr Desde hace más de una década ha sonado fuerte por estas latitudes el término “default”, que refiere en el plano financiero a la cesación de pagos en que cae un país por la imposibilidad material de hacer frente a sus compromisos, por fuerte endeudamiento y la incapacidad de generar recursos para hacerles frente, por lo que queda expuesto a acciones consecuentes por sus acreedores internacionales.
En nuestro país, como consecuencia de la crisis de 2002, se estuvo a un paso de ingresar en este estado, debido a la crisis bancaria que nos golpeó desde Argentina y las pérdidas en la producción pecuaria por la fiebre aftosa. Se pudo salir gradualmente por ajustes fiscales que impactaron en la población pero sobre todo a partir de un crédito puente de unos 1.500 millones de dólares que fue una soga salvadora que nos tendió el gobierno estadounidense de George W. Bush en aquel entonces. Es decir, se logró un piso de recursos indispensable para más o menos construir la recomposición económico-financiera, lo que finalmente se logró, no sin pocas dificultades ni tampoco generar blindajes que nos pusieran a cubierto de avatares similares.
En este contexto debe evaluarse como un hecho muy positivo que Argentina dejara atrás hace pocos días una cesación de pagos de 14 años con la cancelación de más de 9.000 millones de dólares de deuda a fondos conocidos como "holdouts", tras un extenso conflicto judicial que impedía al país acceder a los mercados voluntarios de crédito.
Con la certificación de los pagos, el juez estadounidense Thomas Griesa levantó formalmente las medidas cautelares que impedían al país vecino cancelar a sus tenedores de bonos hasta que se resolviera una extensa disputa judicial con acreedores que no participaron en canjes de deuda en default.
El magistrado mencionó en una orden que se habían cumplido las condiciones impuestas a Argentina para desmantelar las restricciones vigentes. Entre los primeros acreedores en cobrar estuvieron los cuatro grandes fondos de cobertura --Elliott, Aurelius, Davidson Kempner y Bracebridge-- que se encontraban en el centro del acuerdo.
El ministro argentino de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, indicó que luego del acuerdo judicial que las partes alcanzaron en Estados Unidos, Argentina colocó el martes deuda por 16.500 millones de dólares para pagar a sus acreedores, en un exitoso retorno a los mercados de capitales. La calificadora de crédito Fitch asignó el jueves la nota "B" a los cuatro bonos de entre tres y 30 años que Argentina colocó la semana pasada.
Luego de que el gobierno de Cristina Fernández se negara a cumplir con la sentencia, bajo el eslogan “Patria o buitres”, el nuevo presidente Mauricio Macri, quien asumió en diciembre pasado, se abocó a una rápida negociación para pagar a los querellantes y también a otros acreedores con reclamos no incluidos en el juicio en Nueva York.
El conflicto por la deuda argentina detonó a finales de 2001, cuando el país, en medio de una severa crisis política, económica y social declaró el mayor cese de pagos de la historia moderna, por 102.000 millones de dólares. Argentina reestructuró la mayor parte de esos pasivos con canjes en 2005 y 2010, a los que adhirió el 93 por ciento de los acreedores.
Pero hubo fondos de inversión que no aceptaron los canjes y llevaron a Argentina a los estrados por un reclamo original de 1.330 millones de dólares que se acrecentó varias veces por la aplicación de intereses y el ingreso de otros acreedores al litigio.
Precisamente, el prolongado conflicto por la deuda hizo que Argentina no pudiera financiarse en los mercados internacionales, donde se hubiera visto obligada a convalidar altísimas tasas de interés por su situación de cese de pagos. Durante años, los gobiernos K pusieron en práctica una economía cerrada, donde se controlaba las importaciones y se pretendía mitigar la falta de financiamiento internacional mediante ingresos de exportaciones y poniendo en marcha el cepo cambiario. Pero el creciente deterioro de su economía determinó que se entrara en déficit en el comercio exterior que había sido la tabla de salvación temporal y con el agregado del impresionante déficit fiscal, se llegó a que la “bicicleta” de recursos y autoengaño no diera para más.
Por supuesto, lo que se ha hecho con el pago de lo adeudado a los holdouts es apenas un principio para transitar sobre terreno más o menos firme, pero el hecho fundamental es haber pasado de paria en los mercados financieros internacionales a un cliente al que se han prestado 16.000 millones de dólares de entrada, aunque sí con un interés alto, del 7,14 por ciento promedial, cuando otros países de la región, incluido Uruguay, pueden hacerlo a la mitad.
Parte de ese dinero se volcó a pagar al contado la deuda con los fondos buitre, porque les resultaba más conveniente: de los 7,14 por ciento de interés con que se logró ese dinero, en tasa de interés; la otra opción era ir efectuando pagos con un interés del 11 por ciento, por lo que la operación de pago contado fue un negocio redondo para Argentina, al ahorrarse muchos millones de dólares en un solo toque.
Pero tras el sinceramiento de la economía, que tuvo como contrapartida inevitable un fuerte aumento de la inflación por ajuste de tarifas y eliminación de subsidios, las expectativas se centran en que el país vuelva a ser confiable para los inversores, teniendo en cuenta sus inmensos recursos naturales, que requieren infraestructura y capitales que se esfumaron o se malgastaron entre la corrupción y las reglas de juego impredecibles y negativas durante más de una década.
Y en un camino que será largo, confiemos en que las cosas se harán bien o por lo menos no tan mal como se ha hecho hasta diciembre, por los argentinos, por nosotros y por la región, que necesita una Argentina pujante, para que a todos nos vaya mejor desde el plano de la dinámica del intercambio comercial y la integración del Cono Sur.